Los socialistas abordarán en el Senado una profunda reforma del profesorado de las enseñanzas Básica y Media

El Grupo Parlamentario Socialista del Senado presentó ayer formalmente una enmienda al proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública que supone un cambio radical en el sistema organizativo y de clasificación de los funcionarios docentes de las enseñanzas Básica y Media. Esta medida afecta a casi un cuarto de millón de empleados de la Administración, e implica la reducción de las 26 escalas corporativas existentes en la actualidad a sólo dos; la desaparición de algunos cuerpos -entre ellos los inspectores escolares- y la movilidad interna para el personal docente que desee ascender de categoría profesional. Las retribuciones se mantienen tal y como se hallan establecidas en la actualidad.

Casi un cuarto de millón de funcionarios -182.936 profesores de Enseñanza General Básica (EGB) y 55.829 de Enseñanzas Medias, Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Formación Profesional- se verán afectados por esta regulación presentada por los senadores socialistas. Los 26 cuerpos y escalas existentes en la actualidad quedan reducidos a dos únicos cuerpos: el de Profesores de Enseñanza Secundaria y el de Maestros.

"Maestros"

Para formar parte del Cuerpo de Profesores se requirirá en lo sucesivo la titulación de licenciado, arquitecto, ingeniero u otra declarada equivalente para la docencia. El Cuerpo de Maestros -denominación ésta que retorna a su origen republicano, tras haberse llamado Cuerpo de Magisterio Nacional (en 1939) y Cuerpo de Profesores de Educación General Básica (en 1970) exigirá la titulación de diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o equivalente.

Se crean asimismo dos escalas, una para cada cuerpo, cuya misión es englobar a todas aquellas categorías o especialidades profesionales en vías de extinción, según el proyecto del Gobierno. Los funcionarios que no estén en posesión de la nueva titulación exigida también formarán parte de las escalas, ya que no pueden integrarse en los cuerpos. Ambas escalas desaparecerán con el tiempo, a medida que sus miembros se acojan a la jubilación o superen los correspondientes concursos de méritos.

El Cuerpo de Directores Escolares será el primero en desaparecer en cuanto sea aprobada la Reforma de la Función Pública, y en el caso de que el Tribunal Constitucional se pronuncie a favor de la validez de la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE). Esta ley establece que los directores son elegidos por el consejo escolar y no por pertenencia a un cuerpo determinado.

Otro de los cuerpos a extinguir es el de los inspectores escolares. Serán sustituidos paulatinamente por funcionarios docentes, que alcanzarán la categoría de inspectores mediante un concurso de méritos. La enmienda socialista dispone que no se podrá ser inspector más de seis años y no supondrá obtener un grado mayor de cualificación profesional.

La supresión de este cuerpo tal y como está configurado en la actualidad responde al criterio de que quien inspeccione las escuelas debe tener experiencia en la enseñanza. Hasta ahora, los 1.006 inspectores en activo lo son por oposición.

La enmienda socialista establece también la creación de la carrera docente, antigua reivindicación de los sindicatos de enseñantes, y propicia una doble movilidad para los funcionarios: horizontal -que permitirá a un profesor de la Escuela de Idiomas impartir clases de su especialidad en un colegio público sin necesidad de trámites, por ejemplo- y vertical, ya que ampliando estudios o acumulando méritos profesionales se ascenderá de grado -y retribución- dentro de los respectivos cuerpos.

Esta serie de medidas sobre los profesores no universitarios, que el ministro de Educación, José María Maravall, ha calificado en reiteradas ocasiones como "un primer paso imprescindible para la reforma de la enseñanza", ha sido negociado con los sindicatos. El pasado jueves, el subsecretario de Educación, José Torreblanca, y los directores generales de Enseñanza Media y Enseñanza Básica, José Segovia y Jaime Naranjo, respectivamente, mantuvieron una larga entrevista con los representantes de las nueve organizaciones sindicales de la enseñanza. La Unión General de Trabajadores (FETE-UGT) apoya el proyecto del Gobierno, en tanto Comisiones Obreras lo califica de "positivo" y "paso adelante hacia el cuerpo único de enseñantes". Los catedráticos de instituto, a quienes se suprime el cuerpo como tal, aunque se les sigue manteniendo la denominación, se mostraron también de acuerdo. Los representantes de la Asociación de Maestros de Taller de Maestría Industrial, uno de los cuerpos a extinguir según el proyecto, han manifestado su firme oposición.