Una querella sonrojante

LA QUERELLA por desacato interpuesta por el ministerio público contra Encarnación Reaño -relacionada con Raffaelle Scarnato, implicado en el caso Bardellino- y el director y un redactor de EL PAÍS recoge, al parecer, como presuntos hechos delictivos unas declaraciones publicadas en este periódico el pasado 31 de mayo, en las que la encausada afirmaba que dos magistrados y un fiscal habían recibido dinero a cambio de la irregular puesta en libertad bajo fianza del presunto jefe de la Camorra napolitana. La celosa y acelerada reacción del ministerio público al interponer la querella resulta tanto más sorprendente cuanto que el Tribunal Supremo había admitido ya a trámite la querella del fiscal general del Estado contra los magistrados Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos -acusados, respectivamente, de prevaricación y cohecho y de prevaricación- por su presunta participación en la irregular excarcelación de Bardellino. Las declaraciones de Encarnación Reaño confirman que Rodríguez Hermida se lucró por sus gestiones en favor del procesado y añaden que también Varón Cobos y un fiscal recibieron dinero a cambio de la libertad bajo fianza del capo mafioso.La fulminante querella del ministerio público -tal vez favorecida por la mención de la compañera de Raffaelle Scarnato a la participación en este feo asunto de un miembro de la carrera fiscal, supuestamente beneficiado por un pago de 200.000 pesetas a cambio de una firma- fue decidida con tan inusitada rapidez que su anuncio precedió en pocas horas a la declaración formulada en calidad de testigo por Encarnación Reaño ante el juez delegado por el Supremo para instruir el sumario. Resulta así que la fiscalía se ha interferido de hecho en las diligencias procesales mediante la intimidatoria presentación de una querella criminal contra unas declaraciones a la Prensa transformadas de inmediato en declaración testimonial ante los jueces. De esta manera, Encarnación Reaño, en vez de ser alentada por el ministerio público a contar su versión de los hechos, ha sido acusada de desacato por el fiscal precisamente por exponer -con acierto o con error- los datos y las informaciones que su privilegiada posición en la historia le había permitido recabar. En el hipotético supuesto de que Encarnación Reaño hubiera faltado dolosamente a la verdad, por motivos tan difíciles de adivinar como peligrosos para su propia seguridad, el delito cometido sería, pensamos, un falso testimonio ante los jueces, y no un desacato.Todavía más sorprendente es que la querella del ministerio público se haya dirigido contra un redactor y contra el director de EL PAÍS. La autoría de las declaraciones publicadas en este periódico el pasado 31 de mayo corresponde, evidentemente, a la persona que las realizó y que posteriormente se ratificó sobre su contenido ante el juez de instrucción pertinente. ¿Qué razón procesal puede justificar la inclusión de los periodistas en esa extraña querella? La imprecisa figura penal del desacato -por la que el director de EL PAÍS fue condenado hace cuatro años en el Tribunal Supremo a tres meses de prisión con motivo de un comentario editorial sobre la situación de la Administración de justicia en España- castiga a quienes "calumniaren, injuriaren, insultaren o amenazaren de hecho o de palabra, en su presencia o en escrito que les dirijan", a ministros o autoridades en el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo ajustar dentro de ese laxo tipo delictivo el hecho de que un periodista recoja y publique las declaraciones de un testigo de excepción en un proceso abierto por prevaricación y cohecho contra miembros de la carrera judicial?

El incidente producido por esta extraña querella no puede por menos de replantear las difíciles y desparejas relaciones entre el Poder Judicial y el ejercicio de la libertad de expresión y de información que posibilita la existencia de un Prensa independiente, veraz y responsable. En los eventuales conflictos entre Poder Judicial y medios de comunicación, resulta improbable que la fortuna se incline a favor de los periodistas, irremediablemente enfrentados -mientras no se promulgue la ley del jurado- con quienes, por definición, son por ahora juez y parte en el litigio. El propio magistrado Varón Cobos, acusado ahora de prevaricación y suspendido en el ejercicio de sus funciones, dio lugar, en el pasado, a juicios contra periodistas acusados de mancillar su buen nombre y su honorabilidad.

Lo más curioso es que la operación de la irregular puesta en libertad bajo fianza del camorrista Bardellino no fue sacada a la luz ni por la inspección de los tribunales ni por el ministerio fiscal (a quien corresponde, entre otras cosas, "velar por la independencia de los tribunales y velar ante éstos la satisfacción del interés social"). Fue la Prensa la que aventó el escándalo y la que puso en la pista de los hechos al fiscal y al Consejo General del Poder Judicial. Y es bien posible que si la Prensa no hubiera denunciado el caso, éste hubiera ido a parar a la nómina de astillas de lujo. Pues, tan celoso de la legalidad como se muestra el fiscal, no estaría de más se preocupara por la permanencia de esta institución de la propia astilla en nuestra Administración de justicia. El buen nombre y la respetabilidad de ésta, dañados por su escandalosamente mal funcionamiento y por sucesos como el caso Bardellino, deben mucho precisamente a plumas como las del redactor de tribunales de este periódico, José Yoldi, ahora bajo la sospecha legal de desacato. Por eso la querella es para enrojecer de vergüenza.