Juez en San Sebastián, un oficio efímero
La Administración de justicia de la capital donostiarra vive una creciente degradación
José Luis Barragán, Eduardo Calvo, ambos de 28 años, y José María Gómez Díaz de Castroverde, de 26 años, no sólo han sido los magistrados jueces que más tiempo han permanecido en los tres juzgados de instrucción de San Sebastián en los últimos años (nueve meses hasta ahora), sino que, según fuentes del palacio de Justicia, rompieron con el hábito de muchos de sus antecesores de fijar su residencia sólo de forma temporal en la capital donostiarra: una semana de cada tres (la que estaba de guardia su juzgado). Dirigían el juzgado las otras dos por teléfono y solo excepcionalmente acudían si tenían asuntos urgentes, situación que los abogados solían aceptar mayoritariamente como un hecho consumado.Funcionarios de juzgados, colegios de abogados, juntas de gobierno de facultades de Derecho y una gran parte de medios de comunicación de Euskadi, han coincidido en señalar que no sólo han logrado poner al día una parte importante de asuntos y diligencias judiciales pendientes desde hace incluso ocho años, sino que han sido los primeros en afrontar lo que para el juez decano y magistrado de primera instancia de San Sebastián, Joaquín Navarro, es más que una evidencia en la vida de Euskadi, la tortura: "Se sigue torturando en el País Vasco", afirma. Opinión que han demostrado compartir los tres jóvenes magistrados, que han tramitado varias denuncias por tortura y condenado a algunos de los denunciados, como en el caso de Eduardo Calvo, que dicto sentencia recientemente contra un inspector de policía por malos tratos.
El expediente abierto hace meses por el Consejo General del Poder Judicial -sobreseido hace unos días- por criticar la ley de habeas corpus a los citados Navarro, Barragán y Gómez Díaz de Castroverde, junto a su compañero Luis Blánquez y la recusación y porterior querella por prevaricación -desestimada por la audiencia- de un guardia civil acusado de malos tratos, han originado un amplio movimiento solidario de grupos políticos y de colectivos de intelectuales, profesionales y artistas sin precedentes, si se considera la desconfianza de la población vasca hacia el aparato judicial.
"En la comunidad más distanciada de la administración de Justicia que existe en España", en opinión de Joaquín Navarro y José Luis Barragán. El primero comparte la creencia que le expuso un diputado socialista por Guipuzcoa de que los últimos acontecimientos han supuesto un avance de muchos años de la Justicia en Euskadi.
"Yo creo que ha pesado más que ser miembros de Justicia para la Democracia, el hecho de ser jóvenes y estar ilusionados para sacar adelante el trabajo atrasado y garantizar una continuidad en los juzgados", estima Barragán, quien, no obstante, confiesa sentirse arropado por el hecho de que 10 de los 26 jueces de Guipuzcoa (algunos de los juzgados de distrito están sin cubrir) pertenecen al mismo colectivo judicial. Guipuzcoa es en la actualidad la provincia con mayor representación relativa de profesionales de la Justicia autocalificados demócratas de toda España.
Sin embargo, con ser sus estancias las más largas y sus trabajos los más fecundos, Barragán, Calvo y Gómez Díaz de Castroverde, pasarán a engrosar la estadística de jueces que han aprovechado la primera oportunidad para solicitar un nuevo destino fuera del País Vasco, que son más del 90%. José Luis Barragán y José María Gómez Díaz de Castroverde han concursado para ser trasladados a Madrid y Eduardo Calvo a Granada. Los tres dejarán San Sebastián antes de septiembre. Por lo que respecta a Joaquín Navarro, quien excepcionalmente lleva en la capital guipuzcoana desde febrero de 1981 y ha visto pasar a treinta jueces -"porque lo cierto es que vine con la intención de quedarme un par de meses"-, será el primero en irse: es prácticamente seguro que en unas semanas se incorporará al juzgado número 3 de los de instrucción de Madrid.
Juicios con ocho años de retraso
Con los todavía titulares, habrán sido 25 los jueces de instrucción que han pasado por los juzgados donostiarras desde el comienzo de 198 1, lo que da un promedio de algo más de cinco meses por magistrado. "Muchos de ellos ni siquiera tuvieron oportunidad de conocer la situación real del juzgado que dirigían y, desde luego, no tramitaron los temas más conflictivos que iban heredando y que permanecieron en los cajones y los archivos. Aunque hubo otros que vinieron con una visión sesgada de la realidad social de Euskadi y cuando empezaron a interesarse por ella y a comprenderla y apreciarla ya habían solicitado un nuevo destino", estiman los magistrados consultados al respecto.
"Es uno de los símbolos de la degradación de la administración de la justicia en San Sebastián", opina Navarro, "ya que se están haciendo diligencias penales, careos e interrogatorios iniciados en 1980 o 1981, algunos de los cuales han pasado ya hasta por diez jueces". José Luis Barragán es más tajante: "Estamos celebrando juicios hasta de 1976 y uno se encuentra con sumarios considerados conflictivos en los que ha habido compañeros que no han añadido una sola hoja al mismo".
La falta de peticiones de destino a los juzgados vascos, ha convertido a estos organismos en lugares de paso obligatorios para los que ascienden de jueces a magistrados o para aquellos que no se promocionan por no alcanzar los baremos suficientes. No así los juzgados de distrito, donde por haber más plazas que estudiantes de la Escuela Judicial los nuevos jueces tienen oportunidad de elegir. De esta forma, el juzgado de distrito de Hernani lleva sin cubrirse más de dos años y está atendido por un suplente no profesional. En parecida situación está el ministerio fiscal. En los últimos dos años han pasado por San Sebastián tres fiscales jefes, los dos últimos en comisión de servicio y hay varios fiscales en esta misma situación.
El hecho de que prácticamente nadie solicite destino en Euskadi -son muy pocas las excepciones, como las titulares de los juzgados de distrito de Irún y Rentería- ha movido al Gobierno Vasco a conceder veinte becas de 300.000 pesetas, por dos años, prorrogables por un tercero, para estudiar en la Escuela Judicial con el compromiso moral de solicitar un juzgado vasco.
La degradación de la administración de justicia tiene, además, otro aspecto. Los jueces ordinarios de San Sebastián no tienen competencia sobre el terrorismo, cuyas diligencias se llevan directamente en los juzgados centrales de instrucción de Madrid, en la Audiencia Naacional. De esta forma, estiman magistrados de San Sebastián, al tener mutiladas las competencias en algo tan instalado en la vida de Euskadi como la
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actividad terrorista, "se tiene la sensación de ser menos juez. Sobre todo, porque se produce la incongruencia de que, en cambio, sí se tienen competencias para investigar, y castigar en su caso, los malos tratos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad. Con lo que si se actúa rectamente algunos sectores de éstas pueden acusarnos de una cierta parcialidad y si no se actua de acuerdo con la función de salvaguarda de los derechos humanos, el pueblo vasco puede acusar a los jueces de inhibición, lo que traducido a lenguaje penal no es otra cosa que prevaricación"."En este contexto", opina Navarro, "si la relación jueces-aparatos policiales es mala en todo el país, en Euskadi el magistrado se convierte en ocasiones en una especie de intruso al que se trata con respeto en el mejor de los casos, porque puede dar la impresión de que, aparentemente, el juez interviene siempre en estos casos contra los aparatos policiales".
Contribuir a la pacificación
La devolución a los jueces ordinarios de las competencias en materia de terrorismo devolvería una gran parte de la confianza de¡ pueblo vasco en la administración de la justicia, potenciaría la legitimación ética del Estado ante sus ciudadanos y contribuiría a la pacificación del Pais Vasco, siempre en opinión de los citados magistrados. Esta opinión la comparten la mayoría de los jueces actualmente destinados en San Sebastián. Los agrupados en Justicia para la Democracia piden incluso la desaparición de la Audiencia Nacional en su actual estuctura, que califican como artificial, pero el problema se plantearía entonces en la seguridad de los jueces. Joaquín Navarro estima que siempre habría profesionales demócratas dispuestos a establecerse en el País Vasco, si esas circunstancias se diesen, para contribuir a esa pacificación. José Luis Barragán añade que tendrían que estar muy bien pagados. (Un magistrado recién ascendido gana 200.000 pesetas netas mensuales). "Aún así, tendrían que estar fuertemente protegidos y vivir en un bunker. La situación se haría parecida a la que soportan los magistrados en Sicilia con la mafia", señala.
En cuanto al desarraigo, Navarro piensa que es uno de los principales problemas de los nuevos jueces. "Aquí se llega a ser bien recibido, cuando se llega, a pesar de ser juez, cuando en el resto del país es al revés. En otras partes, los magistrados se integran en las capas sociales más elitistas. En Euskadi se le califica a uno antes como persona que como juez". José Luis Barragán entiende, en cambio, que el desarraigo no es superior al de otros pueblos donde no se conoce a nadie. "Se ha mitificado mucho la función de los jueces en el Pais Vasco y su trabajo es igual que en otra partes". Los dos coinciden en que desde el punto de vista de la seguridad personal no se presentan problemas ni se toman más precauciones que las normales. únicamente hubo un atentado, fallido, contra un magistrado de trabajo.
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