El Ministerio de Industria inicia el último turno de consultas sobre la desmonopolización de Campsa

El Ministerio de Industria y Energía ha comenzado esta semana lo que será la recta final en el proceso de desmonopolización de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (Campsa). Martín Gallego, secretario general de la Energía, recibió el pasado martes en su despacho a los representantes institucionales del sector petrolero, reunidos en torno a Aserpetrol (Asociación de Empresas Refinadoras de Petróleo), de los que recibió los últimos estudios sectoriales sobre la creación de la nueva empresa distribuidora.

El mencionado encuentro había sido solicitado por Aserpetrol como órgano representante del sector, para recabar información sobre los planes gubernamentales, una vez que quedara abierto un impasse de varios meses, tras la firma el pasado verano de protocolo de creación de la nueva Campsa entre los presidentes de las empresas refinadoras, tanto públicas como privadas, y el ministro de Industria y Energía, Carlos SolchagaDurante el encuentro, al que asistieron los altos cargos representativos y técnicos de Aserpetrol, se hizo entrega a Martín Gallego de los estudios que 12 asociación ha hecho sobre el futuro proyecto de ley que se deberá enviar al Parlamento para modificar la legislación que regula el monopolio del petróleo. La necesidad de una ley para proceder a la reordenación efectiva del sector va en función de que el monopolio fue creado por ley y necesita una disposición del mismo rango para modificarlo.

En algunos medios del sector de petróleo existe un cierto nerviosismo por el retraso con el que el Ministerio de Industria está considerando el tema de la desmonopolización de la distribución de productos petrolíferos en España. Para algunos medios, la fecha de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea se está echando encima y existe el peligro de que, si se aplaza la modificación legal del monopolio, muchos extremos de la nueva Campsa podrían ser objetos de un recurso ante los tribunales de competencia comunitarios.

La cláusula stand-still comunitaria, que obliga a un país candidato a no modificar su normativa legal en el período inmediatamente anterior a la adhesión, hace temer a algunos expertos que el tiempo se eche encima antes de cerrar la operación. No obstante, parecen existir diferentes interpretaciones sobre la duración de este período, que unos fijan en seis meses antes de la fecha de la adhesión y otros en tan sólo tres meses.

Antes del 30 de junio

En cualquier caso, en medios oficiales se ha señalado que la parte más urgente de la operación Campsa (desarme arancelario y eliminación de las desgravaciones fiscales a las importaciones de productos) está bajo intenso trabajo y estará preparada para antes del 30 de junio. Otra cuestión son los aspectos financieros de la creación de la nueva sociedad distribuidora, asunto que está pendiente de la valoración que realiza el Ministerio de Hacienda de los activos propios del Patrimonio que utiliza Campsa.

La valoración de estos activos, según fuentes solventes, está casi terminada y será sometida a autorización del Gobierno en alguno de los próximos Consejos de Ministros. La valoración final ha sido rebajada a una cifra situada entre 90.000 y 100.000 millones de pesetas, sobre la realizada por una comisión de expertos nombrada expresamente para dicha labor y que fue de 125.000 millones de pesetas.

Aparte de la valoración, queda aún por determinar la fórmula y mecanismo de pago de estos activos por parte de los socios de la nueva Campsa. Según el protocolo, el capital social de la nueva distribuidora se repartirá entre el instituto Nacional de hidrocarburos (INH), sus dos refinerías (EMP y Petroliber), la mixta Petronor y las privadas Cepsa, Petromed y ERT. El elevado coste de la red y una fórmula poco soportable por las empresas supondría una nueva Campsa financieramente muy fuerte y unas refinerías con débil estructura económica. Para fuentes del sector, esta opción es menos aconsejable que la búsqueda de un equilibrio entre la situación de Campsa y la de sus socios.

Todos estos aspectos, previsiblemente, serán negociados a un nivel superior, en conversaciones privadas entre el titular de Industria y Energía y los presidentes de las empresas involucradas y del INFI. Para estas negociaciones, sin embargo, no se ha establecido todavía una fecha fija, aunque se estima que será en el mes de julio o últimos de junio.