Europa elige en junio a sus parlamentarios

La decisión histórica de introducir el sistema de sufragio universal y directo para la elección de diputados al Parlamento Europeo, adoptada por el Consejo el 15 de julio de 1976 y llevada a la práctica con ocasión de los primeros comicios de 1979, ha supuesto pocos cambios para la Cámara de Estrasburgo.

Pese a ser un símbolo básico de la integración europea desde la declaración de Robert Schuman en 1950, que abrió el camino hacia la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA), el Parlamento de Estrasburgo no ha con seguido mayores poderes ni apenas mayor proyección pública en estos cinco primeros años de mandato representativo.

Por ello, y a la vista de que la Comunidad no dispone hoy de lo medios financieros que permitieron en 1979 llevar a cabo una gran campaña de lanzamiento, se teme a la abstención, que ya hace cinco años alcanzó cotas escandalosas en los países más reacios a la CEE, como Dinamarca (52%) o el Reino Unido (67%).

Incluso en los medios más europeístas se acepta, por otra parte, como un hecho adquirido que cualquiera que sea la suerte de la actual mayoría de centro izquierda en la nueva Cámara de Estrasburgo los resultados de las elecciones de junio serán, sobre todo, relevantes en el plano interno de cada Estado, y añaden que a ese nivel deberán ser interpretados Se trata, pues, de saber si los socialistas franceses retrocederán hasta el punto de que pueda predecirse definitivamente su fracaso en las elecciones generales de 1976, si los liberales británicos seguirán ganando apoyos frente al laborismo (y la abstención les favorece en ello) o si los partidos de la coalición que gobierna en Italia pierden electores.

Este enfoque es coherente con el clima de crisis que la CEE ha vivido en los últimos años, pero resulta contradictorio con las tendencias hacia la integración que se han reactivado como única alternativa a ese proceso y cuyo máximo exponente fue el discurso pronunciado en Estrasburgo por François Mitterrand, presidente de turno del Consejo comunitario, el pasado 24 de mayo.

Mitterrand asumió desde su alta representación diversas ideas que han circulado durante largo tiempo en medios de la Comisión Europea, donde nadie duda que en el momento que se proceda a la ampliación la regla de la unanimidad en las decisiones del Consejo, vigente desde el año 1966, tendría que ser abandonada o restringida, porque una CEE de 12 miembros no podría funcionar sobre la base de un principio que ya está haciendo inviable la Comunidad de los diez.

La ampliación, prevista ahora mismo para 1986, supondría, pues, un profundo replanteamiento institucional ineludible en el que el Parlamento Europeo tendría que ser dotado de poderes más próximos a los de los Parlamentos nacionales, y ello debería ser un hecho para las próximas elecciones de 1989, en las que tendrían que participar España y Portugal si todo sucede según lo previsto.

Dependencias

Entretanto, la Cámara de Estrasburgo seguirá ejerciendo dos únicos poderes efectivos: el de rechazar los presupuestos -y de él ha hecho uso frecuente para presionar sobre el Consejo- y el de censurar a la comisión, tema del que siempre se habla, pero que jamás se ha decidido. El propio Parlamento no tiene ninguna posibilidad de ampliar estas facultades, porque tanto en la ley francesa de ratificación del sufragio directo como en la ley electoral británica, ambas de 1977, se prevé que los nuevos poderes del Parlamento tendrán que ser aprobados por los Estados miembros.

En los últimos cinco años, la Cámara de Estrasburgo ha chocado también con los Gobiernos cuando ha intentado que se sancione el principio -enunciado por el propio Tratado de Roma- de que un parlamentario de un Estado no puede ser además parlamentario europeo, o cuando ha tratado de que el sistema electoral sea único para todos los Estados miembros.

En estas condiciones, el Parlamento Europeo no puede sino seguir siendo un híbrido entre una verdadera Cámara transnacional y la asamblea de representantes de Parlamentos nacionales que fue hasta 1979. Esto se refleja también en las dificultades que encuentran los partidos para constituir agrupaciones de nivel europeo: los democristianos, agrupados en el Partido Popular Europeo, con 117 diputados en el último Parlamento, son el grupo más coherente. El grupo socialista, con 125 diputados, ha sufrido las consecuencias del enfrentamiento entre el europeísmo francés y el anticomunitarismo de los laboristas británicos; el mismo problema tienen los comunistas, con 48 diputados, porque el sector francés se opone frontalmente al integracionismo italiano. Tanto los conservadores británicos como los gaullistas franceses actúan en Estrasburgo en calidad de formaciones prácticamente nacionales.