Fraudes superiores a cuatro millones y anomalías contables, bases del nuevo delito fiscal
Las defraudaciones superiores a cuatro millones de pesetas y las irregularidades en la contabilidad serán los elementos definidores del delito fiscal contenidos en el anteproyecto de ley de Infracciones y Sanciones Tributarias que está elaborando el Ministerio de Hacienda. Las líneas esenciales del texto provisional fueron explicadas ayer por Miguel Cruz, jefe del Gabinete de Estudios de la Dirección General de Tributos, en el seminario organizado por el Ministerio de Economía en Rascafría, cuyas sesiones de ayer fueron presididas por Juan Francisco Martín Seco, secretario general de Hacienda.
Miguel Cruz señaló la necesidad de reformar la legislación actual que se había mostrado ineficaz para combatir el fraude fiscal tanto en la vía administrativa, contenida en la ley general Tributaria y otras disposiciones dispersas, como en materia criminal por la difícil aplicación de la normativa del Código Penal. Para ilustrar estas deficiencias, señaló que de los 385 expedientes enviados por los inspectores de Hacienda a los fiscales, 174 habían sido devueltos, y sólo 211 motivaron la apertura del correspondiente sumario. De estos últimos sólo 32 han culminado el procedimiento con sentencias, de las cuales 31 resultaron absolutarias y únicamente una condenatoria de la Audiencia de La Coruña que aún no es firme porque se ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
Ampliación del delito físcal
En el anteproyecto de ley que ahora está elaborando el Gobierno y que será enviado casi con toda seguridad al próximo Consejo de Ministros se amplía el concepto de delito fiscal definido en el artículo 319 del vigente Código Penal. La novedad más significativa es la de considerar las irregularidades en los balances o simplemente el hecho de no llevar contabilidad como elementos tipificadores del delito fiscal, "siempre que se efectúen con ánimo defraudador y demás condiciones generales exigidas por el ordenamiento penal para la configuración de los delitos", según precisó Martín Seco. En la legislación vigente se consideraba la posibildad de incurrir en delito fiscal en las defraudaciones superiores a dos millones de pesetas, pero se exigía, que de forma expresa, se efectuase la ocultación de la cuota debida. Según los inspiradores del anteproyecto, que ya tuvo dos precendes fallidos en 1976 y en 1981, el aumento del límite de dos a cuatro millones se ha efectuado con el único de objetivo de situar al nivel correspondiente una cantidad que había quedado devaluada por efecto de la inflación.También se incluyen cambios decisivos en materia procedimental con el objetivo de agilizar los expedientes. La novedad más significativa en este campo es la de que no será necesario agotar previamente la vía administrativa para poder interponer el procedimiento penal. Es decir, el procedimiento penal no se va a detener, como ocurre actualmente, por el hecho de que no se hayan ultimado todos las instancias adminstrativas. Para estudiar y agilizar las actuaciones de la inspección fiscal, Hacienda prevé la creación de una unidad especializada en el delito fiscal.
Abundando en el Contenido del anteproyecto, el secretario general de Hacienda indicó que se estaba estudiando la posibilidad de autorizar la publicación de listas de los grandes defraudadores. Martín Seco, que se mostró muy cauteloso al abordar este tema, señaló que aún no se había adoptado ninguna decisión definitiva porque se estaban contemplando todos los aspectos que incidían en ello.
En sus intervenciones, el secretario general de Hacienda insistió en la necesidad de crear una "nueva conciencia de solidaridad fiscal", ya que estaba persuadido de que ninguna reforma tributaría tiene efecto sino hay un cambio en la conciencia social. Señaló que había que explicar a la opinión pública que los que no cumplían sus obligaciones fiscales no defraudaban a Hacienda sino a los contribuyentes que pagaban. Y añadió que era necesaria la colaboración de los ciudadanos para descubrir a los defraudadores, a los que calificó de "delincuentes sociales".
Colaboración ciudadana
Para instrumentar esta colaboración anunció la reforma, por decreto, de la legislación ya existente en este materia que articula un sistema de denuncias y concede el 30% del valor de las multas que se impongan a las personas que denuncien a los defraudadores. Se trata de agilizar estas disposiciones hasta ahora inoperantes, para dar efectividad a las denuncias que presenten los ciudadanos.El anteproyecto reforma también el sistema sancionador en la vía administrativa, contenido esencialmente en la ley general Tributaria y que ha quedado desfasada por referirse a los tributos que nacieron al amparo de la reforma tributaría gestada en los años 1963 y 1964. En este campo, la nueva ley quiere poner fin a la situación privilegiada que gozan los defraudadores que optan por no pagar a Hacienda, ya que en supuesto de que sean descubiertos sólo tienen la obligación de pagar la deuda tributaria pendiente incrementada -aunque no obligatoriamente por los intereses de demora que se fijan en el 8%. El endeudamineto con Hacienda, ha sido empleado sistemáticamente por muchos contribuyentes que prefieren tener un crédito con el fisco al 8% que con las entidades financieras que actualmente es más del doble. El anteproyecto de ley frustará estas prácticas ya que los intereses de demora serán fijados cada año el la, ley de Presupuestos del Estado, al mismo nivel que los vigentes en el mercado de capitales.
El proyecto hará desaparecer la condonación automática que es la que permite al contribuyente reducir la sanción a la mitad cuando se ofrece voluntariamente a liquidarla deuda pendiente.
En relación con el anteproyecto de ley, el ministro de Economía, Miguel Boyer, manifestó ayer que los bancos y cajas de ahorro deberán facilitar periódicamente a Hacienda una relación nominal de las retenciones que hagan de las rentas de capital, una vez que sea aprobado el proyecto de ley de Infracciones y Sanciones Tributarias, según la agencia Europa Press.
