La mayor parte de presidentes de colegios profesionales se opone a la libre colegiación
La mayor parte de los presidentes de los consejos de colegios profesionales está a favor de la colegiación obligatoria, y en contra, por tanto, de uno de los artículos del anteproyecto de ley de colegios profesionales elaborado por el Ministerio de la Presidencia, que contempla la libre colegiación para los profesionales al servicio de la Administración. Esta postura, registrada la semana pasada en una reunión de los directivos de 26 consejos generales de otras tantas profesiones prácticamente los mismos que forman la Unión Profesional (asociación de presidentes de colegios profesionales)-, será trasladada próximamente al ministro Javier Moscoso, por Antonio Pedrol Rius, presidente del Consejo General de la Abogacía.
La reunión, que fue convocada por Antonio Pedrol, se celebró en la sede del Colegio de Médicos de Madrid el día 18 de este mes y duró algo más de dos horas. Contaba con un único punto en el orden del día: la valoración del anteproyecto de ley reguladora del régimen jurídico de los colegios profesionales, cuyo borrador había entregado previamente a los responsables de los colegios el ministro de la Presidencia.Los presidentes de los consejos coincidieron básicamente, y por unanimidad, en dos puntos: la oposición al apartado 2 del artículo 7 del anteproyecto de ley, que dice que no será requisito necesario la incorporación al colegio para aquellos profesionales que ejerzan su actividad al servicio de una Administración pública o entidad dependiente de la misma, y la necesidad de mantener integrados en los colegios a los profesionales colegiados que no tienen los modernos títulos de licenciados que exigirá la ley como condición necesaria para la colegiación.
La polémica de la deontología
Otro de los puntos obsesivos para los profesionales, recogido en el anteproyecto de ley, es el de la deontología. Los presidentes de los consejos de colegios estiman que las funciones deontológicas corresponden a los colegios, y han mostrado por ello su preocupación ante otro de los supuestos recogidos en el mismo párrafo del artículo 7, que dice que, en los casos de profesionales dependientes de la Administración, "corresponde a la Administración pública la exigencia, de las normas deontológicas y el ejercicio de las funciones disciplinarias que reconoce esta ley a los colegios profesionales".Según los presidentes de los consejos, la aplicación de este artículo daría pie a un doble código deontológico: uno que emanaría de los propios colegios y otro que provendría de la Administración.
En el resto de los temas del anteproyecto parece que se muestran de acuerdo los responsables de los consejos, aunque han pedido que se complete el tema de los fines y las funciones de los colegios, que quedarían recogidos en los artículos 2 y 5. Tampoco ven con muy buenos ojos la aplicación que se puede hacer del apartado e) del artículo 5, que dice que los colegios "colaborarán con la Hacienda pública en orden al correcto cumplimiento de las obligaciones tributarías de los colegiados".
Fuentes profesionales aseguran que se ha recorrido, un gran camino en las conversaciones con la Administración, y que este tema está prácticamente maduro "porque existe voluntad de entendimiento por ambas partes". Sin embargo, el ministro de la Presidencia todavía no ha terminado las consultas con los colectivos de profesionales en torno al anteproyecto regulador de los colegios (texto que, como ha anunciado recientemente el propio ministro, no irá al Parlamento hasta el próximo periodo de sesiones).
Javier Moscoso insistió en una conferencia sobre este tema, pronunciada en el Colegio de Abogados de Zaragoza, en que no se exigiría la colegiación cuando la profesión se ejerza al servicio de la Administración pública o entidad dependiente de la misma.
