Inocente o culpable

Viene de la primera página

El asunto es escabroso, porque afecta tanto al entendimiento cabal de que todo español debe someterse por igual a las leyes como a la apreciación política de que Jordi Pujol es un líder popular y un gobernante en ejercicio, amén de que juega por en medio cuestión tan delicada -y tan mal gobernada por el Ejecutivo socialista- como es el Estado de las autonomías. Pujol es presidente de la más tradicional comunidad autónoma, revalidado en su cargo hace un mes escaso por 1.350 000 ciudadanos y el 46,6% de los electores. La circunstancia de que la Constitución y el Estatuto de Cataluña no protejan a los diputados del Parlamento catalán con la prerrogativa de la inmunidad -que exigiría la previa concesión de suplicatorio por la Cámara para que Jordi Pujol fuera inculpado y procesado- podría dar lugar a la absurda situación de que el presidente de la Generalitat fuera encausado por la Audiencia Territorial, en funciones de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mientras el Parlamento catalán le ratificara su confianza política. Por si fuera poco, los nexos existentes entre el partido de Pujol y el proyecto reformista que Miquel Roca trata de promover en el resto de España, a fin de crear un espacio electoral intermedio entre el PSOE y la derecha reaccionaria, conceden a la querella insospechadas repercusiones añadidas.

Parece que nos hallamos ante una historia de muchas torpezas. Torpeza de los directivos de Banca Catalana, con una desastrosa -y, según el fiscal, posiblemente delictiva- gestión. Torpeza de los Gobiernos de UCI), aplazando la clarificación del tema. Torpeza del Gabinete PSOE, que ha venido amagando y no dando en el asunto, con frasecitas y alusiones impertinentes del vicepresidente Guerra, y que inútilmente quiere ahora despegarse de una decisión de la máquina de la justicia que costará mucho esfuerzo demostrar no incluye aspectos de erróneo cálculo político. Torpeza de Pujol, que, a su tranquilidad moral y jurídica debería añadir la solicitud de un debate parlamentario en regla, y en el Parlamento de Cataluña, que despejara dudas, aclarara cuestiones y estableciera su honorabilidad sin sombras.

Es evidente que las respuestas a los numerosos interrogantes que suscita la querella difícilmente pueden encajar con las explicaciones simplistas que desde los que la aplauden y los que la critican se exhiben: o irremediable aplicación de la ley, que a todos alcanza, o simple venganza política del Gobierno, según los casos. El Gobierno de Felipe González no saca ningún provecho a corto plazo, y sí abundantes quebrantos, de este suceso. Sólo si Pujol -fuera juzgado y condenado -futuribles muy difíciles de predecir y, en cualquier caso, inadmisibles, porque harían presuponer una culpabilidad no demostrada- podría el PSOE, como partido, obtener un beneficio. Y aun así, el panorama político en general y el autonómico en particular, se verán dañados en muchos aspectos. Pero por otra parte, y sin duda, Pujol y el partido que dirige son las primeras víctimas de una querella que amenaza con deteriorar el prestigio, la autoridad y el buen nombre del presidente de la Generalitat. Por ello no es descartable que algunos miembros del PSOE y del Gobierno hayan impulsado de manera más o menos directa la actividad del fiscal. Tanto si lo han hecho como si no, el momento para interponer la querella ha resultado ser el más inoportuno de los imaginables (oportuno es obvio que no resulta ningún momento en una cuestión así).

Ahora bien, una cosa es que los socialistas hayan impulsado la decisión y otra suponer que la querella es obra del Gobierno o está prioritariamente inspirada por él. El fiscal general del Estado no es un apéndice subordinado del Poder Ejecutivo, sino que goza de autonomía para tutelar el interés público, velar por la defensa de la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos. El comunicado de la Asociación de Fiscales de Barcelona insistió ayer en la imparcialidad e independencia funcional, de las actuaciones del ministerio público. Quienes tratan de presentar a los fiscales que han participado en la querella como dóciles criados del Ejecutivo, capaces de instrumentar conscientemente una sarta de mentiras y calumnias contra los ex directivos de Banca Catalana, no hacen sino acusar de prevaricación al ministerio público. Nosotros creemos más bien que si la querella ha sido presentada es porque existen indicios de actos delictivos, y suponemos que un fiscal del Estado no da un paso así sin tener en la mano documentos y pruebas que avalen su decisión. Es verdad que Luis Burán no se ha caracterizado, durante el año y medio de desempeño de su cargo, por la fijeza de los criterios y por la claridad de las ideas. Pero si la querella careciera de fundamentos probatorios suficientes, pasaría a la historia como un absoluto inepto en la política y en su profesión.

El problema está, pues, en saber si Pujo¡ es o no culpable, cumpliendo en el procedimiento el mandato constitucional de igualdad ante la ley de todo ciudadano. Sin embargo, hasta ese mismo principio puede ser esgrimido por quienes se extrañan del rigor aplicado en el asunto de Banca Catalana. Los agravios comparativos y la impresión de que a veces se utilizan distintas varas para medir casos idénticos o muy semejantes pueden reforzar la sospecha de que los responsables de Banca Catalana y un demócrata como Jordi Pujol han pagado el pato, mientras otros muchos -¿dónde están las denuncias contra los negocios sucios del anterior régimen?- se han beneficiado de un interesado olvido.

Hay demasiadas cosas, en definitiva, mezcladas en el análisis de un caso verdaderamente complejo. Hay un daño objetivo para los bolsillos de los españoles -catalanes y no catalanes- como consecuencia de la mala gestión y los eventuales delitos en Banca Catalana; daño objetivo que pesa nuevamente sobre el déficit público, tan denostado por la derecha que ha contribuido generosamente a crearlo durante décadas de oscurantismo contable. Hay la necesidad de aplicar la ley a quien la infringe, y la de sanear el cuerpo de esta sociedad. Pero la transición sin traumas exige, de otro lado, mucho tiento. El presidente y su Gobierno, que han tenido que dar estrepitosa marcha atrás en el caso de la OTAN, debe rían saber ya que gobernar no es aplicar la tabla de multiplicar. Pujol y los dirigentes de su partido deberían haber aprendido, con el propio desastre de Banca Catalana, los riesgos de mezclar el sentimiento nacionalista con los intereses personales. Ahora se avecina una pelea larga. La única salida brillante que tiene Pujol, ante una acusación fiscal de este porte, es que se establezca claramente por los jueces su inocencia. La única salida brillante que tiene el fiscal del Estado es que los tribunales demuestren la culpabilidad de Pujol y que éste vaya a la cárcel. Cualquier otro final del asunto será malo para el Gabinete socialista y para el presidente de la Generalitat, incluso si el asunto muere entre peleas de competencias jurisdiccionales, papeleos burocráticos o nebulosas jurídicas. Mientras tanto, todo va a ser más dificil en la política económica, y mucho más aún en la España de las autonomías. Demasiado para nuestra joven democracia. Quizás era necesario, pero, en cualquier caso, sigue siendo demasiado.