Los estatutos de autonomía

Veo en estos últimos tiempos que ilustres personalidades del País Vasco y Cataluña protestan y se lamentan de que en España se hayan otorgado estatutos de autonomía no sólo a sus regiones o nacionalidades históricas, como ellos dicen, sino también a todas las demás.Estas voces han recibido cálida acogida en periódicos nacionales, tanto de la izquierda como de la derecha, sin que, por tanto, los ciudadanos de estas otras regiones que los vascos y catalanes consideran, por lo visto, de segunda categoría, sepamos dónde dirigirnos para exponer nuestros sentimientos y opiniones al respecto.

Entendemos que son los hombres que encarnan los consejos de gobierno de las dos Castillas, Aragón, Andalucía y demás los que, cumpliendo con su deber de acudir a la defensa de los intereses que tienen encomendados, sean los que deban emprender una campaña de imagen, como ahora se dice, para restablecer la verdad y la justicia.

La verdad, porque si son nacionalidades históricas las de Cataluña y el País Vasco (Euskadi entre los iniciados) no creemos que Castilla sea un invento de ayer por la tarde, dirigido a que no brillen como auténticas estrellas solitarias ambas nacionalidades históricas. ¿Es que en la historia de España no se ha oído nunca hablar de Castilla?

Propiciar la sola autonomía, y aún más radicalizada que la que actualmente tienen concedida, es un verdadero intento de crear enemistades entre nuestros pueblos, enfrentando a los privilegiados con aquellos que quieren dejar sumidos en la despersonalización de una política y una administración uniformista, de la que habrían de salir las energías de trabajo y el dinero que potenciasen más a los que de siempre han sido los privilegiados y que ahora parecen no querer compartir la libertad y el esfuerzo con los demás españoles. Creemos que ésta es la verdad.

Y la justicia, porque todos los viejos reinos que constituyen España tienen exactamente los mismos derechos al autogobierno que las regiones que fueron con sus estatutos antes de promulgarse la Constitución en la que encuentran su apoyatura legal. Reservar este derecho para sólo dos o tres regiones españolas tanto vale como desequilibrar la auténtica constitución real, social e histórica de España, potenciando fuerzas centrífugas que jamás debieron desencadenarse y que bien pudieran dar al traste con la solidaria convivencia de los pueblos de nuestra patria. /