El Consejo Fiscal recomienda el máximo celo en perseguir los delitos que afectan a los derechos de los trabajadores

El Consejo Fiscal, que tiene como misión asesorar y asistir al Fiscal General del Estado, ha aprobado dos importantes recomendaciones: una, relativa a la inseguridad ciudadana; y otra, referente a la información a la opinión pública. En la primera de ellas reclama el "máximo celo en la persecución de los delitos que atentan contra los derechos económicos y sociales de los trabajadores.

El Consejo Fiscal, órgano que ha cumplido seis meses de funcionamiento, cita en sus recomendaciones, en un intento de conseguir la "seguridad ciudadana", desde una concepción global, los delitos de la contaminación ambiental, la inseguridad en el trabajo o la adulteración de alimentos. Con el segundo texto, intenta romper el aislamiento del Ministerio Fiscal y establecer, una vía de comunicación, "activa y periódica" con la opinión pública.La primera de las recomendaciones al Fiscal General del Estado fue aprobada unánimemente por los 12 miembros del Consejo Fiscal, entre los que se encontraba el mismo Fiscal General del Estado, Luis Burón Barba. La recomendación ha trascendido a la opinión pública a través de una "carta abierta a los fiscales", firmada por tres de los vocales del Consejo Fiscal, y en la que se realiza un balance y análisis de los seis primeros meses de actuación de este órgano.

Acogida favorable

La recomendación, acogida favorablemente en los medios jurídicos y fislales porque actualiza y urge 14 persecución de un tipo de delitos habitualmente ol vidados por la Administración de Justicia, fáe planteada ante el Consejo Fiscal por algunos de los representantes del sector progresista" del Ministerio Público.La propuesta fue asumida, a lo largo del debate, por todos los reunidos. A partir de aquí se espera que, en breve, el Fiscal General del Estado articule con estos criterios una circular dirigida a todas las fiscalías de España y a los diferentes órganos de la Administración central y autonómica.

El Consejo Fiscal pide en este acuerdo que se persigan los delitos tipificados en los artículos 348 bis y 499 bis del Código Penal, que hacen referencia a los que maliciosamente transmitan enfermedades infecciosas y a los que atenten contra la seguridad en el trabajo. Asimismo, llama la atención sobre "las conductas penales que causan graves prejuicios a a los intereses sociales, como son los delitos tipificados en los artículos 346 y 347 bis -sobre las adulteraciones alimenticias y la contaminación del medio ambiente, a través de vertidos contaminantes- y las defraudaciones de grave transcedencia económica, social y laboral".

El Consejo Fiscal solicita también la cooperación de 18s funcionarios de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas que tienen a su cargo funciones investigadoras, para lograr de esta manera una "intervención eficaz" en la persecución de los mencionados delitos.

La resolución acaba recomendando a la Fiscalía General del Estado que adopte "medidas oportunas cerca de la Administración competente para exigirle el cumplimiento de sus obligaciones en la denuncia de los hechos presuntamente delictivos que conozcan por razón de su competencia a fin de que el Ministerio Fiscal pueda garantizar la protección de todos los ciudladanos frente a esa clase de delitos".