Los votos de los socialistas bloquearon todas las propuestas sobre la ley de Libertad Sindical

Los votos desfavorables, de los diputados socialistas derrotaron ayer en el pleno del Congreso las enmiendas, todas de similar contenido, presentadas por los Grupos Popular, Centrista, Minoría Vasca y Minoría Catalana, y por Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, a los artículos 6 y 7 de la ley de Libertad Sindical, que establecen el principio de sindicato representativo y fijan porcentajes y número de delegados para la representación institucional en los ámbitos nacional y autonómico.

El comunista Santiago Carrillo definió la postura socialista como "una obstinación a que ningún grupo ponga su mano pecadora en la ley". Fernando Suárez, del Grupo Popular, afirmó que bajo el pretexto de reconocer la mayor reepresentatividad de determinados sindicatos, la ley consagra un monopolio, porque produce la exclusión de los minoritarios. Para Suárez, los sindicatos que no poseen el 10% de los delegados se convierten en sindicatos de segunda división, y "los de oficios quedan proscritos".En contra del proyecto argumentó una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció el 20 de abril del pasado año que quien no posee el 10% también tiene derecho a negociar. Suárez adujo como ejemplo el de los médicos que en un hospital, aunque no alcanzan ese porcentaje, "tienen consagrado el derecho constitucional a negociar".

En la primera de sus intervenciones, el diputado socialista Manuel Chaves recordó que varías profesiones, como la de piloto, han podido negociar sus convenios de banda, y que los sindicatos de cuadros tienen reconocido el derecho a la huelga y el de la tramitación colectiva.

El diputado, conservador citó la cuestión de los sindicatos de ámbito autonómico, que, aunque posean un porcentaje abrumador de representantes, pueden perder su carácter de más representativo en favor de una central nacional con exiguos votos. Juan María Bandrés puso el ejemplo del sindicato vasco ELA-STV, que en Navarra, en donde existen 1.620 delegados sindicales, según la ley viene obligado a poseer 1.500 para tener una participación institucional.

José Joaquín Xicoy, de la Minoría Catalana, incidió en argumentos parecidos y dijo que en su opinión la ley convierte a los sindicatos regionales en minusválidos. Andoni Monforte, de la Minoría Vasca, expuso que el proyecto penaliza a ELA-STV en Navarra, y consideró que se concede a los sindicatos nacionales un privilegio exorbitante en la representación institucional en las administraciones públicas. Para Monforte, la ley infringe los estatutos de autonomía y la autonomía de las corporaciones locales. Manuel Núñez, centrista, estimó que a los sindicatos más representativos se les concede el "don de la ubicuidad" aun en aquellos lugares en los que no tienen implantación.

Santiago Carrillo propuso una adición que permita a los trabajadores "participar en el control y gestión de los institutos y organismos en que se gestionan fondos provenientes del trabajo o que afecten a los derechos del trabajador", pero también fue derrotada.

Manuel Chaves defendió la tesis de que la ley establece la posibilidad de que todos los sindicatos puedan acceder a la condición de más representativos.