El Consejo del Poder Judicial propone la elaboración de una ley sobre pluses por trabajos extras
El Consejo General del Poder Judicial ha propuesto al Gobierno que elabore un proyecto de ley por el que se regule la retribución complementaria a los jueces y magistrados por las funciones adicionales realizadas, distintas a las de administrar justicia. Con esta iniciativa, el Consejo General se anticipa a la negativa del Ministerio de Justicia a incluir esta propuesta en la futura ley orgánica del poder judicial.En medios progresistas de la judicatura se ha valorado negativamente una iniciativa que da prioridad a los aspectos retributivos de la carrera judicial.
La mayoría del Consejo del Poder Judicial, en su informe sobre el anteproyecto de ley orgánica, consideró que dicha ley "debe ser el instrumento eficaz para establecer un sistema por el que se regulen de modo objetivo y transparente estas retribuciones por funciones adicionales". El informe se refería, en concreto, entre otras, a una serie de funciones atribuidas por ley, tales como las de administración electoral, jurados de expropiación forzosa, juntas administrativas en materia. agraria, ejecuciones gubernativas de la Seguridad Social y en materia sancionadora o tributaria.
El órgano de gobierno judicial reconoce que tales funciones son actualmente retribuidas, pero "en términos no enteramente satisfactorios", especialmente porqué sólo se remunera a quienes desempeñan tales funciones extrajudiciales. El Consejo propone que, dado que el trabajo adicional produce una sobrecarga en las tareas ordinarias para todos los órganos de administración de justicia, "parece más justa una adecuada distribución, proporcionada, de las cargas y las retribuciones".
Denuncia de 'electoralismo'
El Ministerio de Justicia ha decidido no incluir, esta reivindicación en el anteproyecto definitivo de ley orgánica del poder judicial que se someterá al Consejo de Ministros a finales de mes, por estimar que los niveles retributivos de la judicatura son aceptables. Por otra parte, la iniciativa de esta ley ha sido valorada en medios progresistas de la carrera judicial como una muestra de la especial preocupación del Consejo General del Poder Judicial por cuestiones corporativas y como el punto de arranque de la campaña electoral para recabar votos ante la renovación del Consejo que corresponde realizar el año próximo.
