America Central, entre la guerrilla y las urnas

ENVIADO ESPECIALEstas elecciones del 6 de mayo en Panamá y El Salvador, igual que las del 1 de julio en Guatemala, no son producto de los escrúpulos democráticos norteamericanos, sino de una nueva estrategia para frenar lo que entiende como avance soviético en el continente americano. Esta opción electoral no significa, por tanto, ninguna renuncia al uso de la fuerza si así lo exigen las circunstancias. Las elecciones se han convertido en una nueva versión de la política de seguridad nacional de EE UU.

En el caso concreto de El Salvador, es obvio que las urnas sirven antes que nada a los intereses de Estados Unidos. Excepto el propio José Napoleón Duarte, que con toda seguridad será elegido presidente, casi nadie cree ya que los votos sirvan para detener la guerra. A juicio de muchos, la durísima campaña electoral ha aumentado la confrontación en el seno del régimen y es posible que una derecha en derrota recurra de nuevo a la vía violenta.

Una imagen más respetable

Sólo Estados Unidos cree haber cumplido sus objetivos D'Aubuisson, que hubiera sido un aliado incómodo, se ha caído solo por su desaforado radicalismo; Duarte ofrece una, imagen más respetable ante el Congreso y ante la comunidad internacional. El boicoteo de la guerrilla estas elecciones no impedirá que se le reconozca la legitimidad de su victoria y que en caso de amenaza militar por parte de la izquierda, pueda el Pentágono acudir con hombres y armas en su socorro.

Dentro de los proyectos de la Administración Reagan, está claro que la democracia no excluye la guerra, es un arma más en su confrontación global con el Este. Ahí radica su diferencia fundamental con los planteamientos del grupo Contadora, que a duras penas sobrevivió esta semana a su prueba más difícil.

La filosofía de Contadora incluye la democracia como elemento de pacificación, pero plantea al mismo tiempo otras condiciones. La más importante es la renuncia al uso de la fuerza para dirimir conflictos internos o entre naciones. En el terreno concreto eso se traduce en un plan de desarme, salida de asesores extranjeros, renuncia a la instalación de bases militares de terceros países y la apertura de procesos de reconciliación nacional.

Algo de esto tenía que haberse puesto en marcha esta semana y así se anunció desde el mes de enero. El documento conjunto suscrito en vísperas de la reunión por los cancilleres de Costa Rica, Honduras y El Salvador, estuvo a punto de dinamitar la existencia misma del grupo Contadora.

Este manifiesto emplazaba al Gobierno nicaragüense a iniciar un diálogo con sus propias guerrillas, a fin de que los alzados en armas puedan participar en las elecciones del 4 de noviembre. Al canciller salvadoreño, Fidel Chaves Mena, probablemente ni siquiera le tembló el pulso al firmar algo que su propio Gobierno no ha sido capaz de garantizar a sus grupos guerrilleros. Los tres ministros centroamericanos exigían que el grupo Contadora adoptase como propio el documento, lo que hubiera supuesto sin duda la retirada automática de Nicaragua y el final de este foro de diálogo. Es obvio que bajo este clima no podía firmarse ningún tratado de paz, pero al menos se mantuvo abierta la vía de la negociación.

Inyección de legitimidad

En medio de esta seria crisis del grupo Contadora, las elecciones de hoy en Panamá constituyen una cierta inyección de legitimidad. Era el único miembro del grupo que se regía por un Gobierno de facto, lo que no es un buen argumento para pedir democracia a los demás.

Las elecciones panameñas constituyen por sí mismas toda una lección sobre la inutilidad de los regímenes militares, aunque se vistan de ropajes progresistas. Con la convocatoria a las urnas, se cierra la era Torrijos, inaugurada con un golpe de Estado en 1968. Para que el círculo sea perfecto, el candidato de oposición es el mismo Arnulfo Arias, que tuvo que abandonar el palacio presidencia¡ bajo la presión de los sables. Incluso su pregunto heredero político, Nicolás Ardito Barleta, tiene poco que ver con el tercermundismo antiimperialista que representó el fallecido general.

El tratado que firmó con Carter para la devolución del canal, es una herencia que probablemente la historia panameña agradecerá a Torrijos, pero a cambio dejó también una pesada losa sobre el futuro político del país: el hábito de la Guardia Nacional de tutelar a los civiles. Los generales Paredes y Noriega han dado sobradas muestras de que la neutralidad de las fuerzas armadas es pura letra constitucional cuando están enjugo cuestiones importantes. El trasiego de presidentes en los últimos tres años es una prueba.

Está por verse que la Guardia Nacional pudiera convivir con Arnulfo Arias, en caso de una hipotética victoria del octogenario candidato. Claro que todo está dispuesto para que eso no se produzca. Incluso para Estados Unidos es más seguro el financiero Ardito Barleta que el siempre imprevisible Arias.