El Congreso aprueba la ley de los consumidores tras aceptar 114 enmiendas de la oposición
El Pleno del Congreso aprobó ayer la ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en tramitación parlamentaria el Grupo Socialista ha aceptado en total 114 enmiendas presentadas por los distintos grupos de la oposición. "De la práctica del rodillo hemos pasado a la práctica de protección al enmendante", afirmó el del Grupo Popular Manuel García Amigo, al explicar el voto favorable de su grupo tras, el debate del texto.
La ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, aprobada en tres sesiones plenarias, ha sido el resultado de un amplio consenso que obligó a García-Amigo a reconocer desde la tribuna de oradores que la actitud socialista. había permitido la admisión de enmiendas de fondo y forma lo que supone que "el texto resultante, si no es de padre, desconocido, sí es de padre colectivo".El proyecto aprobado regula sanciones que en los supuestos más graves pueden llevar al cierre temporal de un establecimiento, instalación o servicios por un plazo máximo de cinco años. Las intracciones serán calificadas de leves, graves y muy graves atendiendo a criterios de riesgo para la salud, posición en el mercado infractor, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración social producida y generalización de la infracción, y la reincidencia. Las cuantías de las sanciones son las siguientes, según recoge el texto: "Las infracciones leves, hasta 500.000 pesetas; las graves, hasta 2.500.000, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción; las infracciones muy graves, hasta 100 millones de pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el décuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción". Las cuantías señaladas podrán ser revisadas periódicamente por el Gobierno de acuerdo con las variaciones de los índices de precios al consumo.
Definición de infracciones
Se consideran infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitarial las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud en forma consciente o deliberada; el incumplimiento o transgresión de los requerimientos previos que formulen las autoridades sanatarias para situaciones específicas; la alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento; el incumplimiento de las normas reguladoras de precios; el incumplimiento de las normas relativas al registro, etiquetado, envasado y publicidad de bienes; el incumplimiento de disposiciones sobre seguridad que puedan suponer un riesgo; la obstrucción a la vigilancia o inspección; y, en general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones. Para el portavoz conservador García Amigo, el voto positivo de su grupo estuvo basado en la necesidad de modernización legislativa que exige el país. El único punto de controversia se centró en el tercero de la declaración de principios, donde, para satisfacción de las minorías nacionalistas, se aceptó una enmienda transaccional que recoge el respeto a los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas. Ciriaco de Vicente, portavoz socíalista, manifestó que no ha sido excepcional la postura receptiva de su grupo, puesto que con anterioridad al debate parlamentario la ley se consultó con corporaciones municipales y comunidades autónomas. Agregó que el cambio al que aludió García Amigo no se debe "a que el Gobierno haya cambiado",dijo, sino a que "ustedes lo han hecho bien en este caso". Ciriaco, de Vicente explicó que en el trámite de comisión a la ley le fueron introducidas 67 enmiendas, y que el total de las admitidas durante todo el proceso ha sido de 114.
