Cataluña recibirá 22.605 millones de pesetas mas para compensar infravaloraciones de los presupuestos de 1984

Cataluña recibirá 22.605 millones de pesetas más que lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 1984, en concepto de participación en los ingresos del Estado por tributos no cedidos. Ello es consecuencia de la concesión a Cataluña 14.751 millones de Pesetas (0,454% de los ingresos del Estado por tributos no susceptibles de cesión según el proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 4 de abril, que será enviado próximamente a las Cortes. El citado proyecto establece el porcentaje de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado.

Por el contrario, la ley de Presupuestos del Estado para 1984 señalaba que Cataluña debía devolver al Estado 7.854 millones de pesetas, porque la recaudación prevista por tributos cedidos (72.489 millones) excedía en esa cantidad el coste de las transferencias recibidas, que se valoraban en 65.360 millones de pesetas. Aunque la cantidad fijada ahora (14.751 millones) significa una diferencia de 22.605 millones de pesetas respecto a la de los Presupuestos del Estado, (7.854 millones), se trata todavía de una cifra muy inferior a la estimada por la Generalitat en los presupuestos del año anterior, 1983, que había previsto ingresar del Estado por este concepto 41.946 millones de pesetas. (Ver EL PAIS de 7 y 9 de abril, ediciones de Barcelona y Madrid, respectivamente).La cantidad total prevista con que las comunidades autónomas participarán en los ingresos del Estado por los tributos no cedidos asciende a 172.603 millones de pesetas, es decir, tan sólo el 5,31 % de los ingresos del Estado por los capítulos I (impuestos directos) y II (impuestos indirectos), previa deducción de la recaudación correspondiente a los tributos cedidos.

La fijación de los nuevos porcentajes de participación ha significado otras variaciones importantes respecto de lo previsto en la Ley de Presupuestos del Estado de 1984. Así, Andalucía recibirá 31.629 millones de pesetas menos de lo acordado en los PGE. También Galicia sufrirá una reducción de 9.650 millones de pesetas y Aragón, de 3.239 millones de pesetas. Por el contrario, Canarias experimentará un aumento de 22.221 millones.

En principio, las cantidades señaladas correspondían a las aportaciones del Estado (participación en los tributos no cedidos) para financiar los servicios transferidos hasta diciembre de 1983, que no fueran cubiertos por los tributos cedidos. Las diferencias con las previsiones en los Presupuestos Generales del Estado no obedecen siempre al llamado efecto financiero. En muchos casos son consecuencia de los cálculos erróneos en la valoración de los servicios transferidos, realizados por los distintos departamentos ministeriales. En otros casos las diferencias obedecen a que las transferencias no se han realizado al ritmo previsto o que los ingresos por tributos han experimentado un crecimiento mayor al del coste de los servicios transferidos.

En el caso de Cataluña, la diferencia fundamental obedeció a una infravaloración de los servicios transferidos por parte de los departamentos. Así, en los PGE se evaluó el coste bruto de los servicios transferidos, hasta diciembre de 1983, en 65.360 millones de pesetas. Sin embargo, al calcular de nuevo el porcentaje de participación, se cifró en 72.414 millones el coste de los mismos servicios. Si de esta cantidad se resta el valor de lo ingresado por tributos cedidos (58.945 millones de pesetas) y lo recaudado por tasas (2.090 millones de pesetas), resulta que el coste efectivo neto de 1983 fue de 11.377 millones de pesetas.

Al dividir esta última cantidad por la recaudación estatal por tributos no cedidos, en 1983, que se estimó en más de dos billones de pesetas (concretamente 2.000.000.505.926 pesetas), resultó el 0,454, que es el porcentaje de participación de Cataluña. Este mismo porcentaje se aplica a los ingresos previstos por el Estado para 1984, calculados en 3.000.000.248.940 pesetas, y resultan los 14.750 millones, que es la cantidad con que Cataluña participará en los ingresos del Estado en 1984.

Al aplicar el mismo porcentaje sobre una cifra de recaudación estatal que ha experimentado un incremeto del 29%, se obtiene unos ingresos que aumentan en la misma proporción. La recaudación de tributos cedidos aumentó un 20% al pasar de 58.945 millones en 1982 a 71.000 millones en 1983. Sin embargo, el coste de los servicios transferidos, que en su mayor parte son gastos de personal, ha experimentado un alza inferior al 10%. Esta diferencia de crecimiento entre el coste de los ingresos y el de los gastos es el llamado efecto financiero. Efecto que, sin embargo, no es la única causa que distorsiona el sistema de financiación de las autonomías.

Sistema deficiente

El actual sistema, cuya mecánica aún no ha sido aprobada, está siendo objeto de múltiples críticas tanto de los reponsables financieros de las distintas comunidades autónomas como de los hacendistas que han estudiado el tema. Los economistas Antoni Castells y Lluís Armet -este último, segundo hombre de la lista socialista a las elecciones autonómicas de Cataluña-, han efectuado un estudio especifico del tema Aproximación crítica al sistema de financiación de las comunidades autónomas, recientemente publicado en la revista Hacienda Pública Española. En él señalan como problemas fundamentales la vinculación de los ingresos a la situación inicial del coste de los servicios transferidos, la falta de un mecanismo que nivele los ingresos corrientes y la falta de un fondo de desarrollo regional.

Los autores consideran que las comunidades deberían tener una importante participación en los principales ingresos, tales como el Impuesto sobre la Renta. Se debería contar con unos ingresos autónomos ligados a las actividades propias del territorío, pues de lo contrario, si los ingresos están determinados por el valor inicial de los servicios transferidos, se corre el riesgo de perpetuar situaciones de desigualdad. En el caso de la República Federal de Alemania, por ejemplo, la recaudación del impuesto sobre la renta se distribuye así: un 43% para la Administración central, un 42% para los länder y el 15% restante para los municipios.