El Defensor del Pueblo recibió casi 100 quejas diarias en 1983, de las que tramitó sólo el 40%

Más de 30.000 escritos, cerca de un centenar diario, recibió el Defensor del Pueblo durante el año pasado, de los que tramitó el 40%, según consta en el informe de su gestión que presentará próximamente a las Cortes. Joaquín Ruiz-Giménez, nombrado Defensor del Pueblo en diciembre de 1982, recibe más quejas en un mes que organismos similares de otros países en un año. El mayor cúmulo de peticiones se refieren al área de Seguridad Social, que absorbe casi el 30%, seguida de la de Justicia, con un 12%.

El volumen de entrada de quejas -nombre que reciben las reclamaciones o peticiones formuladas al Defensor del Pueblo- se ha estabilizado en una media de algo más de 2.000 mensuales, aunque durante los meses de mayo y junio del año pasado se superaron las 4.000.Para semejante avalancha de reclamaciones, el Defensor del Pueblo, cuyo presupuesto ascendió para 1983 a 260 millones de pesetas y para 1984 a 315 millones, cuenta con una infraestructura de 71 personas. En algunos casos se tarda más de un año en contestar al interesado. De las casi 24.000 quejas de 1983 -7.000 están aún pendientes de estudio- han sido rechazadas el 60%. La no admisión de una queja responde, en la mayoría de los casos, a la imposibilidad de que el Defensor del Pueblo intervenga en asuntos de carácter privado, ya juzgados o pendientes de resolución judicial.

El mayor número de quejas recibidas se refiere a las siguientes áreas: Seguridad Social y Bienestar, el 30%; Justicia, el 12% Economía y Hacienda, el 9% Asuntos Exteriores y Presidencia, el 8,5%, y Educación y Cultura, el 8%. Sólo el área de Seguridad Social acumuló el año pasado casi 9.000 quejas, de las que unas 4.700 fueron rechazadas, 1.423 admitidas y 2.700 están pendientes de estudio. De las admitidas, 878 están en proceso de ampliación de datos, 314 en tramitación ante la Administración y se han concluido 231. En la mayor parte de las cartas se solicitan pensiones de jubilación o viudedad y se discrepa con la cuantía asignada. Otras proceden de minusválidos, ancianos y enfermos que piden ayuda.

El Defensor del Pueblo ha propuesto la modificación de criterios legislativos, como que desaparezca el requisito de alta y se contabilice el total de las cotizaciones a la hora de percibir una pensión, que se desarrolle la legislación vigente sobre integración de minusválidos y que las familias con tres hijos, uno de ellos subnormal, obtengan las ventajas de la familia numerosa.

También ha propuesto que se cree una comisión dentro del Instituto Nacional de la Seguridad Social para la rápida tramitación de las pensiones, solicitud que ha sido ya atendida y puesta en práctica por el INSS.