El Gobierno abordará la reforma de las administraciones central, periférica y local este trimestre, juzgado 'clave'

El período político que hoy se inicia formalmente es considerado "clave" en medios gubernamentales: antes del verano se abordará la primera parte de la reforma de la Administración y de los municipios, así como la reforma del poder judicial, aplazada desde hace casi un año. Posteriormente, a comienzos de otoño y una vez evaluada la actuación del Ejecutivo cuando ya esté mediada la Legislatura, Felipe González procedería a una reestructuración del Gobierno. Así lo cree, al menos, una parte de su equipo: varios ministros aseguran que la crisis gubernamental tendría lugar unos dos meses antes de la celebración del 30º congreso del PSOE, que se celebrará en diciembre.

Autonomías, reforma de la Administración del Estado, reforma de los municipios, reconversión industrial (sector naval), reforma judicial y reestructuración de la política informativa oficial son algunas de las cuestiones que piensa abordar el Gabinete desde ahora hasta el verano. Todo ello, sin contar con la perspectiva de al menos cinco importantes debates parlamentarios y los trabajos, que ahora se ponen en marcha, encaminados a la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1985.Los planes gubernamentales suponen que, tras el verano, habrán quedado cumplidos varios puntos básicos del programa que los socialistas esbozaron al hacerse cargo del poder. Algunos de estos puntos, como la reforma del poder judicial, el nuevo Código Penal o la puesta en marcha de la reestructuración del sector naval, han sufrido aplazamientos de casi un año, ante la dificultad de llevarlos a la práctica. Una vez que estos y otros escollos hayan sido superados, sería el momento de hacer una crisis de Gobierno. Los ministros que abogan por esta tesis argumentan que, así, el Ejecutivo afrontaría fortalecido un congreso federal del PSOE que, sobre el papel, se presenta muy crítico hacia algunos miembros del equipo de Felipe González, especialmente desde el sector de los sindicalistas.

Uno de los temas mis espinosos que el Gobierno deberá tener resuelto antes del verano es el de la reforma de la Función Pública; existe un compromiso para que el correspondiente proyecto, actualmente en fase de consenso con la oposición conservadora, esté en el BOE antes del 30 de junio. Paralelamente, los diversos ministerios deberán entregar al de Presidencia, a lo largo del mes de mayo, las listas de funcionarios a transferir a las comunidades autónomas -serán unos 8.000 los funcionarios afectados-. Con ello se inicia una reforma en profundidad de las estructuras de la Administración, en la que varios ministerios se encuentran implicados.

El proyecto de medidas para la reforma de la Función Pública será la primera fase en la reestructuración de la Administración del Estado emprendida por el Ministerio de la Presidencia, que, además, tendrá que llevar al Consejo de Ministros los proyectos de ley de Datos y de Colegios Profesionales. A finales de año, este departamento deberá tener listos los decretos con la nueva estructura orgánica de los ministerios que hayan sido los principales transferidores de funcionarios a las comunidades autónomas: Cultura, Agricultura, Obras Públicas y Educación. Los cuatro quedarán sensiblemente reducidos, tanto en su organigrama como en sus competencias.

Fortalecimiento del presidente

El propio funcionamiento general del Gobierno experimentará modificaciones tras la futura reforma de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado: la figura del presidente del Gobierno quedará fortalecida, al tiempo que se flexibilizarán los consejos de ministros -a los que no tendrán que asistir, necesariamente, todos los integrantes del Gabinete, sino que se podrían hacer reuniones por áreas-. El Ministerio de la Presidencia prepara, asimismo, una reorganización de la Administración periférica del Estado, con una fuerte potenciación de los gobernadores civiles.Al tiempo que se afronta la reforma de las estructuras de las administraciones central y periférica, el proyecto de ley de Bases de Régimen Local abordará la de los municipios. Junto con el de reforma de la Función Pública, el proyecto de Régimen Local será negociado con los grupos parlamentarios de oposición, en busca de un consenso que, en la actualidad, se presenta difícil: el reforzamiento de los poderes de los alcaldes, el papel reservado a los consejos locales y a las diputaciones provinciales suscita no pocos recelos en el Grupo Popular y entre las minorías nacionalistas. Representantes de unos y otros entienden que la delimitación de competencias en los diferentes niveles "no está excesivamente clara. Podemos llegar a encontrarnos con serios conflictos de competencias entre alcaldes, gobernadores civiles y presidentes de las comunidades autónomas si el proceso no se produce ordenadamente". Todo indica que el jefe del Gobierno aguardará a que se aclare algo este panorama, ahora ciertamente confuso, antes de tomar determinaciones sobre la composición de su próximo Gobierno, que, vistas las reticencias de Felipe González hacia las remodelaciones, sería el definitivo hasta las próximas elecciones generales. Pero también parece evidente que, en septiembre u octubre, podrá verse con suficiente perspectiva dónde hay que corregir el rumbo de los temas en marcha, y no sólo, obviamente, los referidos a la Administración.

Este complejo proceso de modificaciones en todos los niveles de la Administración se entrecruza, además, con lo que parece ser una meditación teórica en el seno del Gobierno sobre el sistema autonómico, sin que parezca casual que varios dirigentes socialistas periféricos además del propio vicepresidente Guerra, se hayan pronunciado por un Estado "de corte federal". Los debates parlamentarios sobre temas autonómicos previstos para este trimestre mostrarán hasta dónde está dispuesto allegar el Gobierno central en esta materia.