El arzobispo de París dice "no" a la reforma de la enseñanza del Gobierno socialista

El arzobispo de París, Jean Marie Lustigier, en un comunicado oficial, advierte al Gobierno de su "no" categórico a la conversión de los profesores de la escuela privada en funcionarios del Estado. El hecho reviste una importancia capital por la condición política del cardenal y porque hoy, miércoles, el Ejecutivo debe adoptar el proyecto de ley que presentará el ministro de Educación, Alain Savary, referente a las relaciones entre el Estado y la escuela privada, que, conviene recordar, es católica en su 93% y acoge a dos millones de alumnos.Esto los católicos lo entienden como un inicio solapado de nacionalización indirecta de su enseñanza. Los responsables católicos quieren libertad para contratar y formar a sus maestros, ahora falta por conocer los términos definitivos del proyecto de ley que Savary presentará hoy en el Consejo de Ministros.

El arzobispo de París manifestó ayer: "Digo no al proceso de conversión de los profesores en funcionarios públicos, ya que esto pondría en peligro la identidad de la escuela católica". Dicha posición equivale a condenar el proyecto de ley que, hoy, tiene que aprobar el Consejo de Ministros y que, después, sería sometido a la discusión de la Asamblea de Diputados.

La actitud del más prestigioso representante de la Iglesia de Francia coincide ahora con la del Comité Nacional de la Enseñanza Católica (CNEC) y con la de las organizaciones de los padres de alumnos. Es de subrayar el gesto, porque hasta la fecha las intenciones del cardenal Lustigier se sospechaban dudosas y ligerarnente favorables a las iniciativas del Gobierno socialista. Desde que el presidente de la República, François Mitterrand, ejerce el poder, el arzobispo lo ha visitado varias veces y sus declaraciones han dejado siempre en suspenso a muchos representantes de la escuela católica. Desde ayer, su firmeza es inequívoca y se anota que "nunca jamás había alcanzado cotas semejantes de dureza".

En sus conversaciones de los últimos tiempos, el Ministerio de Educación y la Iglesia católica habían llegado a un acuerdo casi global sobre el estatuto que debe regir, en lo sucesivo, las relaciones entre la enseñanza privada y el Estado. El punto de fricción es la normativa que tiende a hacer funcionarios a los profesores privados.