La Audiencia Nacional ordena 11 nuevos procesamientos por el fraude de la colza y abrir un sumario a altos cargos de UCD

La Audiencia Nacional ha procesado a 11 industriales y químicos por su participación en el envenenamiento por aceite de colza desnaturalizado. Con ellos se eleva a 42 el número de personas procesadas. Asimismo, la Audiencia ha ordenado al juez instructor del sumario de la colza que remita al juez de instrucción que corresponda todo lo relativo a la actuación de 10 altos cargos de la Administración de UCD, para que se abra una nueva investigación y sumario, en el que se depuren sus responsabilidades penales.

La decisión de separar el sumario de la colza del proceso a los altos cargos ha sido adoptada para no retrasar la resolución del sumario principal, ya que el tipo de actuación de los industriales del aceite y de los cargos de la administración es muy diferente en su esencia y en sus fines. El auto dictado por la sección segunda de lo penal de la citada Audiencia señala que "no descarta la posible existencia de responsabilidades penales en alguno de los funcionarios o autoridades de la Administración'", y agrega que deben ser objeto de investigación y, en su caso, de enjuiciamiento en causa separada.Por ello, se ordena al instructor, el magistrado Alfonso Barcala, que remita el testimonio al juzgado de instrucción que corresponda, "para averiguar y hacer constar las posibles responsabilidades penales de dichos autoridades y funcionarios".

Los altos cargos para los que se solicitó el procesamiento (entre ellos cinco ex directores generales, un ex secretario de Estado, y un ex subsecretario) son Luis Valenciano, Roberto Conty, Guillermo Tena, Agustín Hidalgo de la Quintana, José Guilló, José Ramón Bustelo, Antonio Rúa, José Luis García Ferrero, José Manuel Rodríguez Molina y Antonio Bardón.

Los industriales del aceite y químicos procesados ahora son: Francisco Tárrega Ribes, Vicente Villalba Prats, Fernando Bau Carpí, Juan Moreno Anaya, Pedro Sans Xifre, Juan Rubio Navarro, Ramón Surra Ochoa, Antonio Gallego Jurado, Manuel Guillén Enríquez, Andrés Eloy Muro Benayas y Manuel Franco Pellicer.

Ganancias con engaño

Según la Audiencia, de las investigaciones efectuadas se desprende que las conductas de los procesados "se hallan insertas" en "el círculo de irregulares actividades comerciales e industriales, sobre las grasas, instrumentadas para obtener unas anormales ganancias mediante el engaño a los consumidores menos dotados económicamente, desencadenantes de toxicidad en aceites llegados al público con, graves riesgos y actuados daños contra la vida y la salud de las personas".

Tárrega, industrial, y Villalba, técnico industrial químico, que desempeñaban los cargos de gerente y director técnico de Industrias Tárrega, efectuaron para Aceites Valencia el tratamiento de un producto venenoso. Ambos llevaron a cabo importaciones de grasa, cuya auténtica naturaleza no consta por las cambiantes versiones de Tárrega al respecto, y tuvieron depositados clandestinamente en Bujalance cientos de miles de litros de aceite no apto para el consumo.

Fernando Bau, gerente de Danesa Bau, cuya factoría funcionaba en Madrid dedicada entre otras cosas al refinado de aceites, es presidente del consejo de administración de Aceites Bau, con factoría en Tortosa. En la fábrica de Madrid se realizó el tratamiento para Raelca de parte de un producto venenoso, y en la misma se encontró aceite que contenía tóxicos, siempre según la Audiencia.

Juan Moreno fue químico y socio de ITH de Sevilla y gerente de la empresa hasta febrero de 1981, fecha en que pasó a Raelca. ITH realizó los tratamientos químicos de algunos aceites que después resultaron tóxicos. Sans era gerente de Codosa y socio de ITH. Juan Rubio era gerente de Aceites Toledo, relacionada con Codosa, Raelca y Danesa Bau, y vendió aceites adulterados y probablemente determinantes del envenenamiento.

Ramón Surra, gerente de Comintex, de Barcelona, medió en la operación entre el procesado Enrique Salomó y Aceites Valencia, de la que conocía sus irregularidades. También intervino en el suministro, el 11 de mayo de 1981, por Salomó a Giresa de 40.348 kilos de aceite no apto para el consumo. Surra acordó con Antonio Gallego ocultar a quienes investigaban los canales del envenenamiento por aceite de colza la realidad de aquel suministro y de falsear la correspondiente documentación, lo que efectivamente llevaron a cabo.

Antonio Gallego era gerente de Girasol Refinado SA (Giresa), dedicada a la refinación de' aceites comestibles, con factorías en Torreblanca y Dos Hermanas. Giresa trató, en mayo de 1981, 24.210 kilos de aceite por encargo de Prograsa, que envió a Oleícola Toledana con sustancias tóxicas.

Manuel Guillén, abogado, era el máximo ejecutivo de Prograsa, con sede en Sevilla, que fue la autora de la venta. Andrés Eloy Muro era consejero delegado de Oleícola Toledana, radicada en Cebolla, fabricante de aceite de oliva y comercializadora de aceites vegetales comestibles. Esta empresa distribuyó los 24.210 kilos de aceites con sustancias tóxicas y adquirió 9.741 kilos de Trioleínas.

Manuel Franco Pellicer, titular del Centro de Gestión Comercial (Cegeco), de Tarragona, medió en suministros de grasas para el consumo, ocultando en ocasiones a una de las partes la identidad de la otra y disimulando algunas veces la real naturaleza de la grasa.

Entre esos suministros figuran los realizados a varios procesados como José Lafuente, Adela Jarauta, Ramón Alabart, Salvador Alamar, Luis Beamonte, etcétera.