Nicaragua y el Tribunal Internacional de Justicia

EL TRIBUNAL Internacional de Justicia es el órgano de las Naciones Unidas más alejado de las coyunturas y servidumbres políticas. La constituyen 15 magistrados de diferentes países, elegidos por la Asamblea General de la ONU para un plazo de 9 años. A pesar de que dicho Tribunal no tiene instrumentos coactivos para imponer la aplicación de sus sentencias, éstas tienen un indiscutible valor moral. La, posibilidad de que el Tribunal Internacional pueda dar la razón, en base a derecho, a un país débil y pequeño frente a un país grande y poderoso, representa una superioridad histórica que la ONU tiene sobre sistemas anteriores, en los que sólo contaba la razón del más fuerte. La democracia norteamericana, desde sus principios fundacionales, ha otorgado siempre un papel esencial a la existencia de un órgano judicial supremo que interpreta y crea el derecho por encima de las mayorías y las coyunturas políticas; el Tribunal Supremo de EE UU es una pieza clave en la Constitución norteamericana. Por ello, y a diferencia de otros numerosos Estados, más preocupados de salvaguardar su soberanía en todas las situaciones, EE UU ha aceptado desde 1946 la competencia vinculante de las sentencias de dicho tribunal (con la excepción de casos que afectasen a su jurisdicción interna o a compañías multinacionales). En 1979, EE UU recurrió ante el organismo para exigir el retorno de los rehenes norteamericanos secuestrados en Irán; y la sentencia favorable a la petición norteamericana, aunque rechazada por las autoridades iraníes, fue uno de los factores de presión moral que contribuyó a la puesta en libertad de dichos rehenes. También resultó una victoria moral para el Gobierno de Washington. Estos antecedentes permiten comprender la sorpresa causada en círculos parlamentarios americanos y en las capitales del mundo por la decisión del presidente Reagan de notificar al Tribunal Internacional de Justicia que EE UU rechazará, a partir del 6 de abril, y por un plazo de dos años, la competencia de dicho tribunal sobre cualquier asunto referido a Centroamérica. La notificación se produjo el domingo pasado, con evidente precipitación, a fin de impedir que pudiese prosperar una de manda presentada por el Gobierno de Managua contra las violaciones del derecho internacional cometidas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) americana al minar tres puertos de Nicaragua y al sostener a grupos rebeldes que combaten a un Gobierno legal con el que Washington mantiene relaciones diplomáticas plenas. El motivo invocado por el Departamento de Estado al hacer la citada notificación -evitar una utilización del tribunal por los sandinistas con fines propagandísticos- no es convincente. EE UU tiene la posibilidad de presentar su caso, con todas las garantías jurídicas imaginables, ante el organismo de La Haya. El rechazo de la competencia de ésta, y la manera en que ha sido hecho, equivalen casi a una confesión de culpabilidad, como si Washington se sintiera incapaz, de antemano, de defender su causa con eficacia.

Son numerosas las manifestaciones, en el seno del Congreso norteamericano y en el plano internacional, tendentes a convencer a la Administración Reagan de que debe cesar la presión contra el Gobierno sandinista de Nicaragua, y más particularmente la colocación de minas, que contraviene la libertad de navegación. El Gobierno francés se ha ofrecido a colaborar en las operaciones de dragado para quitar las minas. Después de las manifestaciones de dirigentes de la Internacional Socialista en Madrid, un texto conjunto sobre este problema ha sido firmado en Roma por los presidentes de las tres Internacionales, socialista, liberal y democristiana; es un hecho particularmente significativo, casi sin antecedentes, y que refleja hasta qué punto hay coincidencias de muy diversos sectores para pedir soluciones de negociación y de paz. Los cancilleres de los cuatros países del grupo de Contadora (México, Panama, Colombia y Venezuela) insisten, en la reunión que acaban de celebrar, sobre la necesidad de proseguir los esfuerzos para encontrar una solución pacífica; condenan las maniobras militares y la colocación de minas, las injerencias militares extranjeras, y van a intentar un diálogo directo en Washington y en La Habana. Ese es el camino que puede evitar violaciones del derecho internacional que, independientemente de la competencia o no del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya para juzgarlas, pueden acarrear gravísimas consecuencias.