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La crisis en América Central

El poder judicial de la ONU

El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (TIJ) fue creado en 1945 como "principal órgano judicial de las Naciones Unidas", según indica el artículo 42 de la Carta fundacional de la ONU. El TIJ es heredero directo del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que desempeñó las mismas funciones al amparo de la Sociedad de Naciones surgida de la primera guerra mundial.Todos los países que ingresan en la Organización de las Naciones Unidas quedan automáticamente sometidos a la jurisdicción del TIJ, que abarca también a algunos países no miembros que se adhirieron a los Estatutos del Tribunal, como Liechtenstein, San Marino y Suiza.

Sin embargo, el TIJ sólo puede dictar sentencias cuando concurran en un caso alguna de estas tres circunstancias: que haya sido remitido por acuerdo expreso de las partes interesadas; que derive de un tratado o convención, bilateral o multilateral, en el que se establezca que los conflictos de aplicación serán dirimidos por el Tribunal de La Haya, o cuando se trate de un problema entre países que han aceptado la jurisdicción vinculante del TIJ.

Estados Unidos es uno de los 45 países que, a diferencia de Francia, Italia o España, han aceptado esta jurisdicción vinculante, con dos salvedades concretas: los asuntos políticos internos norteamericanos y los relacionados con empresas multinacionales norteamericanas. La jurisdicción vinculante del TIJ ha sido también aceptada por Nicaragüa.

No obstante, es práctica aceptada que un país sometido a la jurisdicción vinculante pueda sustraer a la competencia del TIJ áreas concretas de temas o problemas. Existen precedentes de tales reservas, que son admitidas a condición de que se formulen antes de que la otra parte presente su demanda. Ello explica la precipitación con la que Washington anunció ayer su reserva de jurisdicción sobre la zona centroamericana.

El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya no tiene poder para imponer la ejecución de sus sentencias. En caso de incumplimiento, la parte agraviada tiene la posibilidad de recurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que adoptaría las recomendaciones o medidas de presión oportunas.

Además de sentencias, el TIJ emite opiniones consultivas, por encargo de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad. El órgano judicial de la ONU está integrado por 15 jueces, todos de distinta nacionalidad, que son elegidos, por mayoría absoluta, tanto en el Consejo como en la Asamblea. Su mandato es por nueve años, con posibilidad de reelección. El propio tribunal elige a su secretario general, que en estos momentos es el español Santiago Torres Bernárdez.

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