Banca: el cuatrienio negro de Cataluña

El alcance del fracaso bancario catalán del último cuatrienio hay que situarlo en sus coordenadas históricas. La década de los sesenta es floreciente: registra un despertar de la banca autóctona, se crean unas entidades y se reforman otras, y además se crece: 19 de de los 21 bancos con sede en Cataluña están controlados en su propio lugar de origen. Los años setenta prolongan esa tendencia: nacen el Industrial del Mediterráneo (BIM, en 1972), Europa (1973), Exbank y Pirineos (1975), y el Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (1978).El BIM, el grupo Madrid-Cadesbank y Catalana-Industrial de Cataluña compiten en una meteórica carrera de inversión industrial e inmobiliaria. Este último grupo acaba haciendo de banco de bancos, absorbiendo al Mercantil de Manresa, Barcelona, Gerona y al propio BIM, para que "no salgan de la órbita del país". El Banco de Sabadell se extiende y pone su pica en Madrid. La gran banca española ensaya con éxito operaciones regionalizadoras, como la del Banesto con el Garriga-Nogués.

Del Pirineos a Catalana

En 1978 se enciende la alerta roja de la crisis: cae el Banco de Navarra. Y lo que tímidamente había comenzado en 1974, con la compra del Condal por Rumasa -y su entrada en el Atlántico, en 1976-, se acelera: la banca catalana, adolescente que creció demasiado en poco tiempo, empieza a entregarse. La Jover y el Comercial Español, al Santander (1978); el Huesca, al Bilbao (1979). 1980 es la segunda frontera: aguas tranquilas antes de la tempestad. Ésta llega a finales de 1981. Mientras los inspectores del Banco de España, atónitas esfinges, descubren un primer agujero de 6.762 millones en Banca Catalana, Higinio Torras Majem, el papelero opusdeísta que preside el Pirineos, prepara su fatal forcejeo con la autoridad monetaria. Juega, con iluminismo de cilicio, al farol de la suspensión de pagos. Fuerza la mano para esconder su mal juego: autoavales por 2.500 millones, autoembolso de decenas de millones. En suma, una quiebra que le llevará a danzar la samba brasileira en su exilio de guante blanco. Eso levanta sudores fríos en la plaza un fatídico 7 de diciembre. Es el pánico. Pujol declara: "Esto no se repetirá".Pero se repite, en suave, por abril de 1982. El Hispano lanza el salvavidas a Bankunión, el hermano industrial del Atlántico. El día de la Moreneta le toca el turno, en subasta pública, a la Mas Sardá. Comprador: el Bilbao, compitiendo con la Caja de Pensiones (La Caixa). Su pecado: 10.000 millones de pérdidas. "Dejemos a La Caixa para la solución de Catalana", susurra el Banco de España al Gobierno Pujol, testimonia Cullell. Porque lo de Catalana se está gestando: la inspección ha descubierto un quebranto ya superior a 30.000 millones. La entidad no quiere tocar el acordeón, sino que intenta, incluso, seguir repartiendo dividendos. Interviene el Consell Executiu, dialoga con el Banco de España y se prepara un concierto de armónica: apoyo de cajas de ahorro y otras empresas.

El día antes de iniciar la sinfonía -14 de abril, y no en marzo, como dirá el conseller de Hacienda-, Jordi Pujol acude a la notaría Roca-Sastre, en el paseo de Gràcia. Dona sus acciones de Catalana a la Fundació Catalana (fundación fundada por Catalana en 1979). La oposición argumentará que esta desvinculación es tardía y que "no le ha permitido actuar con la neutralidad suficiente". Pujol habla con Pensiones y otras cajas y empresas. Se enhebra un acuerdo. El 11 de junio todo salta por el aire con el rumor de un boletín confidencial según el cual es inminente una suspensión de pagos bancaria. Reconducido el tema, se aplica lo previsto: emisión de bonos, apoyo de cajas y empresas, eliminación de dividendos, realización de una auditoría y relevo de consejeros.

La auditoría sitúa, en agosto, el agujero directo no ya en 30.000 millones, sino en 110.000. La autoridad no acepta el plan del nuevo equipo rector -apoyo oficial con 130.000 millones, entre subvención y crédito-. Al cabo, el Banco de España deberá poner 279.913 millones de pesetas, en parte recuperables, según listado de Miguel Boyer en el Congreso. Los pone. ¿La solución más barata? Lo dirá la historia. ¿Una solución catalana? Se intenta; primero, buscando a un presidente y, después, accionistas de la tierra. Todo en vano.

Precipicio

Luego, la subasta, en mayo de 1983. Concurre La Caixa, pero presiona la banca y forma un pool, ganador. ¿Solución pública? En el ínterin vuela Rumasa -llevándose al Condal, Atlántico, Comercial de Cataluña y Exbank- y, agujero sobre agujero, el Gobierno del PSOE teme un precipicio. ¿Responsabilidades administrativas, penales? Se investiga. ¿Responsabilidad política? En el Parlamento se exige, pero la respuesta es un frontón.La traducción numérica de estos sucesos es sencilla. Entre 1980 y 1982, la participación del sistema financiero catalán en el conjunto español -medida en depósitos totales- desciende en dos puntos: del 22,23% al 20,40%. En ello influye también el plus de crisis propio de las regiones industriales. Pero es un dato para la reflexión.

Las excepciones positivas

No todo, sin embargo, es trágico. Están las excepciones, como la brillante trayectoria en gestión, beneficios y expansión prudente del Banco de Sabadell. O la correcta marcha de dos pequeños: Europa y Pequeña y Mediana Empresa. Y, sobre todo, el mundo de las cajas, que aunque no ha crecido más que en el conjunto español, porque su participación en el sistema partía de listones muy altos -en torno al 40%, contra un 35% en el conjunto español-, se ha modernizado y profesionalizado.Sigue siendo en parte verdad la conclusión sobre las cajas de Ros Hombravella y Montserrat en 1967: "Su aportación a financiar la inversión pública en otras zonas o el déficit corriente producido por los niveles de gasto consuntivo estatal, ha sido mucho más importan te que la reducida actividad crediticia e inversora en el ámbito local". Pero la tendencia se empieza a romper en estos años: la profesionalización de los directivos, la modernización de métodos y la competencia con la banca inician el cambio. Y las cajas, sólidas, entran en el mundo del crédito sindicado del riesgo industrial, del descuento comercial. Con cierta timidez, pero entran. Apuestan más por la economía real. Hay, pues, instrumentos de futuro para financiar proyectos propios. Pero eso no desmiente, por desgracia, el goyesco panorama de las debacles reseñadas.

¿Qué ha hecho la Generalitat para remediar el desastre? El Estatut de 1979 ofrece un margen estrecho, pero real, de actuación sobre el sistema financiero. El artículo 10 otorga competencias de desarrollo y ejecución. El artículo 12, algo más: competencias exclusivas -de hecho, compartidas- sobre cajas de ahorro. Además, la situación política española en 1980 es porosa para una actuación imaginativa y responsable desde Cataluña.

Estas alforjas se utilizan poco y tarde. Ciertamente, el gran Leviatán central tampoco facilita las cosas. La labor del hombre de Pujol en este terreno, Ramón Trias Fargas, se limita a tres actuaciones. Primera, en junio-julio de 1980, se constituye el Consejo Asesor del Crédito, un organismo consultivo que quiere comprometer a bancos y cajas con el Gobierno autónomo. Sus escasas reuniones apuntalan alguna emisión de deuda, pero poco más. Progresivamente el organismo languidece bajo los mandatos del honesto Jordi Planasdemunt y del joven promesa Josep Maria Cullell. De sus vocales iniciales, dos banqueros, Francesc Mas Sardà y Raimon Carrasco, dejarán pronto de serlo. Un tercero, Josep Roig Magrinyà, huirá al Cono Sur en otro exilio económico.

Segunda, el decret de Caixes, del 25 de agosto de 1980, por el que la Generalitat busca el control de todas las inversiones obligatorias. El conflicto abierto con el Gobierno central acaba, en diciembre, con un pacto honorable y eficaz: el 30% de las inversiones públicas computables de las cajas queda bajo control de la autonomía. La tercera acción de Trias es la política. Conoce a los banqueros y consigue algunos compromisos para que asuman deuda autonómica. E interviene en el caso Catalana: en otoño de 1982 sugiere y apoya la idea del pool bancario. Eso es todo.

Las promesas electorales

Entre estas idas y las venidas presupuestarias y de traspasos, las ambiciosas promesas electorales convergentes sobre el sistema financiero duermen el sueño de los justos. Es el caso del Instituto Catalán de Crédito, que debía programa dixit- asumir la "vigilancia, control, coordinación y supervisión sobre la actuación de las entidades bancarias oficiales", así como "asumir las actuales funciones de las sucursales del Banco de España", y ejercer el "control del origen y destino de los fondos monetarios de Cataluña". Ni se intenta. Tras la salida de Trias, su sucesor Planasdemunt -noviembre de 1982 a junio de 1983- tiene como única acción la ayuda a la cooperativa de Reus: 2.000 millones, financiados con deuda. Pero toda la atención -y la credibilidad- pública está puesta en Catalana. Y hasta que se produce el desenlace, con la compra del grupo por el consorcio bancario, las iniciativas económicas del Consell Executiu reposan en el dique seco. Es al final del mandato, a partir del pasado octubre, con las elecciones por delante, cuando un nuevo titular del departamento, Cullell, inicia el despliegue de un paquete legislativo: proyectos de Instituto de Crédito Agrario -cajas rurales-, Función Interventora, nuevo decreto sobre cajas -que establece la obligatoriedad de auditar-, proyecto del Instituto Catalán de Finanzas, pero todo ya de cara a la próxima legislatura.