Pasos de paz en Colombia
EL ACUERDO de alto el fuego firmado por el principal movimiento guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la Comisión Nacional de Paz, en representación del Gobierno, constituye un acontecimiento político de suma importancia, cuyas consecuencias pueden hacerse sentir incluso fuera del país en el que ha tenido lugar. Desde que llegó a la presidencia de la República en agosto de 1982, Belisario Betancur se fijó como uno de sus objetivos esenciales el de poner fin a la lucha armada y al terrorismo, mal endémico en el país desde tiempos muy lejanos, pero que había cobrado en los últimos lustros una amplitud y violencia crecientes. Decretó en noviembre de 1982 una amnistía para las guerrillas, pero los resultados de tal medida no fueron resolutivos. En realidad, la guerrilla (agrupada en varios movimientos, siendo los principales las FARC y el M-19) no es en Colombia un fenómeno importado, por reales que hayan sido los estímulos y ayudas extranjeras; es una expresión casi tradicional de protesta contra situaciones de desigualdad social, de miseria, de discriminaciones de poblaciones indígenas; contra largas etapas de falsificación de la democracia. Hay que tener en cuenta, además, que el fenómeno terrorista y la lucha militar y policial por acabar con él, se alimentan en cierto modo mutuamente por la dinámica terríble de las muertes, las represiones, las venganzas, los odios.El acierto y la valentía de Betancur han consistido en que ha sabido abordar el problema en su dimensión política, y no meramente como cuestión de orden público. Tuvo la audacia de entrevistarse personalmente, precisamente en Madrid, en octubre pasado, con dos dirigentes del M-19; aunque este movimiento guerrilero no es firmante del acuerdo (o no lo es todavía, ya que las negociaciones continúan), las conversaciones de Madrid fueron decisivas para abrir una nueva perspectiva, para romper una situación bloqueada. Los esfuerzos emprendidos para llegar al acuerdo parten de una nueva filosofía: examinar en qué medida lo que haya de legítimo, de justo en las reivindicaciones sociales y políticas de los movimientos armados puede ser trasladado, incorporado a la vida legal; defendido por métodos democráticos dentro de las instituciones vigentes, y así vaciar la guerrilla de lo que tenga de expresión de aspiraciones sentidas por sectores populares, concretamente en zonas campesinas, y despojar al terrorismo de apoyo en la población.
Tal empresa implicaba serias dificultades entre los grupos más cerriles de las oligarquías gobernantes, y en particular entre los altos mandos de un ejército que cuenta en sus filas muchas víctimas de las acciones terroristas y que se resistía a aceptar el camino propugnado por Betancur. La primera batalla que este tuvo que ganar fue la de imponer el principio democrático de la preponderancia del poder civil; sin eso la paz hubiese sido imposible. Tuvo que destituir al ministro de Defensa, general Fernando Landazábal, que se había pronunciado contra algunas de las medidas preconizadas por el presidente de la República. Ante el Consejo Nacional de Seguridad, Betancur expuso que la misión de los militares es obedecer a las autoridades civiles, y que bajo ningún concepto pueden ser beligerantes en cuestiones políticas. Esta actitud ha dado sus frutos. El nuevo ministro de Defensa, general Gustavo Matamoros, ha aprobado el acuerdo de alto el fuego con la guerrilla, calificándolo de "muy fructífero e importante". Este acuerdo, que entrará en vigor el 28 de mayo, lleva consigo una carga política profunda, que el propio Betancur ha subrayado: al dar a conocer al país la firma del acuerdo de alto el fuego, ha anunciado a la vez un conjunto de medidas para impulsar cambios sociales y reformas políticas que amplíen y den mayor efectividad a la vida democrática; se ha comprometido a restablecer derechos democráticos conculcados y a preocuparse. por la mejora de las condiciones educativas, sanitarias y culturales.
El acuerdo significa la culminación de un proceso de cierta reconversión política, incluso intelectual, entre la propia guerrilla. Durante mucho tiempo, ésta había considerado que las formas democráticas y electorales sólo servían para encubrir la perduración de condiciones de opresión y miseria, y la de una interferencia norteamericana incompatible con la independencia del país. Hoy empieza a percibir las potencialidades que encierra la democracia para lograr mejoras y progresos. Los países latinoamericanos tienen ante sí en la actualidad problemas de extraordinaria gravedad, sobre todo de orden económico, y Colombia no es una excepción. Creer que la democracia garantiza de por sí acertadas gestiones económicas sería absurdo; pero resulta cada vez más evidente, incluso en países con las diferencias sociales y el nivel de subdesarrollo de América Latina, que practicar la lucha armada cuando existen niveles garantizados para una acción política democrática no hace sino agravar y empeorar esas diferencias. La violencia, en todas sus formas, es un método execrable de acción política. Lo es tanto más cuando desde el enemigo, o el adversario al que se combate se está ofreciendo una mano abierta, como Betancur valientemente ha hecho.
