La Junta autonómica asegura que hará una enorme descentralización y potenciará los cabildos insulares
El vicepresidente del Gobierno canario, Juan Alberto Martín, ha prometido lo que, calificó como "una enorme descentralización", en la que los cabildos jugarán un papel muy importante y contarán con grandes competencias. "Aquí nadie se debe sentir sepulturero de los cabildos", afirmó en un encuentro con periodistas en Tenerife, saliendo al paso de quienes han criticado al ejecutivo de Jerónimo Saavedra de poner freno a la actuación de estos órganos.José Segura Clavell, presidente del cabildo insular de Tenerife, había defendido recientemente este tipo de instituciones ante la comisión de autonomía del Senado, con el fin de sensibilizar a sus miembros sobre el papel de estos entes.
El Gobierno autónomo canario ha desbloqueado sus planes respecto al futuro de los cabildos insulares, tras un período de gran incertidumbre de estos organismos en el seno de la Comunidad Autónoma. El vicepresidente del Ejecutivo socialista regional, Juan Alberto Martín, ha iniciado con este fin una ronda de contactos con los diversos grupos políticos para abordar, por primera vez al cabo de un año de comenzar el proceso autónomo, el aspecto crucial de la nueva etapa política del archipiélago, la función de los cabildos y la organización político-administrativa de Canarias.
Atrás queda una fuerte polémica sobre este mismo tema entre el partido gobernante, el PSOE, y la principal fuerza de oposición, AP, partido con el que ha abierto ahora el Gobierno este diálogo tanto tiempo congelado, en un momento en que los cabildos han levantado la voz para protestar por su dificil situación económica.
Piezas clave en la Administración pública local, los cabildos fueron creados por una ley de 1912. Habían actuado como los máximos órganos de gobierno en cada isla hasta la llegada de la autonomía, y se vieron desplazados del primer plano por los nuevos entes, el Gobierno y el Parlamento regionales. Su actividad había dependido de las recaudaciones de arbitrios insulares sobre el lujo y la entrada de mercancías, a partir de la ley de Régimen Económico y Fiscal (REF), cuya gestión pasó después de sus manos a las del Ejecutivo de la Comunidad Autónoma. Este cambio de papeles ha coincidido con una fase de grave crisis económica de los cabildos.
Según un informe de la Consejería de Administración Territorial y Desarrollo Autonómico del Gobierno canario, en sólo tres años, desde 1979, los cabildos perdieron más de 16.000 millones de pesetas al financiar obras y servicios de carácter estatal.
