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COMUNIDAD VALENCIANA

Polémica sobre la Policía Municipal de Aspe tras varias querellas por supuestos malos tratos

Francisco Ramón Hernández Alcolea, vecino de Aspe (Alicante), de 23 años, ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción de Elda a tres policías municipales de la localidad, pertenecientes al servicio nocturno, por los supuestos malos tratos que sufrió de ellos en la madrugada del pasado día 20. Se trata de los agentes Gonzalo Pujalte, Bernardo García Ortega y Manuel Gómez Hernández. Alcolea fue detenido por supuestos insultos a los agentes, quienes le condujeron al retén de la Policía Municipal. La denuncia del joven, que no es la primera contra el servicio, ha provocado en Aspe cierta polémica sobre el servicio nocturno, que se inauguró el 30 de septiembre pasado.

En el texto de la querella, Hernández Alcolea dice ser víctima del rencor de los agentes de la Brigada Nocturna. Explica que se había prestado voluntariamente a ir como testigo cuando se presentó una anterior querella por presuntas torturas contra miembros de la brigada, interpuesta por tres jóvenes a los que se había detenido la noche del mismo día 30 de septiembre, como presuntos miembros de una banda de delincuentes. Se trata de Alfonso García Torres y Alfonso Urios López, que carecen de antecedentes, y Antonio Calero Miralles, que está internado actualmente en la prisión provincial.En aquella ocasión acompañaban a los agentes locales dos policías del Ayuntamiento de Alicante, que clausuraban un cursillo especial que habían seguido los seis agentes de Aspe destinados en la Brigada Nocturna. Los monitores alicantinos fueron sancionados por el alcalde de la capital, el socialista José Luis Lassaletta, con una suspensión de empleo y sueldo de cuatro días. Asimismo, fueron apartados del servicio que prestaban en la brigada local de Servicios Varios.

Intoxicación etílica

El incidente protagonizado por Hernández Alcolea tiene versiones distintas, según las partes. Las lesiones leves que sufrió fueron certificadas por el titular de Sanidad de Aspe, quien añade en su escrito que el ahora demandante sufría "intoxicación etílica". Uno de los agentes implicados, Manuel Gómez Fernández, estuvo cuatro días fuera de servicio con baja médica, a consecuencia de las contusiones que sufrió en la muñeca de la mano derecha, ocasionadas por el detenido, al parecer cuando escapó del retén. Hernández Alcolea sería arrestado de nuevo minutos más tarde por el guardia Gómez Hernández, quien explica que las lesiones del detenido fueron debidas a un resbalón que sufrió durante su huida.

El alcalde de Aspe, el socialista Ramón Berenguer, afirma que no piensa dejarse influir por "ataques a las instituciones democráticas por parte de gente con poder económico" -con esto alude a la desahogada posición social del padre de Hernández-, al tiempo que asegura que acatará la decisión judicial.

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El alcalde justifica la actuación de los policías diciendo que "en esta localidad, con 17.000 personas, no existe policía gubernamental ni comisaría, y nosotros tenemos que cubrir los principios de subsidiaridad y auxilio de un pueblo con gran conflictividad en el orden público". El alcalde no ha tomado ninguna medida disciplinaria contra los policías querellados, hasta tanto no resuelva el juzgado. El responsable de la brigada nocturna, Gonzalo Pujalte, puntualizó a este periódico que "nosotros no somos ni violentos ni agresivos, somos enérgicos". Y añadió que "estaríamos locos jugándonos el pan de nuestros hijos si hubiéramos actuado como se dice".

El secretario de la UGT local, José Puche, fue quien alentó a los tres jóvenes que protagonizaron el primer incidente a querellarse por presuntas torturas. Puche había abandonado el PSOE después de que, en septiembre pasado, su hijo José María fuera detenido por la controvertida brigada.

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