Alfonsín hace coincidir la celebración de sus primeros 100 días de gobierno con el octavo aniversario del golpe militar

Una multitud se reunió anoche (madrugada en España) en la plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a los balcones de la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, cuando Raúl Alfonsín pronunció un discurso de 25 minutos en el que expuso su opinión sobre las relaciones entre el Este y el Oeste, el hambre y la miseria en que se encuentra Argentina, al mismo tiempo que se refería a los orígenes del radicalismo y del peronismo como las dos grandes corrientes políticas del país. Alfonsín pronunció el discurso al cumplir los primeros 100 días como presidente de la República.

Fue una conmemoración que coincidía con el octavo aniversario del golpe militar que acabó con el régimen constitucional y que -por encima de las críticas hacia la gestión económica- encuentra a todos los sectores políticos de acuerdo en la necesidad de convocar a la unión nacional en defensa de la democracia.El radicalismo cuidó el detalle de situar en los 104 días la conmemoración de los primeros 100 de gobierno para que la fecha coincidiera exactamente con el momento en que, hace ocho años, el golpe militar que encabezaba el general Videla derrocara al Gobierno constitucional que presidía María Estela Martínez de Perón. La noche del 23 de marzo y la madrugada del 24 pertenecían entonces por igual a radicales y peronistas. El presidente Raul Alfonsín insistió en este punto para afirmar que sólo la unidad de las fuerzas populares podría fortalecer la democracia.

Los organizadores radicales aclararon que se trataba de una concentración política, pero no partidaria. El lema, repetido en miles de carteles, anuncios en los periódicos y en la televisión, recordaba la consigna lanzada por el propio presidente en su campaña electoral: "Cien días de gobierno para cien años de democracia".

El Consejo Nacional del Partido Justicialista, órgano máximo de gobierno del peronismo, reunido desde hace dos días, postergó, hasta conocer el contenido del discurso de Alfonsín, la difusión del documento que había preparado sobre la gestión del Gobierno radical.

Por su parte, Raúl Ubaldini, líder de la central obrera CGT, dio a conocer un comunicado en el que exhortó al Gobierno "a dialogar y a resolver los problemas que nos afectan y que nos duelen", y aseguró también que "nos aprestamos a convertirnos una vez más en el reaseguro de esta incipiente democracia frente a las apetencias de los que sólo representan a sus propios y espúreos intereses".

Contra lo que se esperaba, ni la CGT, que reúne mayoritariamente a los sindicatos peronistas, ni la conducción política del justicialismo han sido demasiado severos en el juicio de los primeros 100 días de Gobierno radical. El rechazo en el Senado de la ley de reordenamiento sindical ha provocado una redistribución de fuerzas y los dos partidos mayoritarios parecen haber comprendido que aquel enfrentamiento fue apresurado e inútil.

El Gobierno que, luego de ver frustrado su proyecto de ley podría haber aplicado la todavía vigente legislación dictada por la dictadura militar que permite la intervención directa de los sindicatos, ha optado por reiniciar la discusión del tema a partir de los acuerdos iniciales a los que se había llegado.

Un Estado de derecho

En la cuestión sindical y en la aplicación de un plan económico de emergencia es donde se advierten, como era previsible, los frentes más débiles del Gobierno democrático. La situación hererada pasa por ser, en mucho, la más grave y dramática de la historia argentina. El inicial optimismo radical en cuanto a la reactivación del aparato productivo del país ha quedado demolido ante los hechos. Una inflación calculada a comienzos de mes en un 10% puede alcanzar ahora el 20%, lo que llevaría a una tasa anual superior al 400% de inflación.

En estas condiciones Argentina debe renegociar los plazos del pago de su deuda externa. Una comisión de expertos del Fondo Monetario Internacional elabora, junto con técnicos argentinos, las pautas sobre las que se debe regir el plan económico.

A poco más de tres meses de asunción del Gobierno democrático nadie puede tener dudas de lo que significa hoy la vigencia de un Estado de derecho. La justicia tiene en sus manos las causas por las que siguen reclamando las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Generales de la nación que hasta hace poco más de 100 días ostentaban el poder absoluto se encuentran hoy detenidos y a la espera de la sentencia definitiva después de juicios en los que han gozado de los derechos que ellos negaron. Otros tantos civiles se presentan a declarar en los tribunales ordinarios por denuncias de corrupción en el manejo de los negocios públicos.

Todo un complicado, poderoso y amplio aparato represivo ha comenzado a desmontarse lentamente.

Es posible que pueda pronosticarse para un futuro inmediato el inevitable choque de la realidad económica con las aspiraciones políticas. Por ese embudo va a terminar pasando el destino de la democracia argentina.

La guerra está declarada y es abierta. Hoy en Buenos Aires pueden leerse periódicos y revistas con gran circulación entre los círculos de influencia vinculados a los minoritarios grupos financieros donde los militares desplazados se asombran todavía de las investigaciones y juicios por la guerra sucia.