La oposición quiere controlar las contrataciones que se realizan en la Administración
Representantes de la oposición conservadora en el Parlamento se mostraron ayer decididos a "acudir a las vías que sean precisas para aclara la situación hoy existente en la Administración central". Diputados del subgrupo parlamentario del PDP, integrado en el Grupo Popular, calificaron de "confusas" e "incompletas" las respuestas escritas enviada por el Gobierno a las preguntas parlamentarias que le fueron formuladas acerca de los nombramientos y ceses producidos durante el primer año ole mandato socialista.
El experto de AP en temas relacionados con la función pública, Arturo García Tizón, denunció que, a lo largo de su primer año en el poder, el Gobierno socialista había incrementado la plantilla de la Administración en 100.000 nuevas personas. Posteriormente, el ministro de la presidencia, Javier Moscoso, replicó subrayando que en esta cifra parecían haberse incluido los 60.000 trabajadores de las empresas de Rumasa y parte de los del empleo comunitario.Por su lado, los parlamentarios del PDP insisten en que el Gobierno ha sumergido el tema en una gran confusión, omitiendo datos importantes, y se muestran dispuestos a "llegar hasta donde haga falta" para aclararlo.
Entre la documentación enviada por el Gobierno, destaca la refrente a los nombramientos y ceses en la Administración central durante el primer año de mandato socialista. Esta documentación, acusan los representantes de la oposición conservadora, hace referencia tan sólo a los traslados de funcionarios, "mezclando unas cosas con otras", no contemplando muchos casos de contratos eventuales y dejando, por tanto, poco espacio para un análisis riguroso.
Así, el Ministerio del Interior, de acuerdo con los datos enviados al PDP, tan sólo habría habilitado cuatro puestos de nueva creación entre el 2 de diciembre de 1982 y el 31 de diciembre de 1983. Estos puestos, dependientes de la Dirección de la Seguridad del Estado, se concentrarían en el Gabinete de Información y Operaciones Especiales, a cuyo frente fue colocado el teniente coronel de la Guardia Civil Guillermo Ostos; el Gabinete de Asuntos Legales (dirigido por Pedro García Juarranz); el Gabinete de Coordinación y Planificación (José Ramón Onega), y el Gabinete de Administración, documentación e informática, dirigido por Florencio San Agapito.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores se habrían creado ex novo cuatro cargos de asesores, correspondientes a Ángel Viñas (dependiente del Gabinete del ministro), Enrique Bernaldo (Oficina de Cooperación con Guinea), Mariano Zabía (Secretaría General Técnica) y Francisco José Mayans (también dependiente del Gabinete del ministro. Otras cuatro asesorías de nueva creación harían referencia a las Comunidades Europeas. En la relación enviada por el Palacio de Santa Cruz no figura, sin embargo, el nombre de la asesora en temas informativos, Helga Soto, procedente del aparato del PSOE, y en situación de funcionario eventual, contratada al mismo tiempo que Viñas y Mayans.
El Ministerio de Transportes habría provisto 33 cargos de nueva creación en la Secretaría General Técnica, en la Dirección General de Servicios y en la Dirección General de Transportes Terrestres. Todos ellos procederían, según la relación, de distintos cuerpos de la Administración. También en el Ministerio de Economía hubo numerosos cargos de nueva creación, si bien en el caso concreto de este departamento, el análisis resulta más complicado al tratarse de la fusión de tres ministerios anteriormente existentes (Economía, Hacienda y Comercio), según reconocen los propios medios, de la oposición.
En Educación se produjeron 16 nombramientos de personas anteriormente no pertenecientes a la Administración, de acuerdo con la relación enviada. Entre ellas se encuentran dos asesores ejecutivos en el Gabinete Técnico del ministro y otro en el de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Sin embargo, y como muestra de la heterogeneidad de los datos facilitados a la oposición por los distintos departamentos, se constata que en la relación enviada por Educación se encuentran cargos que no se contemplan en los datos facilitados por otros departamentos, como el jefe del Gabinete de Prensa.
Confusión en Presidencia
En la Presidencia del Gobierno y en el Ministerio de la Presidencia se habrían producido, siempre de acuerdo con los documentos enviados al PDP y facilitados a EL PAÍS por este partido, 34 cargos de nueva creación. Sin embargo, es en este capítulo donde la oposición denuncia una mayor confusión. Entre otras cosas, en la documentación enviada por el Gobierno al PDP no se incluyen los nombramientos para integrar el gabinete asesor del presidente y vicepresidente. Estos nombramientos suman, en total, 46 técnicos, 24 de los cuales son funcionarios de carrera, procedentes de distintos departamentos; el resto son eventuales. A ello habría que sumar al director del gabinete, Roberto Dorado, que tiene categoría de subsecretario; al subdirector, Francisco Fernández Marugán, con categoría de director general, y a los seis directores generales de cada una de las áreas en que se divide este gabinete asesor.
El ministro de la Presidencia Javier Moscoso, negó a este periódico que el Gobierno socialista haya aumentado espectacularmente la plantilla de la Administración durante su primer año de mandato, aunque admitió que se han producido incrementos considerables, no de altos cargos ni de cargos de confianza, en los ministerios de Educación (especialmente maestros) y Justicia (por haber se creado nuevos juzgados).
