Hacia un sector eléctrico equilibrado y viable

Después de un año de enfrentamientos, desplantes y agravios individuales, Gobierno y sector eléctrico han conseguido serenar sus posiciones y materializar un histórico pacto que recoge, en esencia, los principios básicos que defendían de partida ambas partes y que, además, garantiza la viabilidad futura de unas empresas duramente afectadas por el enrarecimiento que la crisis económica ha supuesto para sus mecanismos tradicionales de financiación.El compromiso alcanzado significa la elaboración, en base a los acuerdos parciales ya alcanzados en un año de negociaciones, de un plan de actuaciones que establezca un nuevo equilibrio industrial y económico-financiero para cada una de las empresas del ,sector. En definitiva, se trata de culminar un programa que, sobre la base de un balance consolidado de cada una de las empresas del sector al 31 de diciembre de 1983, corrija los desequilibrios y las desviaciones que se hayan podido producir en las compañías, bien por supuestas gestiones previas erradas o bien como consecuencia del deseo gubernamental de proceder a una prácticamente irreversible moratoria nuclear.

Quizá uno de los aspectos más sorprendentes del histórico pacto han sido los largos meses de subterráneo enfrentamiento que le han precedido. Es muy posible que este enfrentamiento se haya debido a que Gobierno y sector partían de posiciones preconcebidas previas. El primero trataba de cumplir, por razones muy poco explicadas, un más que discutible programa electoral. El segundo, atemorizado ante el hacha socialista, creía que las prisas gubernamentales por ofrecer frutos a sus votantes se podrían traducir en medidas poco meditadas que desequilibraran un edificio de débil estructura.

Gobierno y sector han dado marcha atrás a muchos de sus presupuestos iniciales. La insistencia sobre la necesidad de reducir dividendos ha desaparecido de las declaraciones oficiales, dejando una mayor libertad a las empresas para que hagan lo que crean conveniente. El sector, por su lado, se ha resignado ante la moratoria nuclear devaluada, una vez que se le han aceptado alternativas sugerentes que permitirán paliar muchos de los efectos económico-financieros de la misma. La transferencia de activos o la apertura de un proceso de cruce de participaciones accionariales intersociedades, que dibujan un previsible nuevo esquema de fusiones, pueden probar ser una salida imaginativa para evitar crisis empresariales que se presentaban como irreversibles.

En definitiva, se ha alejado previsiblemente la amenaza de un peligroso proceso de nacionalizaciones que, como ha sucedido con Rumasa, hubiese dejado al Estado ante una situación de hecho en la que, sin duda alguna, el remedio hubiera probado ser, como a veces sucede, mucho peor que la enfermedad.