La situación del orden público fuerza un próximo Consejo de Ministros

El Gobierno dedicará un próximo Consejo de Ministros monográfico a los problemas de orden público y seguridad ciudadana, que consumieron la mayor parte de la reunión celebrada ayer por el Gabinete. Según dijo el portavoz, Eduardo Sotillos, el Gobierno considera el actual estado de la seguridad ciudadana como un problema muy grave, dado el incremento de la delincuencia común, indicando que existe una relación directa entre la escalada de delitos y el consumo y tráfico de drogas.

Sotillos añadió que el Consejo de Ministros de ayer no había analizado la postura reflejada por el ministro del Interior en declaraciones según las cuales es necesario reformar la interpretación de la ley sobre consumo de drogas, y que, en el caso de las blandas, su consumo debía considerarse también como presunción de delito. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, planteó al Gobierno el envío al Consejo General del Poder Judicial de informes para, la reforma de los artículos 503 y, 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, referentes a las libertades provisionales.En el Congreso, el diputado de la Minoría Catalana Trias de Bes, en una interpelación urgente al Gobierno, afirmó ayer que "se está demostrando que los servicios policiales y el ¡aparato judicial no están a la altura de las circunstancias". Trias de Bes pidió al presidente del Gobierno, como máximo responsable, que tome cartas en el asunto, porque la sensibilidad ciudadana está a flor de piel. Para el diputado catalán, existen síntomas de desorganización en el Ministerio del Interior.

En su repaso a la situación, Trias de Bes recordó el aumento alarmante: de la delincuencia, los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado, la muerte por torturas de un policía nacional, la retención de un político por antecedentes antifranquistas y el incremento en las muertes por atracos y por sobredosis de drogas.

Por su parte, el diputado del Grupo Popular José María Ruiz Gallardón centró el origen del problema en la reforma del Código Penal, respondiendo el ministro del Interior, José Barrionuevo, que "este Gobierno está dispuesto a rectificar sus equivocaciones".

El presidente del Gobierno desmintió la existencia de tensiones entre Interior y Justicia, aunque precisó que comprende que sea un tema que "divierta" a los periódicos.

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