La inseguridad ciudadana
Ante la impotencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado para proteger a los particulares, éstos han optado por armarse. Ayer dábamos cuenta del espectacular incremento de solicitudes de licencias de armas y de licencias efectivamente concedidas en Navarra, y es de suponer que la misma espiral tiene lugar en el resto del Estado.No creemos que sea necesario advertir que por esta vía vamos a convertir nuestra sociedad en una jungla. En un sistema de libertades corresponde a las Fuerzas de Seguridad el garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, y el permitir que sean los propios individuos quienes se defiendan de las agresiones contra su libertad es, cuando menos, una claudicación.
Afortunadamente, el Gobierno parece sentirse preocupado por la inseguridad que hoy se palpa objetivamente, al margen de la explotación que de ella hacen sectores ultraconservadores cuando atribuyen el alza de la delincuencia a vicios y lacras sociales en una argumentación que bordea lo pintoresco. En este sentido hay que interpretar el próximo decreto de reorganización de la estructura de las Fuerzas de Seguridad del Estado que prepara el Ministerio del Interior, y que otorga a la Policía Nacional las competencias en materia de seguridad ciudadana.
Pero mucho nos tememos que el problema -de cuya magnitud tendremos conocimiento exacto en cuanto la Fiscalía del Estado publique sus anuales estadísticas, que sin duda serán estremecedoras- requiere la simultánea actuación en varios frentes para hallar las oportunas vías de solución: en primer lugar, habrá que revisar la interpretación de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, hoy claramente favorecedora de la pequeña delincuencia; en segundo lugar, es necesario acentuar la coordinación de las Fuerzas de Seguridad, potenciando su formación y su eficacia y dotándolas de mayores medios materiales; por último, se impone arbitrar otras medidas complementarias, tales como tratamiento ambulatorio de drogadictos, colaboración con otros países en la represión del tráfico de estupefacientes, reinserción social de excarcelados, etcétera, hasta conseguir una densa trama de medidas que prevengan la marginación y repriman la delincuencia.
Estamos persuadidos de que la libertad pública lleva siempre consigo el riesgo de excesos; sin embargo, y sin dramatismos innecesarios, creemos también que las libertades individuales han de ser protegidas por todos los medios y con el máximo rigor.
20 de marzo
