La Federación de Cooperativas de Cataluña exige la devolución del patrimonio incautado

El Gobierno de UCD se comprometió el 18 de octubre de 1978 a remitir al pieno del Congreso de los Diputados un proyecto de ley para "establecer los procedimientos legales que permitan la devolución de los bienes incautados a las cooperativas a sus antiguos socios o a sus sucesores. Seis años después, el patrimonio incautado a las cooperativas de Cataluña el 23 de septiembre de 1939, que supone alrededor de 1.000 millones de pesetas, no ha sido devuelto a sus antiguos propietarios. Ahora, la Federación de Cooperativas de Consumidores de Cataluña exige al Gobierno "la urgente presentación de un proyecto de ley de devolución del patrimonio".

"Todos los bienes y efectos pertenecientes a las organizaciones sindicales relacionadas en las Organizaciones Obreras, 10 de enero 1937 y 6 de febrero del mismo año (BB 00 11 y 7, respectivamente), pasarán a ser propiedad de Falange Española Tradicional y de las JONS, cuya Delegación Nacional de Administración las afectará a los gastos de la Delegación Nacional de Sindicatos". Conforme a este artículo, de la ley de 23 de septiembre de 1939, se entregaron a la Delegación Nacional de Sindicatos los bienes de "organizaciones del Frente Popular".Posteriormente, según un real decreto de 8 de octubre de 1976, el patrimonio sindical incautado tras la guerra civil, que incluía. también el patrimonio de las cooperativas, pasó a formar parte de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS). Desde entonces, los antiguos socios de las cooperativas han exigido en innumerables ocasiones la devolución del Patrimonio confiscado tras la guerra civil. Sin embargo, un total de 80 cooperativas de Cataluña, de las cuales 47 fueron incorporadas al patrimonio de la AISS, siguen en manos del Estado.

Según Ignaci Faura, asesor jurídico de la Federación de Cooperativas de Consumidores de Cataluña, aunque el valor total del patrimonio cooperativo confiscado se valora en una cifra que oscila entre 700 y 1.000 millones de pesetas, "las posibles indemnizaciones se elevarían únicamente a 100 millones".

Proposiciones de ley

El 12 de diciembre de 1981, el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña presentó una proposición de ley sobre la devolución del patrimonio confiscado a las cooperativas, proyecto que fue paralizado por el Gobierno de UCD. Esta misma proposición, con pequeñas modificaciones, fue presentada de nuevo al Congreso el 13 de abril de 1983 por el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, pero el actual Gobierno socialista tampoco le ha dado curso legal.

Al conocer el resultado de las elecciones generales de octubre de 1982, la Federación de Cooperativas consideró que "el Gobierno socialista haría justicia resolviendo este problema que las anteriores Administraciones no habían querido o podido resolver". Sin embargo, "tras dos años de Gobierno socialista la situación es la misma y se ha mezclado y confundido el retorno del patrimonio de las cooperativas con el de los sindicatos".

El Gobierno socialista ha manifestado en repetidas ocasiones que el patrimonio cooperativo deberá ser valorado y devuelto junto con el patrimonio perteneciente a partidos políticos y centrales sindicales. Según Andreu Cortines, presidente de la federación, "han metido el patrimonio cooperativo en el mismo saco que el patrimonio sindical, a pesar de ser dos temas diferentes. Los bienes de las cooperativas están claramente censados y son perfectamente conocidos en pueblos y ciudades, por lo que no existen problemas de adjudicación".

Propiedad en usufructo

En la actualidad muchas de esas cooperativas se encuentran en manos de los ayuntamientos o las tienen en usufructo sus antiguos socios. "Pero los socios no se atreven a hacer total uso de ellas, reformarlas o iniciar nuevos proyectos, ya que su propiedad no está legalizada y podría suceder que, tras realizar obras o invertir en la renovación de locales, la Administración decidiera que no les pertenecen", asegura Cortines.

Según el presidente de la Federación de Cooperativas de Consumidores, "anteriores Administraciones habían puesto como excusa para la no devolución de parte de este patrimonio el que los socios de algunas cooperativas habían muerto y no estaba claro quiénes eran sus representantes legales, pero ahora, al haberse constituido la Federación de Cooperativas de Consumidores, ya existe un heredero formal, que debería hacerse cargo de esos bienes".

En el congreso de las cooperativas catalanas, celebrado el pasado 4 de junio, éstas hicieron una propuesta de resolución sobre la devolución del patrimonio incautado. En ella se pide que se pongan en condiciones las cooperativas confiscadas, "para reemprender sus actividades comerciales", que se indemnice a aquellas "cuyo patrimonio es irrecuperable" y que los gastos producidos por la devolución "sean incluidos en el presupuesto del Estado para 1984".