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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

El coste de la autonomía

El paso de un Estado centralista al de las Autonomías supone algo más que un simple cambio de vocabulario, argumenta el autor de este trabajo, que replica en él a las informaciones aparecidas sobre el déficit originado tras la puesta en marcha de las Comunidades Autónomas. En su opinión no se puede hablar de déficit, sino de endeudamiento público, y no se ha calculado debidamente la diferente valoración en los traspasos, que se han estimado en lo que se refiere a servicios y personal, pero no a actividades propiamente dichas. Y argumenta el caso catalán, donde todos los gastos han sido debidamente votados, señalando su especificidad dentro del panorama autonómico español.

Pasar de una concepción y organización centralista del Estado al llamado Estado de las Autonomías no es solamente una cuestión semántica constitucional, sino que además representa un conjunto de procesos políticos, ideológicos y económicos que afectan a una gran variedad de factores. De todo ello quizás el que se presta a mayor exageración es el financiero. No es de extrañar pues que se argumente sobre el "déficit desproporcionado" que generan las comunidades autónomas, tal como se hace en EL PAIS del 13 de marzo de 1984.La primera cuestión a precisar, respondiendo a aquellos argumentos, es que no se puede hablar técnicamente de déficit, ya que en realidad los presupuestos de las comunidades autónomas son equilibrados. Se trata más bien de un endeudamiento público a pagar en futuros presupuestos, eso sí, con sus correspondientes cargas financieras. De todas formas, ya de entrada, la cifra dada (130.000 millones de pesetas) me parece harto exagerada.

A continuación cabe preguntarse sobre el origen y las causas de dicho endeudamiento. Sin lugar a dudas aquí influye especialmente la deficiente valoración que se está haciendo de los traspasos de servicios, personal e inversiones. En la gran mayoría de los casos se han traspasado los servicios y parte del personal, y no se han valorado los costes centrales de aquella materia (la parte alicuota), y se ha subestimado el concepto de nuevas inversiones.

Si las comunidades autónomas se plantean cumplir el mandato constitucional de asegurar el mismo nivel de prestaciones (mandato que obviamente deberían cumplir) y no disponen de los recursos económicos suficientes, es lógico que recurran al endeudamiento.

A partir de aquí es cuando se deben considerar, más allá del análisis técnico, un conjunto de factores políticos, la mayoría de los cuales también emana de la Constitución. En primer lugar hay que propugnar una política de ahorro y racionalidad del gasto público evitando todo tipo de despilfarros como sería el de la inflación de cargos y sueldos. Y es sobre este tema, en genérico, en donde más se puede coincidir con los argumentos del artículo citado. Aunque también cabría precisar, como ha hecho el propio ministro de Administración Territorial, que las cifras publicadas "son producto de la suma de conceptos diferentes, difícilmente sumables". Es en esta núsma dirección que se debe precisar sobre el alcance de términos como sueldo y complementos de libre disposición.

Sobre este punto, y en lo que afecta a los gastos de la Generalitat de Cataluña, todos ellos han sido aprobados y votados, por todos los grupos parlamentarios, en los debates presupuestarios en el Parlament. Algunos grupos, como el nuestro, el del PSUC, hemos planteado diversas veces la irracionalidad de una administración que está creciendo como un cuerpo raquítico con una cabeza gigantesca, y nuestra labor de oposición ha ido dirigida a evitar aquellos defectos. En algunos casos incluso, el grupo del PSUC, en la medida de sus fuerzas y limitaciones, ha intentado denunciar la malversación y mala gestión (como botones de muestra se pueden citar todos los intentos de destapar la verdad sobre el Grupo Banca Catalana, o la cuestión de los gerentes sanitarios).

Para la rentabilidad

De todas formas, a nivel de Estado, el tema se tiene que enfocar desde una perspectiva mucho más amplia. El quid de la cuestión, que olvida el articulista, reside en el proceso de construcción del Estado de las Autonomías. No hay autonomías posibles, rentables y competentes, si no desaparecen progresivamente las partes correspondientes de la Administración central que dejan de tener razón de existencia a partir de las autonomías. Es rayano a la demagogia utilizar dos páginas enteras de un prestigioso medio de información como EL PAIS para informar sobre este tema, sin considerar en un solo momento dicha cuestión.

Mientras no se aborde con decisión el traspaso real de servicios y la desaparición de las partes sustituidas, se está condicionando los poderes de las comunidades autónomas y se produce una escandalosa duplicación de costes, tema que debería preocupar a las máximas autoridades políticas.

En esta misma dirección se debe recordar, y sería interesante también cuantificar y publicar, el coste de servicios como son los gobiernos civiles, la Administración periférica del Estado, y las diputaciones provinciales, que, como mínimo en Cataluña, son administraciones cuasi superfluas que principalmente producen, por su sola existencia, mayor confusión al ciudadano, inflación administrativa, conflictos competenciales, y evidentes costes financieros que se podrían evitar.

He afirmado "como mínimo en Cataluña" porque quisiera utilizar un último argumento que también tiene base constitucional, que es el de las diferencias entre autonomías. Pese a la evidente realidad histórica y política que significa la existencia de comunidades con diverso grado de conciencia colectiva, y pese al explícito reconocimiento que hace la Constitución de dichas diferencias (diferencias de vías de acceso, instituciones, niveles competenciales, etcétera), desde 1977 se practicó una política de "café para todos" (descafeinado) con el enorme tinglado de las preautonomías y la artificial creación de sentimientos autonomistas por doquier con el propósito esencial de rebajar las aspiraciones y revindicaciones de Euskadi y Cataluña.

Después se pasó a practicar una política que podríamos denominar de "café con carajillo" (póngase el licor que a uno más le guste) para todos. A todos se les impulsa a imitar a las nacionalidades, aunque a veces no se sepa qué hacer con las competencias y recursos de autogobierno. El principio político, reafirmado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, según el cual las autonomías no significan uniformización, sino variedad, debería tener una traducción capital también en el plano financiero.

es portavoz del Grupo Parlamentario del PSUC en el Parlamento de Cataluña.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de marzo de 1984