Proposicion de ley del Grupo Popular sobre el Tribunal de Cuentas
El Grupo Popular del Congreso ha presentado una proposición de ley sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas que supone un desarrollo y revisión parcial de la ley orgánica por la que ahora se regula este órgano. El texto del citado proyecto, al que tuvo acceso Europa Press, consta de 72 artículos más una disposición adicional. La proposición -de ser aprobada en su actual redacción- resolvería la polémica entre la oposición y el Gobierno acerca de si el tribunal está obligado o no a remitir a las Cortes Generales los informes completos que, sobre auditorías realizadas por el tribunal, solicite el Parlamento.Cualquier persona -dice la proposición- podrá iniciar la acción para exigir responsabilidad contable en cualquiera de los procedimientos de fiscalización jurisdiccional ante el Tribunal de Cuentas.
En el preámbulo, los proponentes justifican la presentación del texto en la "pasividad del Gobierno" en desarrollar la Constitución, la necesidad de garantías para una correcta utilización de los caudales públicos, el excesivo gasto público -"en algunos casos incontrolado", dice-, la importancia de fiscalizar la cuenta general del Estado, sociedades estatales, empresas públicas, Seguridad Social contratos y ayudas del sector público. Tendrán la consideración de cuentas las de la Administración y sus organismos autónomos, las comunidades autónomas, corporaciones locales, Seguridad Social y sociedades estatales.
El tribunal actuará de oficio, pero su actuación puede también ser instada por las Cortes Generales, asambleas legislativas y Gobiernos autónomos, el fiscal, el Defensor del Pueblo y quienes tuvieren interés directo en asuntos de la competencia del tribunal. Éste podrá fiscalizar cualquier contrato del sector público si lo estima conveniente, y también cuando lo solicite la comisión mixta del Parlamento.
El resultado de la función fiscalizadora deberá ponerse en conocimiento de las Cortes, junto con las infracciones o prácticas irregulares observadas, así como la responsabilidad en que, a su juicio, se hubiere incurrido y las medidas para exigirlas. La comisión mixta Congreso-Senado podrá recabar del tribunal "la información completa de cualquier cuestión o situación de entidad sometida a la fiscalización de dicho tribunal".
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