El Consejo del Poder Judicial expedienta a cinco magistrados de San Sebastián

El Consejo General del Poder Judicial ha incoado expediente a los cinco magistrados que integran la Junta de Jueces de San Sebastián, que el pasado mes de noviembre difundió un documento aprobado el día 8 de dicho mes y en el que se expresaba dudas y críticas respecto al proyecto de la ley de hábeas corpus y se hacían diversas consideraciones sobre la estricta aplicación de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a la evitación de malos tratos y torturas a los detenidos.

Los jueces donostiarras, que no habían sido advertidos sobre la existencia de diligencia previa alguna, se vieron sorprendidos el miércoles con la presencia en San Sebastián de un inspector y un secretario instructor enviados por el Consejo General para realizar una encuesta informativa para delimitar responsabilidades en relación con el mencionado documento de la Junta de Jueces.El Consejo justificó su iniciativa en la existencia del real decreto de 211 de octubre de 1977 -anterior, por tanto a la Constitución, y de dudosa constitucionalidad en opinión de no pocos especialistas-, que regulan el régimen de funcionamiento de las mencionadas Juntas. Dicho real decreto establece, entre otros aspectos, el secreto de las deliberaciones de las juntas, así como criterios muy restrictivos respecto a la publicidad de los acuerdos adoptados en su seno.

Tales restricciones podrían chocar, en opinión de sectores muy cualificados de la Magistratura, con el principio de libertad de expresión consagrado por la Constitución, anulando de hecho toda eficacia de acuerdos que, por su propia naturaleza, carecerían de sentido si no son destinados al conocimiento público.

Acuerdo polémico

Ya en la primavera pasada, y a propósito de otro acuerdo de la Junta de Jueces de San Sebastián -integrada por los magistrados Luis Blánquez, José Luis Barragán, Joaquín Navarro, Carlos Javier Álvarez y José María Gómez-, la Audiencia Territorial de Pamplona abrió un expediente informativo -no disciplinario- que no llegaría a prosperar. El acuerdo que determinó la apertura de una información fue adoptado en marzo de 1983, recordaba a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la necesidad de respetar estrictamente la legislación vigente en materia de trato a los detenidos, exhortando a los funcionarios policiales 2 "colaborar en la eliminación de la práctica de malos tratos".Tres de los cinco magistrados ahora expedientados pertenecen al colectivo Jueces por la democracia, y uno de ellos, Joaquín Navarro, fue diputado por el PSOE en las legislaturas de 1977 y 1979.

Esta doble circunstancia, más la difícil relación que, según algunas fuentes existe entre el sector mayoritario del Consejo del Poder Judicial y el titular del Ministerio de Justicia, podría reforzar la impresión de quienes creen ver en este expediente disciplinario, un ataque indirecto a la línea seguida por el ministro Ledesma, cuya intervención y mediación había sido públicamente solicitada por los jueces ahora expedientados en relación a los criterios de aplicación de la reformada Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular en lo referente a los malos tratos y torturas.