Rechazo del Senado argentino a la ley sindical propuesta por el Gobierno radical

El Gobierno radical argentino sufrió ayer su primera derrota parlamentaria al rechazar el Senado, por 24 votos contra 22, la ley de reordenamiento sindical. El presidente, Raúl Alfonsín, manifestó al conocer el resultado de la votación que, como consecuencia lógica de la misma, continúa vigente la legislación impuesta por los militares que derrocaron en 1976 el régimen constitucional.El voto contrario del Movimiento Popular Neuquino, que encabeza el senador Felipe Sapag, fue decisivo a la hora de inclinar la balanza en contra del proyecto gubernamental. En favor de la ley votaron los 18 senadores radicales y los dos del Partido Bloquista de la provincia de San Juan, así como los representantes del Pacto Autonomista Liberal de la provincia de Corrientes. En contra del texto votaron los senadores peronistas (que aparecen como los grandes triunfadores), el Movimiento Popular de la provincia de Neuquén y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Durante los últimos días fueron numerosos los contactos entre radicales y justicialistas para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable, pero el compromiso fue imposible por la postura de los duros de la peronista Confederación General del Trabajo (CGT).

El proyecto de ley de reordenamiento gremial ahora rechazado contaba ya con la sanción de la Cámara de Diputados, que lo aprobó con algunas pequeñas modificaciones, tras un largo debate, pródigo en enfrentamientos, entre los representantes de los dos partidos mayoritarios en el país: radical y justicialista. El presidente, Raúl Alfonsín, afirmó que también el fundador del radicalismo, Hipólito Irigoyen, tuvo problemas con el Senado, pero que su partido piensa "seguir trabajando para la democratización sindical, respetando, desde luego, la legalidad".

Por su parte, el ministro del Interior, Antonio Troccoli, aseguró que, con el argumento de no querer intervencionismo del Estado en los sindicatos, y sí la máxima autonomía posible, los peronistas nos obligan a someternos a una ley intervencionista", en referencia a "la ley de la dictadura militar".

El vicepresidente, Víctor Martínez, dijo que la única forma de evitar la aplicación de la ley militar es buscar una fórmula de retorno a la Ley 10.615, dictada por los peronistas en su último Gobierno.