El ministro de Administración Territorial reconoce que aún no ha podido llegarse a un consenso sobre la ley de Régimen Local

El ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, admitió ayer que el proyecto de ley de Bases de Régimen Local no ha podido consensuarse aún con otras fuerzas políticas. La primera de las leyes que entra en la oferta institucional hecha por Felipe González en su discurso de investidura fue aprobada por el Consejo de Ministros sin que se hubiese llegado a un acuerdo con los principales Gobiernos autonómicos -a causa del papel atribuido a las diputaciones- ni con la oposición conservadora, disconforme con la composición prevista de las comisiones de gobierno en los ayuntamientos.Ello hace que el ministro, al presentar ayer el proyecto a los medios informativos, se mostrase pesimista sobre la posibilidad de una tramitación rápida de la ley en las Cortes, adonde será remitido el texto la semana próxima. No obstante, De la Quadra reiteró la voluntad del Gabinete de llegar a un consenso. Paralelamente, el encargado de temas autonómicos en la Coalición Popular, Jose María Aznar, denunciaba la falta de acuerdo y la futura presentación de un texto alternativo por la oposición conservadora. El principal desacuerdo parece centrarse en la composición de la llamada comisión de gobierno, compuesta de varios concejales a elegir libremente por el alcalde, y encargada de ayudar a éste en sus tareas. El Grupo Popular pide que la composición de ese órgano -una especie de consejo de ministros municipal-sea pluripartidista, y no de libre designación por la primera autoridad municipal.

De la Quadra consideró que el proyecto equilibra las facultades de las autonomías con las de las corporaciones locales, si bien no dejó de reconocer que se pueden plantear conflictos de competencias. Entre las características más destacadas de la nueva ley, destacó la potenciación de la figura del alcalde y de la autonomía local, la democratización que supone y la suficiencia financiera que generará, si bien los aspectos específicos de este último apartado serán tratados en una futura ley de Financiación de las Haciendas Locales. También se pretende, dijo el ministro, aumentar la participación ciudadana en la vida municipal.

El proyecto, cuya redacción definitiva aún no está concluida pese a la luz verde dada el miércoles por el Consejo de Ministros, reconoce a los municipios un recurso jurídico en defensa de la autonomía local.

Igualmente, prevé la capacidad del Gobierno para disolver corporaciones locales y la de los delegados del Gobierno para impugnar acuerdos de estas corporaciones siempre que sean lesivos para otros municipios.

Sin embargo, De la Quadra no quiso entrar en detalles: por ejemplo, si se podrían impugnar acuerdos de municipios que chocasen con los mandatos estatales. Existen no pocos ejemplos en este sentido aportados por municipios vascos, referentes a acuerdos sobre banderas y símbolos.

De la Quadra se limitó a subrayar que una sentencia del Tribunal Constitucional faculta al Gobierno para adoptar medidas como la disolución de una corporación municipal "en casos extremos".

El texto del proyecto regula también las facultades que competen a los alcaldes, a las comisiones de gobierno -cuya creación será obligatoria en los municipios de más de 5.000 habitantes-, a los plenos municipales y a las asambleas.

Igualmente, regula el estatuto de los concejales, establece un registro de intereses y abre la posibilidad de delimitar nuevas comarcas.