El largo viaje de la LODE

EL PROYECTO de la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE) regresa cansinamente al Congreso tras su accidentada travesía por el Senado, cuyos pintorescos avatares han lesionado el prestigio de la institución parlamentaria. La táctica obstruccionista adoptada por Alianza Popular (AP), que presentó más de 4.000 enmiendas con el único objetivo de agotar los dos meses de plazo para la tramitación por el Senado de los proyectos de ley, se ha vuelto contratos inventores de la estratagema y ha cubierto de ridículo a quienes trataron de emular a los radicales italianos desde supuestos políticos e ideológicos diametralmente opuestos. Hacía falta en verdad derrochar enormes dosis de buena voluntad para imaginar que Juan de Arespacochaga pudiera alcanzar el éxito en su empeño de convertirse en el Marco Panella del Parlamento español. El filibusterismo de los radicales italianos resulta congruente con una concepción de la práctica política que trata de combatir, desde la izquierda, las insuficiencias y el anquilosamiento de un sistema institucional hegemonizado desde hace casi cuatro décadas por la democracia cristiana. El obstruccionismo ensayado por AP sólo ha tenido de italiano lo que pueda recordar a las comedias cinematográficas interpretadas por Alberto Sordi, Vittorio Gassman y Totó. Y desde luego se parece mucho a ellas en su final, pues los avezados filibusteros aliancistas no han podido soportar la ofensiva consistente en trabajar también los, fines de semana. Después de perder de esta manera el tiempo, los senadores de AP han deteriorado doblemente su imagen: primero, al arrojar arena en los engranajes del poder legislativo, y después, al no ser consecuentes con su proyecto inicial.Flor lo demás, bastantes problemas tiene ya la Cámara alta a la hora de justificar su funcionalidad en nuestro sistema parlamentario como para qué además el principal partido de la oposición utilice sus sesiones con el propósito de montar ante la opinión pública una broma costosa y pesada con el único propósito de emprender una guerra de desgaste contra el Gobierno.

Pero si bien se mira, la estratagema no ha servido siquiera para ocultar la evidente desproporción entre los ruidos de la ofensiva de AP y las nueces que se disputaban en la pelea. Resulta que los conservadores se mostraban plenamente dispuestos a intercambiar la retirada de las 4.160 enmiendas iniciales contra unas pocas modificaciones capaces, al parecer, de transformar por sí solas un proyecto demoniaco y totalitario en una norma apacible y tolerante. Alianza Popular se conformaba con asegurar la avasalladora primacía del ideario de los colegios religiosos sobre los escasos márgenes -reducidos ya por una anterior sentencia del Tribunal Constitucional- de la libertad de cátedra; con otorgar poderes todavía mayores a los empresarios de los colegios, en detrimento de los derechos de los padres de los alumnos y de los profesores, y con lograr compromisos perpetuos del Estado para la financiación de los centros privados, que recibirán en 1984 más de 100.000 millones de pesetas.

El Senado, que ha enmendado más de 30 artículos de la LODE, se ha conformado con alteraciones modestas, que dan satisfacción parcial a la oposición, pero que mantienen -lógicamente- el espíritu del proyecto. La Cámara alta ha garantizado el equilibrio entre el ideario de los centros y la libertad de cátedra, ha concretado la participación de las comunidades autónomas, ha clarificado las atribuciones de los consejos escolares en la aprobación del presupuesto y del reglamento del régimen interior y ha matizado las garantías que protegen a los profesores frente a despidos improcedentes. Si el Congreso ratifica esas enmiendas, y si AP no interpone -abdicando, como sería de desear, de sus deseos obstruccionistas- el recurso previo de inconstitucionalidad, la LODE será promulgada, y la sociedad española podrá preocuparse por los problemas básicos de nuestro sistema educativo, esto es, por la calidad de la enseñanza, el derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos y la instrumentación de una gratuidad escolar efectiva y sin discriminaciones.