El intento de soborno que hizo estallar la crisis

Joaquín García Cruz, 28 años, y José Luis Salanova Fernández, de 39, son los dos redactores de La Verdad a los que presuntamente intentó sobornar el concejal del ayuntamiento de Murcia y responsable de finanzas del PSOE, Francisco Serrano Lucas, para que el primero "dejara tranquilo" al presidente de la comunidad autónoma, Andrés Hernández Ros, y evitase las críticas a la gestión de éste.Ambos redactores pertenecen al periódico de la Editorial Católica desde hace años; García Cruz está encargado de la sección política y Salanova de la de sucesos.

Según las informaciones facilitadas por ambos, la operación comenzó el pasado miércoles, cuando un policía en activo, cuyo nombre no facilitan, presentó en una cafetería cercana al periódico a José Luis Salanova y a otro policía, éste, actualmente en situación de excedencia. El primer agente, según los periodistas, manifestó a Salanova su deseo de entrevistarse con García Cruz, ara exponerle sus pretensiones de que no atacase al presidente de la comunidad autónoma. Indicó al informador que había mucho dinero de por medio y que él, por su mediación, sería recompensado.

Los dos redactores, en un deseo de llegar al fondo del asunto y de poner a descubierto la operación, participaron en una entrevista que al día siguiente se celebró en un hotel de la capital. Asistió también, junto con el policía excedente, el concejal Francisco Serrano. Según afirman los periodistas, recibieron la oferta de la entrega de un millón de pesetas. De acuerdo con lo convenido, siempre según los periodistas, ese mismo día se hizo entrega de medio millón de pesetas, por uno de los policías, en la cuenta corriente que García Cruz tiene en la Caja de Ahorros Provincial. De acuerdo asimismo con lo hablado en la entrevista, el concejal se había comprometido a que hoy, lunes, entregaría el resto en metálico.

Cuando el periódico dispuso ya de todos los datos, incluso en el testimonio documental del extracto de la cuenta bancaria en la que figura el ingreso del medio millón, decidió la cobertura informativa necesaria para dar a conocer a la opinión pública todo lo ocurrido. La intención del citado medio informativo llegó a conocimiento de las personas supuestamente implicadas en la operación, quienes intentaron por todos los medios que La verdad diera marcha atrás y que no publicara el reportaje.

Entre tanto, el periódico informó al presidente de la comunidad autónoma de que su nombre había sido utilizado por el concejal para avalar el supuesto soborno. Hernández Ros fue rápido en desmentir personalmente su implicación en los hechos, y acto seguido emitió una nota en la que rechazó toda acusación al respecto y pidió la dimisión del secretario de Administración y Finanzas de la ejecutiva, Francisco Serrano, de sus cargos orgánicos e institucionales, al tiempo que puso en conocimiento del fiscal jefe de la Audiencia el presunto caso de soborno.

El viernes por la mañana, el concejal y uno de los policías se personaron en la redacción del rotativo, en un nuevo intento de buscar una salida satisfactoria al suceso. Requeridos notarialmente a que acepten mediante un talón conformado la devolución del dinero que ingresaron en la cuenta corriente, accedieron a ello en principio, pero una vez extendida el acta de comparecencia, el concejal se negó a firmarla, señalando que un abogado se lo había sugerido.

Los dos informadores afectados por el supuesto soborno tuvieron desde el pasado sábado, día en que se publicó el reportaje, una protección policial, y el concejal presentó a primeras horas del sábado la dimisión de todos sus cargos.