El soborno de periodistas fuerza la dimisión de Hernández Ros como presidente autonómico de Murcia

Viene de la página primeraEl hasta ayer presidente del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de Murcia explica su dimisión por el hecho de que "las discrepancias dentro del gobierno impedían el desarrollo del programa socialista y la normalidad institucional". Hernández Ros afirma que tras la reunión que como secretario regional del partido mantuvo con los secretarios locales del mismo comprendió que si permanecía al frente del gobierno autonómico podía provocar una ruptura del PSOE, ante lo cual preferió dimitir y dejar que un congreso extraordinario resuelva la grave crisis interna.

Diversos acontecimientos producidos en los últimos meses, a los que se ha unido la gran polémica levantada por el intento del Gobierno autonómico murciano de subir el sueldo de los altos cargo de la administración en un 17% -intento impedido a última instancia por el grupo parlamentario socialista en la asamblea autonómica- habían llevado al gobierno de la comunidad autónoma y al partido que lo sustenta, a la crisis más grave de toda la historia de ambos órganos, como lo reconoce abiertamente Hernández Ros.

La espoleta final de esta crisis ha sido el escándalo en el que se ha visto envuelto el secretario regional de finanzas del PSOE, Francisco Serrano, al que el diario La Verdad ha demandado ante los tribunales por intento de soborno de dos de sus redactores, a cambio de no atacar a Hernández Ros, precisamente hasta que pasara la reunión del comité regional del PSOE celebrada ayer. Hernández Ros niega que tenga nada que ver con algo que en su opinión "no tiene ni pies ni cabeza", pero la confianza política que le une a Francisco Serrano Lucas ha podido más que su mentís.

Hasta ahora Andrés Hernández Ros era criticado por un sector minoritario del partido, lo que no impedía a aquél sacar adelante todas sus propuestas. En los últimos años, quienes no estaban con él se fueron alejando por aburrimiento o por las medidas disciplinarias o de otro tipo adoptadas contra ellos, y que afectaron incluso a dos senadores.

Pero la gran fuerza que indudablemente poseía el presidente dimisionario comenzó a cuartearse, y buena prueba de ello se tuvo en la última reunión de la ejecutiva regional, en la que, de los 21 asistentes, 11 votaron a su favor, mientras que ocho lo hicieron en contra y dos se abstuvieron.

La dimisión del consejero de Economía y Hacienda, José Molina, formalizada hace una semana, agravó la crisis y sorprendió al presidente, al que el consejero acusó de entrometerse en sus funciones. La decisión de Molina, calificada por Hernández Ros de "inesperada", fue seguida del anuncio de los demás miembros del Gobierno de que ponían sus cargos a disposición del presidente. Esta actitud, que podría considerarse protocolaria en cuanto a algunos de ellos, se precisó con toda exactitud por los titulares de Sanidad, José María Morales, y de Agricultura, José Luis Albacete, en el sentido de que sólo estarían dispuestos a permanecer en el Gobierno si el presidente dimitía.

También UGT pidió la dimisión

La crisis, que ha ido agudizándose a medida que pasaban los últimos días, registró el pasado miércoles un hito importante cuando en el transcurso de una asamblea de delegados de UGT convocada con anterioridad por Hernández Ros, se pidió casi unánimemente la dimisión de éste. En este contexto se producía el sábado pasado el escándalo del intento de soborno a los periodistas. A la asamblea socialista de ayer asistieron dos miembros de la ejecutiva federal, Salvador Fernández, secretario de Política Territorial, y Carmen García Bloise, secretaria de organización, quien reconoció como evidente el deterioro institucional y de partido a que se había llegado.

Por su parte, el presidente regional de AP, Juan Ramón Calero, ha manifestado su deseo de que se solucionen cuanto antes los problemas del PSOE y del Gobierno autónomo, "solución que para mí pasa necesariamente por el cambio de titular en la presidencia del ejecutivo". Su partido, añade, no tiene el propósito, por ahora, de presentar ninguna moción de censura, "ya que entendemos", afirma Calero, "que formularla podría afectar a la credibilidad de las instituciones autonómicas".