Un barco a punto de irse a pique

Es un paso preventivo, un reclamo, una advertencia. Sindicatos y organizaciones convocantes de la manifestación del día 14 de febre ro pasado lo saben y no lo callan Las autoridades, Gobierno central y Xunta probablemente tampoco lo ignoran. Nadie tiene fuerza y medios en este país, salvo la pro pia situación, para concentrar en las calles a más manifestantes que habitantes tiene la ciudad; a no ser en núcleos concretos -El Ferrol o Sagunto-, en donde la suerte de una población está hipotecada a un monocultivo: astilleros o siderurgia. No es el caso de Vigo.Por otra parte, la vida cotidiana en esta ciudad, sobresaltada día sí y día no por pequeñas manifestaciones de los obreros de Ascon o de Vulcano, no resulta especialmente crispada. En sus calles hay muchos menos pobres que en otras ciudades españolas y las secuelas aparentes del paro y la crisis no resultan tan dramáticas, a simple vista, como en determinados pueblos de Andalucía o en poblaciones industriales del cinturón de Madrid, Barcelona o Bilbao. Sin embargo, en Vigo hay un sentimiento mucho más generalizado de hundimiento colectivo.

Aquellas lluvias trajeron estos Iodos

La crisis económica rriundial se dejó sentir en Vigo, como en el resto de España, con algún retraso con respecto a su inicio en 1973. Desde 1975 de forma paulatina, y a partir de 1979 en toda su crudeza, la recesión comienza a tomar cuerpo en Vigo.

A los factores externos, caída de la demanda y aumento de costes de productos energéticos y materias primas se suman, en el caso vigués, su deficiente estructura industrial y empresarial y los problemas específicos de una economía que gira en gran medida alrededor de un sector tradicional que entra en crisis: la pesca.

Los problemas planteados por el abandono del Sáhara y las exigencias marroquíes, los límites de la CEE a nuestras capturas, el agotamiento de caladeros tradicionales y el enorme coste que supone desplazar buques hacia el sur de África o América, inciden no sólo sobre armadores, sino también sobre conserveros y empresas de construcción naval. La crisis de estos últimos sectores afecta, a su vez, a la industria metalgráfica (fabricantes de envases para las conservas) y a la industria auxiliar del metal (caldererías, etcétera).

En la pesca, según Comisiones Mariñeiras, un 25% de la mano de obra del sector (unos 17.000 trabajadores) se encuentra en paro. De estos 4.000 desempleados tan sólo 1.500 o 1.600, según la citada fuente, perciben subsidio. El traslado de muchos armadores a Canarias, la creación de empresas mixtas con Marruecos, Argentina y Chile, ha ido sustituyendo mano de obra gallega por personal de los distintos países asociados. Las capturas, en muchos casos son desviadas, sin pasar por Galicia, a terceros mercados (caso de las compras japonesas de pulpo extraído en el banco sahariano), y las empresas mixtas, con Chile y Argentina en concreto, han encubierto en muchos casos, segun UGT, operaciones de evasión de capitales.

La obsolescencia de instalaciones, la falta de redes de comercialización, el cambio de gustos del consumidor y la mala estructura empresarial son factores adicionales a los derivados de la crisis de la pesca en la industria conservera. Muchas pequeñas fábricas no han podido resistir la crisis y otras han cerrado sus puertas simplemente porque eran demasiados propietarios a repartir -los hijos de los hijos de los pioneros catalanes- una rentabilidad escasa.

No obstante, algunas empresas, como Pescanova, han sabido reaccionar e introducir valor añadido a sus producciones. Congelados, precocinados y conservas de alta calidad constituyen ya una actividad muy rentable para las firmas que han sabido sortear la crisis y marcan el camino de lo que puede ser la futura industria gallega de elaboración de pescados. La introducción de nuevos productos, la creación de redes de comercialización y distribución y la capitalización del sector son las claves para remontar la actual depresión.

La masiva intoxicación por aceite desnaturalizado de colza provoca una desconfianza de los consumidores hacia cualquier producto elaborado con aceite y produce un desplome en la demanda de conservas de pescado, a pesar de que en estas industrias se emplea soja y ningún fabricante tuvo nada que ver con la intoxicación, hasta el punto de paralizar el sector durante seis meses. Este período sirvió a los empresarios para reafizar una reestructuración salvaje de plantillas, forzada por las circunstancias, que dejó a 3.000 trabajadores sin empleo, pero que, en contrapartida, hizo viables muchas de las empresas que no sucumbieron a la crisis.

La depresión en el sector conservero trasladó sus efectos, casi de forma automática, al sector metalgráfico. Tan sólo hace unos días cerraba la empresa propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de Vigo.

Astidieros que hacen agua

Nuevamente confluye la crisis mundial, caída del comercio y del transporte marítimo, con crisis internas y estructurales en los astilleros de Vigo. En esta ciudad es tán ubicados cinco astilleros dedicados a la construcción de pesqueros y pequeños mercantes, con una plantilla global de unos 5.000 trabajadores. Otras pequeñas empresas de construcción naval generan en conjunto alrededor de 1.000 empleos más, y otros 400 corresponden a establecimientos para la reparación y mantenimiento de buques.

La situación de los astilleros vigueses, según un informe de la Asociación Provincial de Industrias Metalúrgicas de Pontevedra (Asime), "es realmente alarmante. Durante el período 1976-1983 estos astilleros han perdido algo más del 30%. de sus plantillas, quedándose también sin trabajo un buen número de obreros procedentes de las subcontratas". En la actualidad dos astilleros, Ascon (1.538 trabajadores) y Vulcano (761 trabajadores), se encuentran sin trabajo. "Con ello", según Asime, "en la comarca de Vigo pueden perderse unos 4.000 empleos directos en sus cinco astilleros y otros 9.000 puestos de trabajo que dependen de la industria auxiliar naval".

La construcción naval viguesa está fundamentalmente en manos privadas, siendo la única excepción Barreras, empresa creada en 1928, en la que participa el INI desde 1976, en una operación de salvamento del astillero para hacer frente a las graves dificultades que atravesaba. Dos pequeños astilleros privados, Freire y Santo Domingo, se encuentran, sin embargo, en pleno funcionamiento y con una nada despreciable cartera de pedidos.

También en el sector del metal hay que reseñar la pérdida de unos 1.100 puestos de trabajo en Citroén Hispania en los últimos cinco años; pero la reestructuración de esta empresa ha supuesto también una pérdida derivada de 1.500 puestos de trabajo en la industria auxiliar de la zona.

Inmersión al clandestinaje

La crisis también se abate sobre el textil vigués, hasta reducirlo a la mínima expresión. Aparte de la desaparición de Telanosa, que supuso la pérdida de 1.200 puestos de trabajo en Redondela, empresas como Corfi, Dreslock, Tegalsa y otras de menor tamaño han. cerrado sus puertas y han reducido el censo laboral a la mitad en el sector.

No obstante, y aquí está de nuevo una de las razones que han impedido el estallido social, el sector textil está funcionando con una dimensión superior a la que tenía hace cinco años. Son cientos las empresas que están produciendo ilegalmente en la zona, y aunque las cifras de paro, en algún pueblo como Redondela, llegan al 80% de su población activa (de los que sólo el 12% de los afectados cobra subsidio), el nivel de vida aparente dista mucho del dramatismo que parece derivarse de los mencionados porcentajes. Por otro lado, buena parte de estos puestos de trabajo son desempeñados por mujeres, por lo que supone generalmente un segundo ingreso familiar.

Un fenómeno similar se da en la construcción, donde los pistoleros -que así se denomina en el sector a los empresarios ilegales- están aprovechándose de la crisis generalizada de la construcción. En los últimos años, según fuentes de Comisiones Obreras, han desaparecido unos 3.000 puestos de trabajo en este sector, y decenas de pequeñas y medianas empresas han quebrado o suspendido pagos.

Relacionada con la crisis de la construcción se produce la del sector de vidrio y cerámica, cuyo mayor exponente, el Grupo Álvarez, es salvado en última instancia por el INI, aunque para hacerlo viable se ve obligado a reducir sensiblemente la plantilla.

Finalmente, cabe reseñar, la fuerte incidencia de la depresión económica sobre el comercio vigués, que se ve acrecentada por la llegada de los grandes almacenes y los hiper, y que se traduce en la desaparición de unos 1.000 establecimientos entre 1976 y 1980 y en la pérdida de 4.400 puestos de trabajo, según un estudio de UGT.

A todo ello habría que añadir el grave despropósito del Polígono Industrial de Porriño, que, según afirmación unánime de sindicatos y patronal, fue una aventura especulativa sin pies ni cabeza. Se instalaron las empresas sin una infraestructura prometida y suficiente de agua, luz, etcétera.

Esta situación, de la que todos son conscientes, llevó a las fuerzas vivas de Vigo -sindicatos, empresarios, cámara de comercio y ayuntamiento- a constituir una comisión de defensa ciudadana. Comisión, que con una dotación municipal de 50 millones a cargo del ayuntamiento, quiere transformarse -ésa es al menos la intención del alcalde socialista y de la UGT- en una comisión técnica que estudie alternativas y proyectos de futuro para la próxima declaración por el Gobierno, todos la dan por hecha, de la comarca viguesa como "zona de urgente reindustrialización".

El sindicato nacionalista INTG, Comisiones Obreras y los empresarios se muestran escépticos sobre la utilidad de esta comisión, que puede convertirse en un instrumento de propaganda política de los socialistas, aunque permanecen en su seno.

Todos los sindicatos coinciden en denunciar la incapacidad de la Xunta para aportar soluciones. Critican el libro blanco elaborado por el Gobierno regional y dudan que el partido que representa a los causantes de la crisis, el empresariado, puedan aportar soluciones para el futuro de la comarca viguesa que no sean lesivas para los trabajadores. Los del INTG, más radicales, ponen en duda que un partido estatal como Alianza Popular vaya a defender desde la Xunta los intereses nacionales de Galicia.

El empresariado, por su parte, disculpa a, la Xunta, "que no tiene competencias", y arremete contra los socialistas. Critican la falta de suelo industrial, la ausencia de infraestructuna y la inseguridad ciudadana, "que ha convertido a Vigo en una de las ciudades donde se registran más atracos de España". Coinciden con los sindicatos en reclamar un trato favorable para Vigo en la reconversión naval teniendo en cuenta el peso de este sector en la, economía de la zona, y en la urgencia de arbitrar medidas para modernizar la flota pesquera. Se habla también de la necesidad de completar los ciclos de producción en Galicia, de desarrollar los cultivos marinos y de emprender obras de infraestructura.

El futuro, en juego

El alcalde de Vigo, centro de todas las iras por no haberse sumado a la manifestación del 15 de febrero, justifica su postura en la necesidad de dialogar primero con el Gobierno, y en la de mantenerse sin dejación en el puesto y la responsabilidad para la que fue elegido. Se muestra consciente del coste político que puede suponerle mantenerse al margen de estas manifestaciones, pero insiste en que un alcalde no puede actuar por motivos populistas o electoralistas y debe permanecer en su puesto y en contacto con el Gobierno, en. cuya gestión -como socialista qee es- confía.

Al margen de estas disputas, todos están convencidos de que se está jugando en estos momentos el futuro de Vigo. La ausencia de datos económicos de base y series estadísticas impide conocer con certeza el alcance del hundimiento económico de esta comarca y su repercusión concreta sobre sectores y colectivos, pero lo que es evidente es que ha habido un fuerte empobrecimiento en los últimos cinco años y que este islote de desarrollo corre el riesgo de ser absorbido por el entorno de depresión que hoy sigue siendo Galicia.