Después de las elecciones vascas

ALGUNAS REFLEXIONES pueden hacerse ya, de manera más pausada, sobre los resultados de las segundas elecciones al Parlamento vasco. Una visión ponderada de éstas señala que el PNV ha logrado el mayor número de sufragios en la historia de las consultas democráticas en Euskadi y ha mejorado sus porcentajes sobre el total del electorado y del censo. Únicamente las peculiaridades del sistema electoral en el País Vasco y la ampliación del número de escaños en el Parlamento autonómico han impedido al PNV lograr la mayoría absoluta de diputados, una vez que Herri Batasuna confirmó su decisión de seguir ausente.El PSE-PSOE ha dado en 1984 un paso espectacular respecto a las elecciones autonómicas de 1980, rompiendo la tendencia de los votantes socialistas a inclinarse hacia la abstención cuando las urnas no se pronuncian sobre la composición de las Cortes Generales.

La superposición del problema nacionalismo / no nacionalismo a la polarización derecha / izquierda en el País Vasco hace inútiles los intentos de leer los resultados electorales en clave de política estatal. La posición predominante del PNV nace de su capacidad para hegemonizar indistintamente uno y otro campo de enfrentamientos. Si se aplican enfoques generales, su peso dentro del centro-derecha es aplastante; y, si se toman en consideración criterios nacionalistas, su liderazgo es indiscutible.

Si el grado de libertad se halla en función del número de opciones disponibles, el PNV dispone de un amplísimo terreno para ejercerla. Al hallarse teóricamente más próxima a cada uno de los demás partidos de lo que éstos se encuentran entre sí, y al resultar difícilmente imaginable un frente monolítico de oposición integrado por el PSOE, Coalición Popular y Euskadiko Ezkerra, el PNV puede poner en marcha casi cualquier alianza, desde el pacto de legislatura hasta los acuerdos parciales sobre cuestiones determinadas.

Otros aspectos merecedores de análisis son el estrepitoso fracaso de Auzolan (grupúsculo en busca de un espacio propio dentro de la izquierda abertzale), la virtual desaparición electoral del PCE (disciplinadamente fiel en el País Vasco a Santiago Carrillo) y el estancamiento de Euskadiko Ezkerra. Pero es, sin duda, la berroqueña persistencia del voto de Herri Batasuna, pese a las pérdidas registradas respecto a las elecciones legislativas de 1982, el fenómeno más digno de atención. Porque en 1984 todavía 157.000 personas, pertenecientes a diferentes clases sociales y procedentes de lugares muy distintos de nacimiento, siguen apoyando en el País Vasco una opción electoral que el terrorismo de ETA ha avalado con sus recomendaciones públicas.

Resulta, así, que un 9,9% del censo electoral y un 14,6% de los sufragios emitidos apoyan o no condenan la violencia criminal de esa banda armada. Esos 157.000 votos no representan un segmento coherente de la población, definido por la lengua, la clase social o la ideología, sino que se distribuyen aleatoriamente según rasgos diversos. Entre los votantes de Herri Batasuna hay trabajadores inmigrantes de primera o segunda generación y empresarios de vieja implantación en Euskadi, piadosos católicos practicantes y fervorosos creyentes en el marxismo-leninismo, fundamentalistas de las teorías racistas del primer Sabino Arana y apologistas del internacionalismo revolucionario, herederos del carlismo del cura Santa Cruz y legatarios de los ideólogos anticolonialistas en Argelia, Vietnam y Angola.

La idea de que un ciudadano vasco de cada 10 seguirá apoyando a Herri Batasuna y, de forma indirecta, al terrorismo de ETA no debe mover, sin embargo, ni a la desmoralización resignada ni a la histeria agitada. Aunque las bases electorales del nacionalismo radical parezcan estables e irreductibles a corto plazo, resultaría insensato olvidar que cualquier alternativa institucional al sistema democrático y al Estado de derecho no haría sino aumentar esos apoyos sociales y crear, a medio o largo plazo, las condiciones para un respaldo popular significativamente mayor a las tesis independentistas. No se ha recorrido este doloroso camino sin resultados positivos. Porque las elecciones del 26 de febrero han demostrado que un 85 % de, los vascos rechaza la ideología y la práctica terroristas y que la inmensa mayoría de esos votantes acepta el régimen autonómico creado por el Estatuto de Guernica, fundamentado, a su vez, en la Constitución de 1978. Y no se puede olvidar tampoco que en alguna medida el propio voto de Herri Batasuna es también fruto del terror, la coacción social o la amenaza latente en las pequeñas comunidades del País Vasco.

La línea de demarcación de la violencia pasa por la misma frontera que separa a los partidarios y a los adversarios de las instituciones vascas de autogobierno. Nunca ha sido más necesario que ahora la voluntad de diálogo y la puesta entre paréntesis de los intereses partidistas de los partidos vascos democráticos, que ocupan el 85% del espacio electoral. Por eso es ridículo insistir en la solución sólo policial al tema del terrorismo y en la aseveración de que todas las medidas políticas están ya tomadas. Del acierto del Gobierno monocolor nacionalista de Garaikoetxea y del Gobierno monocolor socialista de Felipe González para promover esas posibilidades dependerá, en buena medida, el porvenir de la democracia en el País Vasco y en el resto de España.