¿Piensa ilegalizarnos, señor presidente?

Una vez más, el presidente, del Gobierno ha destapado la caja de los truenos contra Comisiones Obreras. Primero fue con ocasión de la lucha de los jornaleros andaluces en favor de la reforma agraria integral. Luego durante su viaje a Austria, acusándonos poco menos que de la ruina del país. Más tarde, en sus declaraciones de finales de diciembre, en relación a la conducta de los sindicatos. Ahora, coincidiendo con las recientes movilizaciones contra las medidas de reestructuración, por convenios que mantengan el poder adquisitivo de los salarios y otras acciones frente al subsidio sustitutivo del empleo comunitario.El sentido del ataque es claro: CC OO bordea la Constitución, fomenta el desastre de la economía, hace crecer el paro -sintomáticamente, el último ataque fue simultáneo al anuncio del récord de parados en un solo mes: 90.000 en enero-, y, en suma, constituye un peligro para la paz, social, la estabilidad de la democracia y la superación de la crisis económica. Ya menudean las multas, detenciones y procesamientos de algunos de nuestros militantes.

Hace pocos meses, comenté en EL PAIS que era precisa una mayor prudencia a la hora de desatar campañas de filo anticomunista. Ahora me interrogo si, quizá al hilo de pasadas experiencias en la República Federal de Alemania -modelo bipartidista por el que aquí se viene apostando- y bajo la influencia estadounidense -factor determinante de nuestra política exterior y centro dirigente de buena parte de las multinacionales que en España condicionan la política económica-, no se están sentando las premisas para, si llega el caso, poner en cuestión no sólo nuestra legitimidad democrática, sino nuestra propia legalidad.

Objetivo político

Las cosas están yendo demasiado lejos. Que en poco más de seis meses se repita, nada menos que desde la presidencia del Gobierno, este constante ataque a CC OO no puede ser sólo fruto de la ira y de la soberbia. No puede ser exclusivamente el reflejo defensivo ante los propios errores o el impacto de la repulsa que contra la política económica expresan las movilizaciones obreras y populares, ante las cuales el Gobierno intenta eludir sus responsabilidades, traspasándoselas a otros. Tiene que obedecer a un objetivo político de mayor alcance y a una táctica. Analizar esto exige una breve visión retrospectiva.

El año 1979 es la referencia cronológica de una derrota del movimiento obrero. Tras su protagonismo en los primeros años de la transición, la unidad de acción entre los sindicatos y la amplia participación de los ttabajadores en las acciones de aquellos primeros años vienen los acuerdos UGT-CEOE de junio de 1979, el felipazo en el 28º Congreso del PSOE, los AMI, el Estatuto de los Trabajadores... Viene la división y enfrentamiento sindicales, la socialdemocratización de la dirección del PSOE, la derechización de UCD, la marginación del PCE, el acoso a CC OO. Era el precio de una estrategia que facilitara un objetivo político de la derecha y el PSOE: el bipartidismo. El 28-O es su expresión.

Pese a todo, CC OO resiste el embate. Y se convierte, sin tener arte ni parte, en un obstáculo para la permanencia de ese modelo político, caracterizado por la alternancia en el poder de dos partidos -el conservador o de derechas y el socialdemócrata-; por el control político que uno de ellos, el socialdemócrata, ejerce sobre el movimiento sindical, y por el respeto al sistema capitalista, que con sentido más o menos social gestionan unos y otros. Conseguir que UGT hegemonice el sindicalismo en España es una necesidad para consolidar el modelo político dibujado el 28-O. A la derecha y al PSOE le estorban CC OO.

Suprimir a CC OO del mapa sindical es tarea realmente difícil, por no decir imposible. Ni por las tradiciones de la clase obrera española, ni por los históricos desajustes de nuestra estructura económica, ni por las tremendas desigualdades sociales que siguen caracterizando a nuestro país, amén del prestigio ganado por nuestro sindicato en las,luchas pasadas y presentes de los trabajadores, es previsible eliminar el peso de CC OO en nuestra sociedad. De ahí la irritación, la pérdida de los papeles que ofrecen de cuando en cuando las más altas instancias del Gobierno, los ataques de la patrona.l, las campañas de desprestigio, etcétera.

Pero el ataque a CC OO no podemos verlo sólo como una cuestión superestructural, política. De por medio están los problemas del paro y de la crisis, su tratamiento, el contenido de clase de las opciones que vienen tomándose en política económica y la oposición abierta que a dicha política ofrece nuestro sindicato.

Una política equivocada

En esto último está la clave del problema. El Gobierno hace una política económica coherente con los resultados y los compromisos previos, implícitos en buena parte y explícitos otras -recordemos las reuniones con los representantes de los poderes reales que los más caracterizados dirigentes del PSOE hicieron antes de las elecciones-, habidos el 28-O. No es verdad que la presión de la derecha sea la causante de lo que defienden, por ejemplo, los señores Solchaga y Boyer. Hacen lo que desde el principio estaban predispuestos a hacer si los resultados electorales fueran los que efectivamente fueron. Y CC OO se opone.

Contrariamente a lo que pudieran pensar algunos, la oposición de CC OO no es partidista, en el sentido de asumir un papel extrasindical y servir los intereses y las directrices del PCE. Hace falta desconocer demasiado lo que mueve a nuestro sindicato y qué criterios de fondo predominan en el equipo dirigente del PCE para pensar tal cosa.

La realidad es que nos oponemos a la política económica del Gobierno sencillamente porque se parece como una gota de agua a otra gota de agua a la política antisocial y reaccionaria que la derecha considera más idónea para el tratamiento de la crisis. El monetarismo, la acumulación y los mecanismos que la posibilitan, la exigencia de recortar el poder adquisitivo de los salarios, actuar sobre el salario diferido y las prestaciones sociales, generalizar la eventualidad, liberar recursos y promover negocios para el sector privado -lo de la privatización de áreas rentables de la Seguridad Social no es una bronia-, sanear sectores en crisis por la vía simple del ajuste de producciones y plantillas, frenar la inversión pública y mantener la concepción subsidiaria de la empresa pública son varias muestras de lo que decimos.

Es esta política la que produce la protesta de los trabajadores y otros sectores populares. Hasta tal punto que la propia UGT, pese a sus declaraciones de apoyo a la política gubernamental, se ve obligada a participar en una serie de movilizaciones. Vigo, Euskadi y Sagunto son algunos ejemplos significativos.

El presidente del Gobierno ataca brutal y calumniosamente a CC OO. Decir que hemos desatado más huelgas en el período de gobierno del PSOE que en toda la transición es, o bien ignorar el número de huelgas entre 1976 y 1979 -período más álgido-, o bien desconocer las estadísticas del Ministerio de Trabajo de 1980 a 1982 -período de neta disminución. En este período último, el menos conflictivo, se han duplicado con creces las huelgas de 1983. Y no hay al decir esto ninguna actitud defensiva. Al contario, hay que lamentar que la presión no sea mayor, pues la realizada no parece ser suficiente para convencer al Gobierno de que haga de una vez el cambio fundamental que necesitamos la mayoría de los españoles: el de su política económica y social.

Discriminación sindical

Mientras a CC OO se le coloca en la picota, se prodigan las reuniones y contactos con UGT. ¡Bonita forma de ejercer el gobierno de una nación! Que como miembros del PSOE se vean con UGT es normal; pero que lo hagan como Gobierno, discriminando a sindicatos representativos, es un escándalo. No digo nada sobre la frecuencia con que el Gobierno contacta con las organizaciones empresariales.

Las intenciones parecen claras. Se trataría de hacer algunas concesiones a UGT para que se descuelgue de su participación en una serie de acciones de lucha sindical.

Con CC OO se seguirá con la política del palo y la zanahoria para ver si se doméstica o se rompe. Mal camino, señor presidente.. No vamos a ser nosotros quienes nos desgastemos.

Aquí vamos todos aprendiendo. Vamos aprendiendo que nuestra política de solidaridad frente al paro y la crisis tiene grandes dificultades, porque mientras CC OO la entiende como algo a realizar por toda la sociedad, Gobierno y CEOE la entienden como la de los trabajadores con el gran capital. Pese a todo, nio renunciamos a ella, aun sabiendo que es condición necesaria para su desarrollo romper la actual política económica.

Vamos aprendiendo que, pese a la convergencia de fuerzas para conseguir que el recorte del poder adquisitivo de los salarios sea el que el Gobierno y CEOE desean, pese a que en una serie de convenios colectivos no podamos superar ese tope, la negociación colectiva, como momento de participación de los trabajadores, empieza a recuperarse este año, tras varios de decadencia.

Vamos reafirmándonos en que la movilización de los trabajadores en defensa de sus -aspiraciones y reivindicaciones exige un esfuerzo permanente de explicación, de participación, de paciencia, de militancia, de claridad en los objetivos, de evitar las fugas adelante y los frenos que buscan impedir la lucha, de ir acumulando fuerza consiguiendo conquistas parciales, aunque sean modestas.

En fin, vamos, lógicamente, sabiendo más. Por eso será difícil que demos saltos en el vacío ni entremos al trapo del radicalismo. Tampoco nos vamos a entregar a los cantos de la sumisión ni vamos a avalar directa o indirectamente una política como la seguida por el Gobierno.

Sabemos lo que queremos. Entre otras cosas, negociar con el Gobierno sobre las bases de otra política económica, progresista y verdaderamente solidaria. Sobre la política actual está dicho casi todo. Mientras permanezca seguiremos oponiéndonos, conscientes de los límites de nuestras fuerzas, pero trabajando para que poco a poco vayan creciendo.

Sin olvidar jamás que nuestra función social, nuestra razón de ser es defender los intereses de los trabajadores. Que nadie fuera de nosotros pretenda decirnos cómo debemos realizar esa defensa. Esa es nuestra responsabilidad soberana. Y responsabilidad tenemos demostrada más que suficiente.

es secretario de relaciones políticas e institucionales de la Confederación Sindical de CC OO.