El Gobierno decidió que el Banco de España enviara al fiscal el informe sobre Catalana "para despolitizar el asunto"

El Banco de España ha enviado a la Fiscalía General del Estado un amplio informe sobre Banca Catalana, para que decida sobre si alguna de las irregularidades descubiertas en la anterior gestión del grupo bancario constituye motivo de incoación de procedimiento penal. El hecho de que haya sido el banco emisor el encargado de realizar este trámite responde al deseo del Ejecutivo de "evitar la utilización política del asunto", según fuentes de la Administración, precisamente en el período inmediatamente anterior a las elecciones autonómicas catalanas. Paralelamente, sigue su marcha el expediente disciplinario abierto por el Banco de España sobre la actuación de los antiguos consejeros del grupo Catalana. Ayer, por otra parte, el Banco de Vizcaya decidió ejercitar inmediatamente la opción de compra que mantenía sobre el grupo.

Ha sido el Banco de España y no el Gobierno el organismo que ha enviado al fiscal el informe jurídico sobre Banca Catalana. El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, había manifestado en diversas reuniones que el Gobierno tramitaría, fuesen cuales fuesen sus resultados, el informe del Banco de España sobre Catalana, "puesto que no es misión del Gobierno depurar responsabilidades".En su comparecencia ante el Congreso sobre este asunto, manifestó el pasado 16 de junio que "el Gobierno acordó pedir al Banco de España elementos de juicio, por si en la actuación de los administradores de Banca Catalana se hubieran detectado irregularidades que exigieran responsabilidades y, por consiguiente, para poder, comunicar, en caso de que existiesen estos indicios, a la Fiscalía del Estado la depuración de las responsabilidades a que hubiese lugar". Entre las presuntas irregularidades encontradas figuran las de "falta de veracidad" en la contabilidad, "tenencia de acciones sin autorización" y "alteración de cuentas de resultados". La gestión del grupo Catalana hasta junio de 1982 fue tan deficiente que generó un desequilibrio patrimonial -agujero, pérdidas- superior a los 130.000 millones de pesetas, originando una situación que debió capearse mediante ingentes ayudas oficiales.

Sin embargo, a final del año pasado, el Gobierno decidió modificar levemente su norma de actuación, de forma que no fuese él quien pusiera a disposición del fiscal las conclusiones de las actuaciones administrativas sobre esta crisis bancaria. En consecuencia, optó porque fuera el Banco de España el organismo que directamente enviase a la Fiscalía sus conclusiones.

Las causas de esta decisión no son técnicas, sino políticas, aunque existen precedentes técnicos, como el caso de Domingo Solís, en que el Bancio de España envió los papeles directamente a la Fiscalía. Se trataba -y se trata, para el Gobierno del PSOE- de "evitar el compromiso del Gobierno" en este caso y "eludir la politización del asunto". En el caso de haberse optado porque el Gobierno fuera quien enviase al fiscal el paquete de Catalana, tendría que haber dado el enterado en una de sus reuniones del miércoles, y someterse a las preguntas de los informadores tras la sesión del Consejo de Ministros.

La sombra de Pujol

Ello podría haberse interpretado corno un ataque político al equipo que ostenta el poder en la Generalitat de Cataluña, dado que su actual presidente, Jordi Pujol, fue el fundador de Catalana y su máximo mentor hasta por lo menos 1977, en que pasó definitivamente al campo de la política. Pujol ha manifestado en diversas ocasiones que desde esa fecha dejó la gestión del banco, y así lo hizo oficialmente, si bien diversas fuentes indican que después de 1977 siguió participando directamente, "aunque en la sombra", en la dirección del grupo, como sucedió, por ejemplo, en la absorción del Banco Industrial del Mediterráneo, en enero de 1979, según dichas fuentes.

En cualquier caso, lo cierto es que el Gobierno ha preferido apartarse de la polémica para que su intervención directa no fuera interpretada como una "ingerencia en la política catalana" dado que los antiguos consejeros constituyen el equipo financiero creado por Jordi Pujol y vinculados a él por diversos canales.

Los últimos hechos han sido los siguientes: a finales de diciembre, el Banco de España envió al Ejecutivo el informe de su asesoría jurídica sobre Catalana, simultáneamente al inicio de la fase final del expediente administrativo. El Gobierno en pleno no lo conoció. El presidente, Felipe González, y el ministro de Hacienda, Miguel Boyer, decidieron apartar del asunto al Consejo de Ministros. En consecuencia, a principios de año, el banco emisor remitió el informe a la Fiscalía General del Estado, quien inició el estudio de la carpeta.

Paralelamente, el Banco de España fue recibiendo las alegaciones a los pliegos de cargo que había enviado a todos los consejeros del grupo entre 1977 y 1982, a quienes abrió expediente. El instructor del banco emisor efectuó nuevas indagaciones y preguntas, y actualmente este procedimiento administrativo está en la fase de recepción de contraalegaciones que deben remitir los antiguos consejeros.

En el expediente del banco emisor figura la constatación de presunta "falta de veracidad" en los balances (doble contabilidad), "tenencia de acciones sin autorización" y "alteración de cuentas de resultados" atribuibles a varios consejeros. Estas incorreciones administrativas, pese al sigilo con que la Administración central lleva el asunto, figuran sin lugar a dudas en el informe enviado por el Banco de España a la Fiscalía. A ésta corresponde ahora calificar los hechos desde el punto de vista penal. Es decir, determinar si las mencionadas irregularidades constituyen presuntos delitos, notablemente el de falsedad en documento público.

Aparte de estos hechos -que se imputan a varios consejeros- existe alguno de carácter más grave que afecta a uno de los antiguos miembros del consejo de Banca Catalana, que tenía alta responsabilidad en la entidad, para quien fuentes solventes auguran un inminente procesamiento.

Compra del Vizcaya

La celeridad con que el aparato judicial afronte el tema puede afectar al proceso preelectoral que se vive en Cataluña, pero no al propio futuro de Banca Catalana, cuya propiedad ostentaba desde mayo pasado un consorcio de bancos que encomendó su gestión al Banco de Vizcaya.

Ayer, el Consejo de Administración del Banco de Vizcaya decidió ejecutar inmediatamente la opción de compra que tenía sobre la mayoría de acciones del grupo (un 88,7%). Desde que el Banco de Vizcaya dirige el grupo Catalana, su entidad cabecera ha recuperado más de un 20% de los depósitos y ha generado en el pasado ejercicio 6.239 millones de pesetas de recursos brutos, que ha aplicado al saneamiento de la entidad.