La derecha parlamentaria recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley sindical

Fernando Suárez, por el Grupo Popular, y Manuel Núñez, por el Grupo Centrista, anunciaron su intención de llevar al Tribunal Constitucional la ley orgánica de Libertad Sindical, debatida ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados. Las razones que aconsejarían un dictamen por posible inconstitucionalidad son la ausencia de los empresarios en el derecho a la sindicación, la consagración de un modelo sindical que beneficia a las centrales ya implantadas, y la prórroga en otros dos años del actual mandato de los delegados de los trabajadores.

El Pleno rechazó, por 174 votos en contra, 87 a favor y 14 abstenciones, las proposiones de los grupos Popular, Mixto y Centrista, que pedían la devolución del texto de la ley de Libertad Sindical del Gobierno, y por 181 votos en contra, 81 a favor y 13 abstenciones, un, texto alternativo del Grupo Popular al proyecto del Gobierno.Según las intervenciones de los distintos grupos, los puntos más conflictivos de la ley orgánica de Libertad Sindical se centran, por este orden, en la exclusión de los empresarios del derecho de sindicación, el favoritismo hacia determinados modelos sindicales, la prórroga del actual mandato de los representantes de los trabajadores y el canon de negociación colectiva.

Fernando Suárez, por el Grupo Popular, argumentó que el artículo 28.1 de la Constitución, que desarrolla la ley presentada ayer por el Gobierno, no limita el derecho de sindicación a los empresarios, sino que, por el contrario, consagra ese mismo derecho. A su juicio, no hay ninguna razón que limite la libertad sindical a las asociaciones empresariales. Pretender que este derecho es patrimonio de los trabajadores es hacer una lectura precipitada de la ley.

Un debate artificial

Manuel Chaves, por el Grupo Socialista, contestó que Suárez había planteado un debate artificial, toda vez que por parte de los empresarios no se había dejado oír ninguna voz en contra de la ley de Libertad Sindical. Precisamente una representación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) asistía, al debate de la ley, junto con Manuel Zaguirre, secretario general de USO, y otros, sindicalistas. Chaves replicó a las acusaciones de bisindicalismo y a la de que el texto suponía la consagración del modelo sindical de UGT.Sin embargo, el resto de las intervenciones -Joaquín Xicoy, por la Minoría Catalana; Andoni Monforte, por la Minoría Vasca; Manuel Núñez, por los centristas, y Santiago Carrillo, por el Grupo Mixto- coincidieron fundamentalmente en las mismas críticas.

De hecho, Carrillo fue el primero que bajó la discusión -centrada en la exclusión de lós empresarios- a temas estrictamente sindicales. Carrillo intentó referirse a la decisión del Ministerio de Transportes sobre la huelga del Metro, cosa que le fue impedida por el presidente de la Cámara, y abundó en que el proyecto de ley ponía excesivas limitaciones a determinados colectivos. A su juicio, debía ampliarse este derecho a las Fuerzas Armadas, incluidas Policía Nacional y Guardia Civil.

El presidente de la Cámara cortó por dos veces a Fernando Suárez cuando anunció que, si sus enmiendas no eran aceptadas, su grupo llevaría la ley al Tribunal Constitucional. Posteriormente, Manuel Núñez anunciaría también esta intención.

Joaquín Xicoy, de Minoría Catalana, denunció -al igual que hiciera Andoni Monforte, de la Minoría Vasca- que el proyecto coaccionaba a los trabajadores a la hora de elegir libremente su afialición sindical. Xicoy dijo que esta ley, más que consagrar el derecho a sindicarse, consagra el derecho a sindicarse a la UGT.

Fernando Suárez, al defender el texto alternativo del Grupo Popular, bajó ya a aspectos concretos de la ley, y su exposición sirvió fundamentalmente para criticar los puntos más conflictivos.

Manuel Chaves le replicó diciendo que el partido socialista había defendido siempre la libertad sindical como "el señor Suárez no lo había hecho en su vida".