La penúltima Junta Militar argentina se encuentra ya en prisión preventiva

Con Leopoldo Fortunato Galtieri en Campo de Mayo, Jorge Isaac Anaya en la Escuela de Mecánica de la Armada y Lami Dozo en la base aérea del Palomar, la penúltima Junta Militar argentina se encuentra ya en prisión preventiva por sus presuntas responsabilidades en la derrota en la guerra de las Malvinas.Por delitos comunes, relacionados con la desaparición de personas, continúan presos el último presidente militar, Reynaldo Bignone, el general Camps y el contralmirante Chamorro.

El almirante Massera, triunviro en la primera Junta Militar, lleva ocho meses detenido, por su presunta implicación en la desaparición del marido de su amante; y otros generales, almirantes y brigadieres han ingresado también en prisión preventiva por sus supuestos desfalcos cuando desempeñaban cargos de responsabilidad en el Gobierno como alcaldes o gerentes de empresas estatales.

Detención de ex ministro

Para completar el panorama, ha sido detenido el que fuera ministro de Educación de la primera Junta Militar, por el presunto asesinato de su esposa, que acaba de aparecer suicidada, con un disparo en el pecho y otro en la espalda.

Si a alguien le sobra trabajo en la República argentina es a los jueces, civiles o militares, y, al menos, todo este año constituirá un lento y pesado rosario de procesamientos y juicios de una magnitud sin precedentes en ningún país desde la Segunda Guerra Mundial.

Respecto a los juicios militares, el primero que se solventará será el de las responsabilidades por la guerra del Atlántico sur. Los triunviros ahora detenidos bien podrían quedar en breve en prisión atenuada o incluso en libertad provisional, hasta su condena o absolución por la Suprema Corte Marcial. Pero la impresión reinante es que los militares serán severos con quienes perdieron la guerra profesional para poder ser más clementes con quienes ganaron la guerra sucia.

En cuanto a la rapiña económica que desfondó el país, el Senado resolvió el jueves por unanimidad crear una comisión especial para investigar los delitos económicos perpetrados durante el régimen militar.