Manuel Ballbé publica su trabajo sobre la implicación militar española en el mantenimiento del orden público

Manuel Ballbé, de 32 años, doctor y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, ha publicado el primer trabajo histórico realizado sobre la abusiva instrumentalización en España de la organización y técnicas jurídicas militares para resolver asuntos de orden y seguridad internos. El trabajo, Orden público y militarismo en la España constitucional, comprende la época 1812-1983, ha sido editado por Alianza y fue presentado el viernes en Madrid.

En estos años, asegura BaIlbé, "ni siquiera el liberalismo español más progresista fue capaz deconstruir una Administración civil fuerte: y profesionalizada. La situación aún se mantiene hoy en importantes áreas. Dos ejemplos ilustrativos: existe una falta de profesionalidad en la policía por mantenerla militarizada y no hay todavía un auténtico Ministerio de Defensa con altos cuerpos civiles especializados". A pesar de estas afirmaciones, BaIlbé se apresura a precisar que hay que distinguir entre la policía y los policías, "trabajadores mal preparados y sometidos a un duro régimen laboral y sin apenas derechos reconocidos, por lo que una, estructura autoritaria y decimonónica como la actual determina necesariamente una repetición de actuaciones irregulares y desproporcionadas de sus miembros". Tampoco los militares son responsables de la situación que se ha registrado y se registra en España, sino que, como dice Ballbé, "los responsables son la sociedad y los poderes públicos, que para solucionar sus problemas optan por la vía más fácil: la disciplina militar para policías y guardias". De hecho, Ballbé precisa que hoy día "los policías y los milita res son los grandes olvidados en el constitucionalismo, tanto en el pasado como en el presente". Recrimina BaIlbé que "los salarios de policías nacionales y guardias civiles son inferiores a los de los policías municipales" y que "un general cobra menosque un subdirector general o que un parlamentario autonómico. Deben ser elevadas estas retribuciones y, a la vez, el nivel de formación", asegura el autor. "Tenemos tanta inseguridad ciudadana porque en la calle hay soldados, autómatas, y no policías profesionales", precisa. En el mismo sentido, el doctor en Derecho afirma que mientras no exista una cierta unificación en los cuerpos policiales y una dirección de éstos bajo el mando de las autoridades más representativas, las locales, no habrá una espontánea y verdadera colaboración ciudadana en la lucha contra la criminalidad.

Una cita de Ortega

De alguna manera, la tesis del libro queda sintetizada en la cita de José Ortega y Gasset que aparece al inicio de la obra: "Donde llegaba ponía orden, síntoma supremo del gran político. Ponía orden en el buen sentido de la palabra, que excluye como ingredientes normales policía y bayonetas. Orden no es una presión que desde fuera se ejerce sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior".El prólogo de la obra está escrito por el catedrático de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría, quien califica el libro de "decisivo para la comprensión de nuestra historia política contemporánea. Es", dice García de Enterría, "la historia de una falacia mantenida en nuestras instituciones desde hace dos siglos con una sorprendente insistencia: la falacia de creer que sólo las armas y los modos de la guerra pueden ser eficaces para mantener integrada una sociedad, para luchar eficazmente contra los trastornos de orden público".

El catedrático asegura que sólo en tiempo de guerra puede ser aplicado el derecho militar a toda la población. "Esa aplicación general es, en términos nudamente técnicos, el tratamiento de los ciudadanos como enemigos, aserto especialmente visible en el tema clave de la coacción directa mediante el uso de las armas, que viene a resultar en la práctica, en ese sistema, una extraña licencia para matar de los agentes del orden sobre los ciudadanos".

En el acto de presentación del libro estuvieron presentes el ministro de Defensa, Narcís Serra, y varios de sus colaboradores, así como el teniente general Federico Gómez de Salazar, ex presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, y el coronel Luis Rodríguez de Viguri. También estuvieron presentes varios catedráticos y los magistrados del Tribunal Constitucional Jerónimo Arozamena y Ángel Latorre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 18 de febrero de 1984.