Planificación regional política económica y nacional en el caso de Andalucía

El problema de los desequilibrios territoriales se acentuó en España en el período de expansión económica comprendido entre 1960 y 1974, y ha adquirido un nuevo perfil desde el comienzo de la crisis. El carácter industrial de esta última ha provocado serios problemas de ajuste en las comunidades autónomas con mayor peso de la industria, y también ha frenado el proceso de desarrollo de las menos desarrolladas, en las que la emigración no puede ahora actuar como mecanismo de absorción de la mano de obra sobrante.La utilización exclusiva del mercado como mecanismo de asignación de recursos productivos parece acentuar los desequilibrios interregionales. La emigración, el comercio y las instituciones financieras (1) contribuyen a agrandar dichas referencias, lo que se acentúa en España por la aplicación de coeficientes de inversión obligatoria a bancos y, sobre todo, cajas de ahorro. Parece, pues, conveniente el empleo de la planificación como mecanismo asignador de recursos, sobre todo si se tiene en cuenta que la existencia de Gobiernos autónomos acentúa la necesidad de dar un tratamiento global a los problemas económicos existentes a nivel regional. La elaboración de planes económicos no ha sido, en el pasado, un trabajo exclusivo de los Gobiernos de la izquierda política. En los países en los que se utilizó la planificación con más continuidad se observó que la misma favoreció la generación de un clima favorable a la adopción de medidas destinadas a cumplir las grandes opciones elegidas, que contribuyó a aumentar la información económica disponible y que estimuló el crecimiento de las inversiones en infraestructura y equipamiento (2).

La Constitución Española de 1978 y los estatutos de autonomía vigentes recogen, por lo general, la posibilidad de que se elaboren planes económicos nacionales y regionales, estableciéndose en el artículo 131.2 de la Constitución y en el 16.3 de la LOFCA la participación de las comunidades autónomas en la elaboración de los planes nacionales.

La coincidencia en cada comunidad autónoma de actuaciones económicas de las diferentes administraciones públicas, la necesidad vigente de coordinar dichas actuaciones, compatibilizando los objetivos de las políticas económicas nacional y regional, acrecientan la conveniencia de elaborar planes regionales como marco en el que ha de establecerse dicha coordinación. A esto último se une, en el caso de Andalucía, la existencia de un serio diferencial de desarrollo respecto del resto de España (RIB / por habitante, situado en el 75% de la media nacional.

Rasgos básicos del Plan para Andalucía

Con el propósito de contar con el asesoramiento y colaboración de los agentes sociales previstos en el Estatuto de Autonomía andaluz (empresarios, sindicatos, corporaciones locales, profesionales), se creó una Comisión de Planificación de Andalucía, en la que están representados dichos sectores sociales y los diferentes departamentos del Gobierno autonómico andaluz. De dicha comisión se derivaron 15 grupos parciales de trabajo, en los que se redactaron los documentos de los que se ha derivado el Plan Económico para Andalucía. Dicho plan se ha diseñado de acuerdo con la metodología de planes regionales de la CEE, y comprende los capítulos básicos relativos a diagnóstico, objetivos, política económica y financiación. Un primer aspecto a destacar es que el Plan de Andalucía ha arrancado del marco de competencias de las diferentes consejerías del Gobierno andaluz y que no se trata, pues, de un documentó exógeno a la tarea de dicho Gobierno, lo que aumenta sus posibilidades de ejecución.

La política económica recogida en el plan andaluz se ejecuta a través de 12 programas, de entre los que destaca, por su trascendencia, el relativo a inversiones públicas. Los aspectos más relevantes de dicho programa son los correspondientes a las prioridades que establece, a la consideración que hace de las comarcas y, sobre todo, a la complementariedad y coordinación que establece entre las actuaciones de las diferentes administraciones públicas." Las prioridades, que se advierten en la composición de las inversiones autofinanciadas y de las cubiertas por el Fondo de Compensación Interterritorial, son, en lo sectorial, las relativas al cumplimiento de los programas ligados al proyecto de ley de Reforma Agraria del Gobierno andaluz, al estímulo a la industrialización de Andalucía, particularmente en el sector de transformados agrarios, y el turismo. De este modo se trata de apoyar a los sectores en los que Andalucía tiene ventaja comparativa (agricultura y turismo) y también de conseguir una estructura económica más equilibrada.

El plan establece la comarca como el marco en el que adquieren más racionalidad las acciones de promoción económica y de creación de infraestructura, y también como forma de aumentar la flexibilidad de la política económica. Se prevé la creación de un Fondo de Solidaridad Andaluz que se distribuirá entre las comarcas, de acuerdo con un conjunto de indicadores económicos. Como ya se ha indicado, otro rasgo esencial del plan es el tratamiento simultáneo de las inversiones de las diferentes administraciones públicas, la complementariedad que se concede a las inversiones autofinanciadas con respecto a las restantes inversiones públicas y el uso intenso que se hace de la posibilidad, por parte del Gobierno autonómico, de determinar la composición del FCI.

El Plan Económico para Andalucía se desenvuelve en el marco de la política económica nacional (3), adaptando lo que puede ser la estrategia más racional ante el signo que en los próximos años parece que va a tener dicha política económica. La previsible modernización en el aumento del gasto público, la redistribución de la inversión pública desde in versiones reales a transferencias de capital son medidas necesarias pero no parece que vayan a favorecer la corrección de los desequilibrios interterritoriales. De ahí la necesidad, en una comunidad atrasada como Andalucía, de aprovechar intensamente los recursos propios, a nivel regional, y también de actuar con la mayor racionalidad posible en el uso de los recursos, lo que pasa por coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones públicas, todo lo cual constituye la esencia del plan.

1. G. Myrdal, Teoría económica y regiones subdesarrolladas. Fondo de Cultura Económica. México.2. Carré-Dubois-Mafinvaud, Abregé de la croissance française. Seuil, 1973.

3. Ministerio de Econonomía y Hacienda. Programa económico a medio plazo, 1983-1986. Madrid, 1983.