El repertorio de medidas de los decretos de estabilización
El decreto-ley 10, de 1959, "de ordenación económica" constituye, junto con otra decena de decretos del mismo mes y del siguiente que lo amplían, concretan y desarrollan, la aplicación articulada del memorándum enviado por el Gobierno español a los organismos económicos internacionales, OECE y FMI.Dichas normas, como puede verse en el esquema gráfico adjunto, tenían un doble objetivo: estabilizar, esto es, restablecer el equilibrio interno y externo de la economía española; y liberalizar, acercándola así hacia una mayor integración con las otras economías y el marco internacional cambiante.
El objetivo de restablecer el equilibrio interno se concretaba en limitar el gasto público y privado para frenar la expansión de la oferta monetaria provocadora de inflación. Para lograrlo, en el terreno fiscal se limitó el gasto total del sector público a 80.000 millones de pesetas, se redujo la aportación de la banca al sector público y este menor ingreso se compensó con aumentos de impuestos (tabacos, gasolinas).
En el terreno monetario, se acabó con la pignorabilidad de los fondos públicos establecida en 1917: hasta el momento las emisiones de fondos públicos conllevaban el derecho automático a ser aceptados en todo momento por el Banco de España como garantía de crédito: ello, además de crear inflación (al aumentar el volumen de créditos de la banca privada), suponía una importante fuente de beneficios para las entidades bancarias, al ser más barato el interés del crédito pignoraticio que el del título de deuda.
También se fijó un tope a la concesión de créditos por la banca, cifrado en 11.000 millones más que en el ejercicio anterior, se elevaron los tipos de interés y se estableció la obligación a todo importador de colocar el 25% del valor de cada operación con carácter previo en el Banco de España, para inutilizar dinero y acabar con la especulación.
En cuanto al equilibrio exterior, se tomaron medidas de liberalización comercial y monetaria. Se liberalizó un grupo de alimentos, materias primas y maquinaria que en 1950 había representado más de la mitad del comercio privado y se preparó el nuevo arancel, que entraría en vigor en 1960. Los precios de las mercancías liberalizadas cara al exterior quedaron liberalizados en el interior y se suprimieron durante el año hasta 19 organismos de control (juntas de precios y de desguaces, fondos de regulación de precios, comisiones consultivas de cupos y contingentes, etcétera).
La devaluación de la divisa, a 60 pesetas/dólar desde las anteriores 42 pesetas/dólar, fue una de las medidas que más costó conseguir de la cúpula del poder político. Sus efectos fueron inmediatos: frenó en buena parte las importaciones, al encarecerlas, y fomentó la entrada de divisas por turismo, la inversión extranjera y la emigración a Europa. El impulso a la inversión desde el exterior se completó con una completa amnistía para repatriar capitales y una legislación por la que se se otorgaba total libertad a la inversión extranjera hasta la mitad del capital de las empresas, con posibilidad absoluta de repatriación de beneficios en divisas.
