El proyecto de ley electoral de Nicaragua prevé la eleccion del presidente en comicios libres

Un presidente, un vicepresidente y una Asamblea Nacional de 90 miembros, que tendrá poderes constituyentes, serán elegildos en los comicios nicaragüenses del próximo año, según el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno ante el Consejo de Estado. Dada la ibrumadora mayoría sandinista en esta institución, que ejerce tareas parlamentarias, es poco previsible que se produzcan modificaciones de fondo.

El Gobierno nicaragüense reafirma así su decisión de medirse en elecciones libres con los partidos opositores, probablemente en febrero de 1985, al margen de la guerra, que se desarrolla principalmente en su frontera norte.El texto sometido al dictamen del Consejo de Estado determina que los dos cargos ejecutivos se elegirán por mayoría simple, en tanto que se aplicará el sistema proporcional para designar a los parlamentarios. El mandato de todos ellos será por seis años, con la particularidad de que la Asamblea será constituyente durante los dos primeros años.

Proceso constituyente

Con esta normativa, el Gobierno trata de evitar la repetición de elecciones en corto espacio de tiempo, por razones fundamentalmente económicas. Algunos partidos, como el comunista, el conservador y el liberal constitucionalista abogan por unos comicios exclusivamente constituyentes.La posibilidad de que estas próximas elecciones tuvieran un carácter constituyente motivaron, sin embargo, en el pasado algunas censuras por parte de la oposición de derecha, ya que, a su juicio, ello equivaldría a perpetuar en el poder a los sandinistas y a mantener la provisionalidad del Gobierno.

La elección del presidente y del vicepresidente obliga a modificar el estatuto fundamental promulgado tras el triunfó sandinista y que en la actualidad tiene rango constitilcional. De ahí que, junto a la ley Electoral, se haya sometido también al Consejo de Estado otro texto de reforirias estatutarias.

En las futuras elecciones vota rán todos los mayores de 18 años excepto los antiguos miembros de la Guardia Nacional y los cabecillas contrarrevolucionarios que hayan pedido la intervención exterior, o hayan solicitado fondos para combatir al Gobierno por las armas. Los miembros del Ejército sandinista tendrán derecho a voto.

Para la campaña electoral, el Gobierno anuncia una suavización de la censura de prensa, el levantamiento parcial de la ley de emergencia para que los partido puedan promover concentraciones públicas, el acceso equitativo a los canales públicos de televisión y una financiación igualitaria con cargo a los fondos públicos.

La oposición más cerrada ha surgido de la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN), que agrupa a cuatro partidos de centro-derecha, al Consejo Superior de la Empresa Privada y a dos sindicatos no sandinistas. La CDN, cuyos miembros abandonaron el Consejo de Estado por entender qué nada podían hacer frente a la apisonadora sandinista, amenazan con boicotear los comicios si no se atiende su propuesta de reconciliación nacional.

La CDN exige, entre otras cosas, absoluta libertad de prensa y movilización por todo el territorio nacional, suspensión de la ley de Emergencia, supervisión de todo el proceso por parte de la OEA (Organización de Estados Americanos) y amnistía total para los rebeldes que quieran participar en las elecciones.