Acuerdo del PSOE y el Grupo Popular para facilitar el acceso a la justicia gratuita

La regulación de la justicia gratuita -tema olvidado en parte por el Gobierno en su proyecto de ley de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil- acaparó ayer los trabajos de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, que debate las enmiendas a un texto que sustituye a esa ley. Entre otros puntos en los que los socialistas y el Grupo Popular llegaron a un consenso se encuentra la posibilidad de tener acceso a la justicia gratuita -no pagar las costas judiciales- en procesos civiles, aun cuando se gane el cuádruplo del salario mínimo interprofesional, es decir, algo más de 136.000 pesetas mensuales, siempre y cuando el juez estime que las circunstancias del litigante así lo aconsejan.Sin embargo, y pese a los deseos de consenso entre todos los grupos parlamentarios, no se pudo llegar a una redacción definitiva de la sección que regula la justicia gratuita, que será sometida a posteriores mejoras técnicas antes de que todo el proyecto sea debatido en pleno. Como regla general, quedó establecido que será posible gozar de justicía totalmente gratuita cuando el litigante viva de un jornal eventual o su sueldo no exceda del doble del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, el beneficio podrá extenderse también a aquellos que ganen cuatro veces el salario mínimo, cuando las circunstancias personales (número de hijos o personas a su cargo, etcétera) así lo aconsejen, a criterio del juez.

El proyecto que reforma la ley será, presumiblemente, objeto de debate en la comisión durante toda la semana próxima, dado el número de enmiendas -alrededor de 300- presentadas al texto. Entre otras cuestiones, se prevé una aceleración de los procesos civiles al establecer que serán improrrogables los plazos procesales. También se restará importancia al acto de conciliación (al que se dará un carácter meramente facultativo), se modificarán los sistemas de condena en costas (pagar los gastos del juicio), serán limitados los incidentes procesales y variarán sensiblemente las fórmulas para el recurso de casación.

El Senado, por su parte, concluyó ayer su primera sesión plenaria del actual período de sesiones con preguntas e interpelaciones al Gobierno. Respondiendo a una pregunta del senador del Grupo Popular Ángel Guimerá, el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, aseguró que "el Gobierno hará uso de la ley de Banderas y tomará las medidas oportunas para que la bandera de España ondee en el palacio de Ajuria Enea", sede del Gobierno vasco. El senador Joseba Elósegui, del PNV, preguntó al Gobierno sobre la permanencia de simbología franquista en dependencias públicas en general y en locales de las Fuerzas Armadas en particular, lo que, según él, constituye un ultraje al Rey y una apología del terrorismo, ya que "se magnifica la imagen de Franco, acusado por los vascos de criminal de guerra como presunto autor de la destrucción de Guernica". El ministro admitió que las mismas cosas que irritan al senador vasco preocupaban en el mismo grado al Gobierno, y aseguró que el Ministerio de Defensa ha dado órdenes para que sea el escudo constitucional el que figure en todas las banderas de los cuarteles.